No es cualquier decreto el que la ministra de Salud, Beatriz Londoño, tiene en sus manos y que debe estar listo el próximo 9 de febrero. En esas pocas páginas en las que se dictarán las normas para reglamentar la entrada al mercado colombiano de los llamados medicamentos biotecnológicos, en realidad el país se está jugando algo muchísimo más importante: la sostenibilidad del sistema de salud.
Los biotecnológicos son medicamentos que para su elaboración exigen utilizar como fábrica organismos vivos, principalmente células, manipuladas mediante técnicas de ingeniería genética y molecular. Siete de los diez medicamentos más recobrados en los últimos años al Fosyga hacen parte de este grupo. El Ministerio de Salud calcula que el país gasta unos US$1.000 millones cada año en su compra.
Si el decreto se inclina a favor de las recomendaciones que ha hecho la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), que representa a las empresas multinacionales, sería muy difícil que entren al mercado nuevos competidores.
Esto significaría que las empresas dueñas de las patentes, que por cierto muchas ya vencieron o están a punto de vencer, seguirían con el monopolio por varios años más. Estas ventajas hasta ahora han resultado muy rentables para ellas, pero no para los colombianos y el Estado en general. Un informe que está por divulgar Fedesarrollo y al que El Espectador tuvo acceso, demuestra graves abusos cometidos en los últimos años.
Tres ejemplos son suficientes. El adalimumab, utilizado en tratamiento de artritis reumatoidea, es cobrado en Colombia a un precio 173% más alto que el que la misma empresa cobra en el Reino Unido. El caso del interferón beta 1-B es más escandaloso. Aquí se comercializa a un precio 3.204% mayor que en países europeos. Una mención especial merece el rituximab, ya que el precio en Colombia es superior a los US$3.500, mientras que el cobrado en el Reino Unido es tan sólo US$278.
¿Por qué el mismo medicamento es cobrado a precios exorbitantes en un país con índices de pobreza como los de Colombia? Es una explicación que las grandes casas farmacéuticas aún le deben al país.
En un comunicado, Afidro asegura que “hoy estaría en riesgo una población de 2´500.000 de personas si el decreto entrara en vigencia tal como está”.
Al otro lado del debate están la industria farmacética nacional y los defensores de los genéricos. Si el decreto se inclina hacia las recomendaciones que han dado, las exigencias impuestas para la entrada de nuevos medicamentos biotecnológicos se reducirían abriendo la puerta a la competencia.
En su informe, Fedesarrollo recomienda al Gobierno permitir la entrada de nuevos competidores como la mejor manera de regular los precios. En la rueda de prensa que ofreció ayer la ministra Beatriz Londoño, era evidente el cuidado que ponía en cada palabra. Sabe que hay demasiados intereses en juego. Londoño invitó a los críticos del decreto a que destapen sus cartas y conflictos de intereses.
La verdad es que la salud de cientos de colombianos sí depende de los medicamentos biotecnológicos, pero también de los precios a los que se lleguen a comercializar depende la salud de todo el sistema de protección social.