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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita Bogotá. Es socialista pero no por eso dejará de hablarle al presidente colombiano, Iván Duque, de la vigencia de sus intereses coloniales representados en el galeón San José.
El tema está incluido en la agenda bilateral y, seguramente, habrá algún pronunciamiento diplomático en el sentido de que los dos gobiernos dialogarán sobre el tema para ver cómo España asesora el inminente rescate de la nave hundida en aguas del Caribe colombiano por los no menos codiciosos piratas ingleses el 8 de junio de 1708, en inmediaciones de las islas del Rosario.
¿Por qué ese país reclama en pleno siglo XXI derechos sobre una embarcación que llevaba a la Corona Española un tesoro fruto del saqueo a naciones que hoy son Bolivia, Perú, Panamá y Colombia? (Le puede interesar: El reclamo indígena por el galeón).
Dentro de la política exterior de España la búsqueda y rescate de galeones coloniales, enmarcada dentro del llamado Plan Arqueonauta, es prioritaria. No estamos hablando sólo del San José, sino de un proyecto global bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura de ese país consistente en la localización y recuperación al menos de 3.000 galeones que reposan en los mares del mundo desde la época de la Colonia, la mayoría en el Caribe colombiano. Todas esas naves tenían bandera española y la misión es localizarlas y recuperarlas con estrategias diplomáticas y tecnológicas. Por ejemplo, el Plan de Vigilancia de Yacimientos Arqueológicos Subacuáticos Mediante Satélite. La operación está basada en investigaciones de entidades como el Archivo General de Indias, en Sevilla, el Museo Naval de Madrid, el Instituto Histórico de la Armada y el Archivo General de Simancas. De cada galeón hay un expediente, desde su construcción naval hasta las circunstancias del naufragio, incluyendo la historia de las personas y las cargas a bordo.
Así sustentaron la defensa técnica en la demanda para reclamar la riqueza que transportaba la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida frente a Portugal en 1804, pero cuya carga fue rescatada de manera clandestina por cazatesoros de la firma estadounidense Odyssey Marine Exploration, que declaró en 2007 su hallazgo ante un tribunal de almirantazgo de la Florida para que le reconocieran propiedad sobre al menos la mitad de 23 toneladas de oro y plata, casi 600 mil monedas.
En 2009 la justicia norteamericana le devolvió todo el tesoro a España, reconociendo su alegato de que la nave era de bandera española y estaba cobijada por el precepto de “inmunidad soberana”. Para lograr eso pagaron a abogados como el norteamericano James Goold, que recibió de parte del Ministerio de Cultura español unos diez millones de dólares. La entonces ministra de Cultura de ese país, Ángeles González-Sinde, anunció que la decisión era “vital” porque con el documento en la mano su país recorrería el mundo defendiendo sus derechos sobre cualquier naufragio con bandera española, orden ratificada por el Consejo de Ministros. Ahora las expectativas están en Colombia. El ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió este año antes de dejar su cargo: “es hora de que Colombia reconsidere su postura sobre el pecio San José”. Claro, el presidente Sánchez no lo dirá en esos términos y buscará un "memorando de entendimiento".
De la fragata Las Mercedes, los cazatesoros y los portugueses se quedaron sin nada, incluso familiares peruanos, colombianos y argentinos descendientes de personas ahogadas en ese barco. Eso le podría pasar a nuestro país si una reclamación sobre el San José llegara a escenarios jurídicos internacionales con influencia estadounidense o española. Sin embargo, Colombia está blindada frente a España porque no firmó la Convención para el Patrimonio Sumergido que promovió la Unesco y le da ventajas a los europeos sobre países como el nuestro.
Aún así, el gobierno de Juan Manuel Santos, que descubrió el San José a finales de 2015, mantuvo conversaciones diplomáticas con España para que asesorara el proceso de rescate no se sabe a qué nivel. Se supone que esos diálogos se formalizarán desde esta semana con el Gobierno de Iván Duque. Todo dependerá de cuánto juego académico, científico o económico le dé a los muy interesados españoles. Ellos consideran viciado el proceso de contratación público-privado que autorizó Santos con la firma británica Maritime Archaeology Consultins Switzerland (MAC) y el modelo ha sido criticado con intensidad desde las páginas del diario español ABC, dejando en evidencia lo que también ha denunciado El Espectador: que debió convocarse una licitación pública y levantar el secreto de un tema de interés público, como lo han pedido varias universidades nacionales especializadas en arqueología submarina. (Editorial de El Espectador sobre el tema).
Pero MAC hoy es la descubridora del naufragio del San José y la más probable contratista para el rescate y conservación del tesoro que reposa casi 700 metros de profundidad. El gobierno Duque lo definirá en octubre, cuando se cierre la convocatoria. Esto a pesar de que hay demandas de la empresa norteamericana Sea Search Armada, que alega que ya había localizado el San José desde 1982 y que la Corte Suprema de Colombia le dio derechos sobre la mitad en un fallo de 2007. (El plazo de Duque para el contrato del galeón).
España tiene experiencia en estos larguísimos litigios: ya había ganado en el año 2000 otro caso con ayuda de los Estados Unidos, que aunque tampoco ha firmado esa convención es aliado estratégico de España en escenarios como la OTAN. Fue el pleito generado por el hallazgo de las fragatas coloniales Juno y La Galga, denunciadas por la firma cazatesoros Sea Hunter, reportadas ante los tribunales de almirantazgo de los Estados Unidos en busca de la mitad del botín pero con un final similar al de Las Mercedes. España respondió con documentación histórica de un grupo científico y alegatos de un bufete de abogados especializados hasta lograr que un tribunal de Virginia le reconociera todos los derechos sobre esas naves.
Es un tema con muchas aristas y con muchas historias que empiezan por el San José y darán para muchos años de debate. Rafael Azuar, como director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España y uno de los expertos enviados por el Ministerio de Cultura a Tampa para el caso Las Mercedes, advirtió que los censos indican que en todo el mundo puede haber entre 3.000 y 7.000 barcos coloniales de su país en el fondo del mar. ¿Qué hacen con eso? España creó el Cosmo Caixa, un museo inaugurado por el rey Juan Carlos I tras el hallazgo de los galeones Nuestra Señora de Guadalupe y Conde de Tolosa. Como se calcula que en el Caribe colombiano reposan unos 1.200 galeones, el 90 por ciento españoles, hay mucha tela por cortar y muchos tesoros en juego.
* Autor del libro El galeón San José y otros tesoros. Relatos de intrigas y conspiraciones. Sello editorial Aguilar.