Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde hace un año y cuatro meses, Jenny Hurtado tiene una cita pendiente con el Ministro del Trabajo. En 2013 Rafael Pardo prometió atenderla, pero el encuentro no se ha logrado. La caleña que hace 40 años fundó (junto a una indígena y una boyacense) el primer Sindicato de trabajadoras del servicio doméstico de Colombia (Sintrasedom), necesita demostrarle al ministro cómo los jefes de las empleadas domésticas están desconociendo la ley y siguen abusando de quienes les cuidan los hijos, les cocinan y les mantienen limpias las casas. (Lea: Envigado, la ciudad con más empleadas del servicio internas)
Sólo 10, de las 200 afiliadas que tiene el sindicato en Bogotá, reciben un salario mínimo más prestaciones sociales. La cifra coincide con el panorama que entrega otro sindicato de trabajadoras en Medellín (el Utrasd). Sólo 10 mujeres de las 120 del sindicato tienen sus contratos al día, les pagan justo y a tiempo. (Lea: La lucha contra la esclavitud doméstica)
Para Jenny Hurtado, los decretos que el ministro Pardo firmó el año pasado reconocieron muchos de sus derechos, como tener acceso a las cajas de compensación familiar. “Están muy bien constituidos y se los agradecemos, pero el país no ha socializado como debe esta norma y las patronas no están cumpliendo la ley. Tengo al menos 30 casos de señoras a las que los jefes les dicen que les van a pagar el mínimo, pero que de esa plata ellas tienen que pagar la caja de compensación, la salud y los riesgos profesionales. Eso es ilegal, pero muchas de estas mujeres no tienen el nivel educativo para saberlo”.
Bajo este esquema, asegura Hurtado, las mujeres que deberían llevarse a su casa por lo menos $600.000, terminan sobreviviendo con $300.000 con las deducciones. “A las patronas no les cabe en la cabeza que tienen que sacar de su bolsillo cerca de $1.000.000 para garantizarle todas las prestaciones a sus empleadas que trabajan tiempo completo, no les cabe en la cabeza que este es un empleo como cualquier otro, y que su pago debe ajustarse a la ley”.
Hurtado, quien trabaja cuidando niños al norte de Bogotá, acaba de llegar de un recorrido por Sur América donde conoció cómo otros países están más adelante que Colombia en garantizar los derechos de las empleadas del hogar.
“En Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina el Estado está invirtiendo dinero en campañas que mes a mes le informan a las empleadas y también a los patrones cuáles deben ser las condiciones de contratación. Pero aquí sólo se entregó la noticia pero no se le ha hecho seguimiento a la implementación. Aquí el Ministerio no tiene mecanismos para asegurarse de que nos están pagando lo debido. En Uruguay tienen inspectores que visitan las casas para ver que todo esté bien y asumen procesos de defensa. También conocí equipos de abogados que los ministerios ponen a disposición de las mujeres para que las asesoren y las defiendan. Y nosotros, ¿cómo vamos a lograr que se cumpla la ley? Aún espero que el Ministro me atienda, sé que es un buen hombre”.