2016, el año con más líderes ambientales asesinados en Colombia

“Jakeline Romero, indígena wayuu y mujer activista de derechos humanos, recibió este mensaje de texto en diciembre de 2016: ‘No se enfoque en lo que no le preocupa si quiere evitar problemas. Sus hijas son muy encantadoras, así que deje de involucrarse en asuntos de otros (…) Perra, evite problemas porque incluso su madre podría desaparecer si sigue hablando’”.

Estas son las palabras con las que empieza el capítulo sobre Colombia del informe Defensores de la tierra, realizado por la ONG inglesa Global Witness, que cada año da un reporte mundial sobre los asesinatos de líderes ambientales y defensores de la tierra. El 2016, según el documento, rompió el récord como el año más mortal para el país.

Al igual que Romero, quien se ha tenido que enfrentar al Estado, los paramilitares y otras poderosas redes de poder para oponerse a la mina del Cerrejón*, en La Guajira, son varios los defensores de los recursos naturales que se encuentran amenazados. Y aunque lo de Romero no ha pasado a más, con 37 líderes asesinados el año pasado, Colombia es el segundo país en la lista, después de Brasil (49 muertes). En sólo un año, del 2015 al 2016, el país pasó de registrar 26 asesinatos a 37, es decir, subió 40 %.

La principal razón de este aumento, señala el reporte, podría estar relacionada con el proceso de paz. “En Colombia los asesinatos alcanzaron un máximo histórico a pesar de —o quizás por— la reciente firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero Farc. Áreas que antes estaban bajo el control de la guerrilla, ahora son vistas con envidia por las compañías extractivas y los paramilitares, mientras que las comunidades que regresan son atacadas por reclamar tierras que les fueron robadas durante el medio siglo que duró el conflicto armado”.

Que se hable del rol de los paramilitares no es gratuito. Global Witness tiene la sospecha de que 22 de los asesinatos fueron perpetrados por ellos, pues el informe no sólo tiene en cuenta a los defensores de recursos naturales, sino a aquellos que reclaman tierras. Según datos de la Defensoría del Pueblo, sumando las cifras del 2016 y lo reportado hasta el 5 de julio de 2017, a la fecha son 186 los líderes de derechos humanos asesinados en todo el país.

Es por esto que, según el informe, en Colombia la cuestión no sólo se limita al enfrentamiento entre ambientalistas y gigantes multinacionales, sino a un Gobierno que está fallando a la hora de proteger a estos defensores. “El fracaso del Gobierno para proteger a los defensores está debilitando su propio impulso a la paz, pues muchos de estos activistas están liderando el proceso de reconciliación en sus comunidades”, afirma la ONG.

La idea es compartida por Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien explica que esta situación no sólo se da en el país, sino en toda Latinoamérica. “Colombia, Brasil, México y Perú reflejan un estado de derecho débil, donde los activistas no pueden protestar porque los judicializan o los asesinan. No tienen las garantías para hacer activismo ambiental porque no hay mecanismos de democracia fuertes, sin mencionar el impacto diferencial de vivir en zonas apartadas, porque no es lo mismo expresarse en Bogotá que hacerlo en el Catatumbo”,” le dijo a El Espectador.

Para Carlos Guevara, vocero de Somos Defensores, programa socio de Global Witness, el aumento de asesinatos en Colombia se debe a tres razones principales. Primero, que el activista ambiental no es sólo académico, sino campesinos que defienden su trabajo sobre la tierra o indígenas que protegen sus resguardos; segundo, que desde hace 10 años se han priorizado la locomotora minera y la inclusión de empresas trasnacionales, y tercero, que es una problemática que se ha intensificado por “los vacíos que dejaron en miles de territorios las Farc, lo que genera una lucha por el control de esos escenarios”.

Por encima de Colombia, el país que más asesinatos reportó por segundo año consecutivo fue Brasil, con 49 muertes. A nuestro país, que pasó del tercer al segundo puesto en un año, lo siguen Filipinas (28), India (16), Honduras (14) y Nicaragua (11). Sin embargo, en relación con el número de habitantes, Honduras sigue siendo el país más peligroso para los ambientalistas, seguido por Nicaragua, cuyas amenazas han crecido gracias a la posible construcción de un canal interoceánico que está causando varias disputas.

En total, el informe reportó 200 asesinatos por defender el medioambiente a nivel global, una cifra que vuelve a romper récord. La razón de que estas personas fueran calladas es oponerse a proyectos mineros o petroleros (33), deforestación (23), agroindustria (23), caza furtiva (18), agua o represas (7) y otros (4). Una tendencia que parece ir en aumento, pues en un año el mundo pasó de tener sólo 16 países en los que se rastreaban este tipo de asesinatos a 24.

De todas las víctimas de alzar la voz por el medioambiente, 60 % eran de América Latina, y el 40 % de estos muertos pertenecían a algún grupo indígena. Las cifras deben ser más que una señal de alerta, pues en lo que va del 2017, según el periódico inglés The Guardian, ya van contados, 97 asesinatos de líderes ambientales en todo el mundo.

* Después de publicada esta nota el Cerrejón envió un comunicado a El Espectador aclarando su posición frente al informe de Global Witness. “El Cerrejón rechaza cualquier sugerencia, insinuación o acusación en relación a vínculos con amenazas a líderes sociales o violaciones a derechos humanos, incluyendo las que insinúa Global Witness con base en las declaraciones de la señora Jakeline Romero en dicho informe”.

