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Chile, el exportador de cobre más grande del mundo, considerado por muchos como la economía mejor administrada de América Latina, está enfrentando duras decisiones bajo su nueva líder, Michelle Bachelet, quien se posesionó para un segundo término en la presidencia en marzo. Bachelet ha prometido recapitalizar Codeloco, que produce una décima parte del cobre del mundo.
Sin embargo, esta financiación será difícil, pues también busca iniciar costosas y ambiciosas reformas para atacar la desigualdad interna, al tiempo que los ingresos estatales corren el riesgo de caer a causa de la disminución en los precios mundiales de los commodities.
“Bachelet está dividida entre mantener la reputación de Chile de ser serio, prudente y gradual, y responder a poderosas exigencias populares”, dijo Robert Funk, un politólogo de la Universidad de Chile. “Es como buscar una Tercera Vía chilena. Intentar corregir los peores síntomas del neoliberalismo chileno sin ser acusado de populismo”.
Hace tres años, el vacío entre los ricos y los pobres en Chile estalló en una revolución de clase media, durante las protestas estudiantiles. Las marchas en las calles de Santiago fueron las más grandes desde la caída del general Augusto Pinochet.
Mientras la desigualdad social se ha convertido en un punto de agudo debate en las economías occidentales, Bachelet es quizá la jefa de Estado más visible que ha lanzado un plan para atacarla. Es una tarea formidable, incluso si no logra atraer tantos titulares como los problemas que enfrenta Argentina, que está envuelta en una batalla legal de 12 años con sus acreedores y está al borde de su segundo cese de pagos en 13 años.
Chile está iniciando sus reformas justo cuando el crecimiento en China, la economía hambrienta de commodities y el pilar del mercado de cobre durante la última década, se está desacelerando. Por muchos motivos, los críticos dicen que el momento que Bachelet escogió para hacer sus reformas difícilmente pudo ser peor.
Para los pesimistas, que forman parte de la sólida y tradicionalmente conservadora clase empresarial, este juego de equilibrio está condenado al fracaso. Dicen que el socialismo estilo europeo acabará con el “milagro chileno” inspirado en el libre mercado, que en 40 años transformó uno de los países más pobres de la región en uno de los más ricos.
En cambio, quienes apoyan a Bachelet sostienen que está sobrellevando reformas esenciales justo a tiempo, antes que la desigualdad social de Chile estalle en una revuelta más grave. Las protestas comenzaron en 2006, al comienzo del primer mandato de Bachelet, y luego se intensificaron durante la administración de su sucesor, el presidente de centroderecha Sebastián Piñera.
Con actitud calmada y vestida de forma conservadora, luciendo la misma moda bajo perfil que Ángela Merkel, la canciller de Alemania, Bachelet no parece ser una populista, como dicen sus críticos más vehementes.
El país ha cambiado desde su primer período, entre 2006 y 2010. Hay una “sensación de frustración” entre muchos chilenos, que sienten que los dejaron atrás luego de dos décadas de robusto crecimiento económico, le dijo Bachelet al Financial Times.
“Hay un prejuicio enorme”, dijo con una sonrisa sabia. “Y quizás es verdad que al final la misma gente sigue perdiendo, y la misma gente sigue ganando”. Su comentario es una referencia al libro del economista francés Thomas Picketty, El capital en el siglo XXI, que sostiene que la desigualdad es una característica central del capitalismo, y que sólo puede revertirse mediante la intervención del Estado.
Bachelet, una política de centro-izquierda cuyo padre fue torturado por los soldados de Pinochet, no habla como una revolucionaria rabiosa. Defiende aspectos de la muy alabada economía de libre mercado de Chile, incluyendo su apertura al comercio mundial. Hace alarde de que su país tiene la mayor cantidad de tratados comerciales en el mundo.
No obstante, Chile de muchas maneras se ha convertido en una víctima de su propio éxito. El crecimiento económico de más de 5% al año durante las últimas tres décadas ha cuadruplicado el ingreso per cápita a casi US$20.000. Es el más alto en América Latina. Pero este crecimiento ha generado una revolución de expectativas cada vez más altas entre los menos favorecidos, en especial porque la educación y la salud no han logrado mejorar al ritmo del crecimiento.
Estos servicios son costosos y generalmente de baja calidad. Es una queja común en Suramérica, en especial en Brasil, donde un millón de personas salieron el año pasado a las calles para protestar contra los malos servicios públicos.
La mayor preocupación es que el gobierno esté prometiendo demasiado, y que cualquier fracaso en cumplir con los compromisos que adquirió agrave las frustraciones actuales.