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La población colombiana que habita en las zonas rurales que de manera directa están afectadas por el conflicto armado o que son receptoras de víctimas del mismo, enfrenta permanentes barreras para acceder a los servicios de salud. La conclusión es de la organización internacional Médicos Sin Fronteras, que en un estudio titulado “Acceder a la salud es acceder a la vida: 977 voces”, presenta un dramático diagnóstico sobre lo que está sucediendo en varias regiones del país con la salud de los colombianos.
El trabajo fue realizado en los nueve departamentos en los cuales interviene Médicos Sin Fronteras y la información fue recolectada entre abril y julio de 2010 en los diferentes puntos de atención médica de la organización. La base de la información está sustentada en las respuestas y testimonios de 977 personas encuestadas que ratificaron que el 41,2% de ellos puede probar que ha tenido algún problema de acceso a la salud derivado de dilemas del conflicto armado.
“Una hermanita mía vive en el campo. A su niño lo picó un alacrán. Le hicieron unos remedios allá y se calmó, pero en la noche les tocó salir porque se puso mal. Era un camino de tres horas, era lejos, muy lejos, no alcanzaron a llegar. El niño se murió”. Este es el relato de una mujer de 33 años y constituye apenas un testimonio suelto de una realidad en varias regiones donde debido a retenes, combates, minas antipersonales, paros armados o apremios derivados de atraso social, el acceso al derecho a la salud es realmente precario.
Las causas son múltiples. De las 977 voces escuchadas se constata, por ejemplo, que el sistema de salud en las áreas de conflicto no es oportuno ni persistente. El 63% de los pacientes encuestados señaló que demoran entre dos y ocho horas para acceder a un puesto de salud. Hay casos en que la demora es hasta de 72 horas. Según Médicos Sin Fronteras, esta realidad demuestra que es imprescindible expandir las redes de servicios de salud o crear sistemas de referencia para atención oportuna de pacientes.
Otro aspecto tiene que ver con problemas propios del sistema, pues a través de los copagos, se imponen barreras económicas que a menudo son infranqueables para las clases sociales menos favorecidas, a lo cual se suman la falta de información o la significativa proporción de población que no está registrada en el sistema de salud. Del total de personas encuestadas, el 40% reconoció que no tiene información y el 34,3% expresó que no tiene capacidad para comprar medicamentos, ni siquiera para acceder a un servicio de salud.
Pero definitivamente el mayor dilema es la guerra, pues buena parte de los encuestados admite que las medidas aplicadas por los actores armados para controlar a la población civil se vuelven un impedimento para acceder a la salud. Así lo describe una mujer de 18 años: “Iban caminando en fila y él iba de últimas... puso el pie exactamente en la arena y pum... lo cargaron hasta el río. Pasaron por un pueblito, pero no había centro de salud, siguieron a otro y tampoco. En ninguna parte encontraron primeros auxilios. Lo velaron en la escuela”.
En opinión de Médicos Sin Fronteras, el conflicto armado no puede ser utilizado sistemáticamente como un pretexto para no abordar un problema estructural como el que refleja el estudio. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de poner en marcha estrategias adecuadas que garanticen acceso a la salud a las personas que viven en las zonas de conflicto. Si a ello se suman problemas de discriminación, estigmatización o físico miedo, salta a la vista que no hay salud individual y colectiva en las zonas donde protagoniza la guerra.
Aunque el propósito del informe no es exponer los problemas derivados del actual sistema de salud, sí apunta a demostrar que la Ley 100 y sus desarrollos posteriores quedaron mal formulados o están mal implementados o ambas cosas. De alguna manera, como hoy sucede en el ámbito legislativo, urge la necesidad de aplicar reformas a la salud, al menos en las áreas de conflicto.
El 87,6% de los encuestados reconoció que ha necesitado médico, pero sigue aplazando acudir a un centro de salud. La guerra no los deja. Las víctimas lo señalan: “Yo tuve que salir de mi casa hace ocho meses, llegaron unos tipos armados y nos amenazaron. Salimos corriendo, pero se me olvidó llevar los carnés de salud. Después, cuando necesité ir al médico, me negaron la atención porque estaba afiliado en otro departamento. Pero si vuelvo a mi pueblo por los carnés me matan y sin ellos no puedo volverme a afiliar al servicio de salud”.