El problema cuando se entra en una discusión en la que están en juego US$1.000 millones por año, como sucede en estos momentos con el decreto para reglamentar el registro de medicamentos biotecnológicos, es que “no se puede dar papaya” y lo mejor es jugar con cartas destapadas.
El pasado 27 de enero, la Academia Nacional de Medicina envió una carta a la ministra de Salud, Beatriz Londoño Soto, en la que se cuestionaban las exigencias que el Gobierno está considerando imponer para el registro de productos biológicos. Estos fármacos, resultado de procesos en los que se utilizan organismos vivos para su elaboración, se usan principalmente en tratamientos contra ciertos tipos de cáncer (colon, pulmón), enfermedades raras, artritis reumatoide, entre otras. Siete de los diez medicamentos más recobrados al sistema de salud pertenecen a esta categoría.
La posición de la Academia Nacional de Medicina resultó una sorpresa porque, aunque no descalificaba la entrada al país de las “copias” de medicamentos originales, era evidente que las condiciones que proponía para su entrada prácticamente les cerraban la puerta manteniendo este mercado en manos de algunas multinacionales.
En otras palabras, es como si el máximo órgano de representación de los médicos se opusiera a la venta de medicamentos genéricos, con las consecuencias que esto tiene para la salud pública de un país en vías de desarrollo.
Una fuente que pidió reserva de su nombre le contó a este diario que los medicamentos biotecnológicos han desencadenado arduas discusiones dentro de la misma Academia. Aunque al final se adoptó una posición oficial, no todos los representantes médicos están de acuerdo con ella. Más aún, critican la presencia del médico toxicólogo Camilo Uribe Granja en la Comisión de Salud de esta institución, que es la encargada de responder consultas de los poderes públicos en temas como el de medicamentos biotecnológicos.
La incomodidad que genera Uribe Granja entre sus colegas se debe a que ha sido dos veces condenado por la justicia colombiana. La primera en 2010 cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá lo condenó a 54 meses junto a Sergio Alejandro Rada, creador del popular método Rada para adelgazar, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
En aquella ocasión, Uribe Granja y Rada participaron en una sociedad para administrar la Clínica Distrital Fray Bartolomé de las Casas. El 20% de esa sociedad pertenecía al Hospital El Tunal, pero cuando el Concejo de Bogotá prohibió esa participación, se decidió reemplazar a este socio por uno nuevo: la multinacional Fresenius Medical Care Colombia. El problema es que, según la sentencia de ese momento, todo fue un montaje con documentos falsos en el que se suplantó a la empresa. La verdadera Fresenius nunca participó en ese negocio.
Por si fuera poco, hace un mes (12 de diciembre de 2011) el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá profirió una nueva condena contra Uribe Granja. Esta vez por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Once años atrás, siendo director del Invima, el médico toxicólogo, que además es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, suscribió una promesa de compraventa para el edificio donde hoy funciona la entidad. Según el juez, el precio que se pagó por ese predio fue de $4.000 millones, cuando el valor real era poco menos de $2.000 millones.
Uribe Granja, quien ha sido asesor de la Academia Nacional de Medicina en las delicadas discusiones sobre medicamentos biotecnológicos, fue condenado a 82 meses de prisión, a una multa de $2.000 millones y quedó inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
El doctor Gustavo Malagón, presidente de la Academia Nacional de Medicina, confirmó que hasta hace pocos días se enteró por terceros de la condena impuesta a su colega y que hoy el caso será analizado en una junta directiva. “Me parece un asunto muy delicado. Si es el caso, la junta procederá a sancionarlo”. El doctor Malagón reconoció que Uribe Granja ha participado en las discusiones sobre biotecnológicos, pero aseguró que “la Academia confía en la buena fe de sus miembros”.