Tres retos inmediatos tiene el Gobierno de cara a la resolución de la situación legal de los miembros de grupos al margen de la ley que decidieron dejar la guerra. El primero de ellos , bastante turbulento, tiene que ver con las declaraciones del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la manera como se desarrolló el proceso de desmovilización de los paramilitares en 2005 y 2006. El segundo, la difícil situación tras el sometimiento a la justicia de un grupo de cerca de 300 miembros de la banda criminal Erpac que tuvieron que ser dejados en libertad (ver nota pag. 3).
Y el tercero, que es el que tiene con los pelos de punta al Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, es el inminente vencimiento del plazo para que los desmovilizados del paramilitarismo se reporten ante esta entidad y firmen un compromiso para seguir gozando de los beneficios de la Ley 1424 de 2010.
Según datos oficiales, de los 35.308 desmovilizados de las Auc, 26.444 están habilitados para acceder a los beneficios de la Ley 1424. Los restantes 9.000 viven otra realidad: más de 3.000 hacen parte del proceso de Justicia y Paz, por lo cual no pueden acceder a la nueva ley; 2.253 han fallecido, 1.029 incumplieron con los compromisos y fueron expulsados del proceso; 1.868 han sido condenados y 680 eran menores de edad, por lo que requerían un tratamiento diferenciado.
Es decir, en total, de 26.444 ‘exparas’ que pueden acceder a la ley, 21.374 ya han firmado las actas de compromiso para acceder a los beneficios que establece ley. Hoy, cuando falta un día para que se cumpla el ‘ultimátum’, aún falta que 4.518 ‘exparas’, de los 9.283 que se esperaban, se reporten ante la Alta Consejería. Y a pesar de que 4.765 se reportaron, sólo 2.605 decidieron continuar con el proceso de reintegración.
Según Alejandro Eder, alto consejero para la Reintegración, “para que las personas puedan acceder a los beneficios de esta ley tienen que estar en contacto con la Alta Consejería y firmar un acto de compromiso expresando su voluntad de acceder a los beneficios de esta ley. La fecha límite para hacerlo es el 28 de diciembre. Nuestra urgencia no es quienes están delinquiendo, porque ellos no pueden acceder a los beneficios de esta ley, sino aquellos que ya están reintegrados. Ellos deben volver antes del 28 de diciembre para poder acceder a los beneficios y si no regresan podrían perder su libertad”.
Brindarles garantías jurídicas a los desmovilizados de las Auc ha sido toda una odisea. En 2007 una sentencia de la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso los beneficios jurídicos de los más de 35 mil exmiembros de las autodefensas, al considerar que la Ley de Justicia y Paz no podía considerar las conductas de los combatiente rasos de esta agrupación con el delito de sedición y ordenó que los ‘exparas’ fueran judicializados bajo los cargos de concierto para delinquir simple y agravado. La ponencia del magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, argumentó que los paramilitares, al actuar en complicidad con la Fuerza Pública, no estaban en contra del Estado y, por consiguiente, no podían acogerse a este beneficio.
Rápidamente el Gobierno buscó una manera de levantar los cimientos jurídicos para garantizarles a quienes se desmovilizaron que se cumplieran las promesas del proceso de paz. Esta vez la solución fue otorgarles la figura del principio de oportunidad. Pero más se demoraron montando el proyecto de ley que la Corte Constitucional en tumbarlo. En noviembre de 2010 fue declarado inexequible y los más de 35 mil ‘exparas’ quedaron a la deriva.
Entonces el Gobierno formuló al Congreso de la República la Ley 1448, la cual surtió el trámite parlamentario y fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Con esta medida, los exmiembros de las Auc pudieron acceder a una serie de beneficios jurídicos como la suspensión de la pena o de la orden de captura.
El proceso de reintegración opera en tres campos principalmente: “La atención psicosocial —tenemos un sicólogo por cada cien desmovilizados—, la educación y el trabajo. Buscamos que cada uno pase por un proceso de formación académica para llegar, mínimo hasta quinto de primaria, aunque la mayoría terminan el bachillerato. Lo que queremos es generar capacidades para que ellos se reintegren por sus propios medios y puedan competir en el mercado laboral. Además, si los desmovilizados cumplen con los tres requerimientos —psicosocial, académico y laboral—, reciben un apoyo económico a la reintegración, el cual está condicionado al cumplimiento y el buen comportamiento. Por cada uno de éstos pueden recibir 160 mil pesos, es decir, nunca más de 480 mil por persona, pero en promedio todos reciben 320 mil al mes”, explicó Eder.
De esta forma, los desmovilizados de las Auc que no se han acercado a ratificar su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, están ‘ad portas’ de volver a pararse del costado de la ilegalidad, por lo que el Gobierno hace una llamado para que se reporten y cumplan con el compromiso de reintegrarse a la sociedad contribuyendo efectivamente con la reconciliación.