El pasado 26 de abril hubo una noticia que conmocionó al sector ambiental colombiano: en horas de la tarde el país supo que el director de la corporación autónoma regional del Chocó, Codechocó, había sido secuestrado. Mientras se desplazaba en la vía que conduce a Quibdó desde Itsmina, fue interceptado por hombres armados, que se lo llevaron. Nada pudo hacer su esquema de seguridad. Uno de sus hombres, de hecho, fue herido.
Desde entonces, poco se sabe de su paradero. El 13 de abril, desde Codechocó aseguraron que no habían recibido “información sobre su situación, la cual constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales, afecta profundamente a su familia y obstaculiza el cumplimiento de sus funciones como servidor público al servicio de las comunidades del Chocó”.
Ahora, han pasado 19 días y su desaparición sigue generando mucha preocupación. La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars) volvió a pronunciarse pidiendo respeto por su vida.
En un comunicado que publicaron luego de llevar a cabo su asamblea general en Bogotá, pidieron ayuda humanitaria para gestionar su liberación. En el encuentro también participaron funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría y de la Organización de Estados Americanos. Además, llevaron a cabo un plantón para que Rincón López sea liberado.
El Ministerio de Ambiente fue el otro actor que se pronunció este 15 de mayo. “Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que avancen lo más rápido posible en las investigaciones y podamos tener libre a nuestro director de Codechocó. Queremos recordarles a los funcionarios de todas las entidades del Sistema Nacional Ambiental que cuentan con el apoyo del Ministerio de Ambiente y que estamos para velar por la seguridad de quienes trabajan por la defensa del ambiente y los territorios”, señaló la ministra Lena Estrada a través de un comunicado.
Además, esa cartera reveló que activó una ruta interinstitucional de respuesta inmediata junto con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional para, entre otras cosas, “convocar una mesa técnica para evaluar el nivel de riesgo al que están expuestos los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en todo el país”.
De hecho, tras una reunión que sostuvieron las CAR y el Minambiente, acordaron “actualizar las evaluaciones de riesgo de los funcionarios de estas coporaciones” y “brindarles acompañamiento técnico para fortalecer sus planes de riesgo institucional”.
En palabras de Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima y presidenta de la junta directiva de ASOCARS, hoy “más del 70% de los funcionarios de las CAR cumplen funciones operativas y de autoridad ambiental en campo, por lo que su vida e integridad deben ser protegidas como una prioridad del Estado”.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