Igualmente, la empresa aclaró que rechaza toda amenaza contra la vida y la dignidad de los líderes sociales y reiteró su compromiso para cumplir con los más altos estándares sociales y ambientales.

“Jakeline Romero, indígena wayuu y mujer activista de derechos humanos, recibió este mensaje de texto en diciembre de 2016: ‘No se enfoque en lo que no le preocupa si quiere evitar problemas. Sus hijas son muy encantadoras, así que deje de involucrarse en asuntos de otros (…) Perra, evite problemas porque incluso su madre podría desaparecer si sigue hablando’”.

Estas son las palabras con las que empieza el capítulo sobre Colombia del informe Defensores de la tierra, realizado por la ONG inglesa Global Witness, que cada año da un reporte mundial sobre los asesinatos de líderes ambientales y defensores de la tierra. El 2016, según el documento, rompió el récord como el año más mortal para el país.

Al igual que Romero, quien se ha tenido que enfrentar al Estado, los paramilitares y otras poderosas redes de poder para oponerse a la mina del Cerrejón*, en La Guajira, son varios los defensores de los recursos naturales que se encuentran amenazados. Y aunque lo de Romero no ha pasado a más, con 37 líderes asesinados el año pasado, Colombia es el segundo país en la lista, después de Brasil (49 muertes). En sólo un año, del 2015 al 2016, el país pasó de registrar 26 asesinatos a 37, es decir, subió 40 %.

La principal razón de este aumento, señala el reporte, podría estar relacionada con el proceso de paz. “En Colombia los asesinatos alcanzaron un máximo histórico a pesar de —o quizás por— la reciente firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero Farc. Áreas que antes estaban bajo el control de la guerrilla, ahora son vistas con envidia por las compañías extractivas y los paramilitares, mientras que las comunidades que regresan son atacadas por reclamar tierras que les fueron robadas durante el medio siglo que duró el conflicto armado”.

Que se hable del rol de los paramilitares no es gratuito. Global Witness tiene la sospecha de que 22 de los asesinatos fueron perpetrados por ellos, pues el informe no sólo tiene en cuenta a los defensores de recursos naturales, sino a aquellos que reclaman tierras. Según datos de la Defensoría del Pueblo, sumando las cifras del 2016 y lo reportado hasta el 5 de julio de 2017, a la fecha son 186 los líderes de derechos humanos asesinados en todo el país.

Es por esto que, según el informe, en Colombia la cuestión no sólo se limita al enfrentamiento entre ambientalistas y gigantes multinacionales, sino a un Gobierno que está fallando a la hora de proteger a estos defensores. “El fracaso del Gobierno para proteger a los defensores está debilitando su propio impulso a la paz, pues muchos de estos activistas están liderando el proceso de reconciliación en sus comunidades”, afirma la ONG.

La idea es compartida por Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien explica que esta situación no sólo se da en el país, sino en toda Latinoamérica. “Colombia, Brasil, México y Perú reflejan un estado de derecho débil, donde los activistas no pueden protestar porque los judicializan o los asesinan. No tienen las garantías para hacer activismo ambiental porque no hay mecanismos de democracia fuertes, sin mencionar el impacto diferencial de vivir en zonas apartadas, porque no es lo mismo expresarse en Bogotá que hacerlo en el Catatumbo”,” le dijo a El Espectador.

Para Carlos Guevara, vocero de Somos Defensores, programa socio de Global Witness, el aumento de asesinatos en Colombia se debe a tres razones principales. Primero, que el activista ambiental no es sólo académico, sino campesinos que defienden su trabajo sobre la tierra o indígenas que protegen sus resguardos; segundo, que desde hace 10 años se han priorizado la locomotora minera y la inclusión de empresas trasnacionales, y tercero, que es una problemática que se ha intensificado por “los vacíos que dejaron en miles de territorios las Farc, lo que genera una lucha por el control de esos escenarios”.

Por encima de Colombia, el país que más asesinatos reportó por segundo año consecutivo fue Brasil, con 49 muertes. A nuestro país, que pasó del tercer al segundo puesto en un año, lo siguen Filipinas (28), India (16), Honduras (14) y Nicaragua (11). Sin embargo, en relación con el número de habitantes, Honduras sigue siendo el país más peligroso para los ambientalistas, seguido por Nicaragua, cuyas amenazas han crecido gracias a la posible construcción de un canal interoceánico que está causando varias disputas.

En total, el informe reportó 200 asesinatos por defender el medioambiente a nivel global, una cifra que vuelve a romper récord. La razón de que estas personas fueran calladas es oponerse a proyectos mineros o petroleros (33), deforestación (23), agroindustria (23), caza furtiva (18), agua o represas (7) y otros (4). Una tendencia que parece ir en aumento, pues en un año el mundo pasó de tener sólo 16 países en los que se rastreaban este tipo de asesinatos a 24.

De todas las víctimas de alzar la voz por el medioambiente, 60 % eran de América Latina, y el 40 % de estos muertos pertenecían a algún grupo indígena. Las cifras deben ser más que una señal de alerta, pues en lo que va del 2017, según el periódico inglés The Guardian, ya van contados, 97 asesinatos de líderes ambientales en todo el mundo.

* Después de publicada esta nota el Cerrejón envió un comunicado a El Espectador aclarando su posición frente al informe de Global Witness. “El Cerrejón rechaza cualquier sugerencia, insinuación o acusación en relación a vínculos con amenazas a líderes sociales o violaciones a derechos humanos, incluyendo las que insinúa Global Witness con base en las declaraciones de la señora Jakeline Romero en dicho informe”.

Igualmente, la empresa aclaró que rechaza toda amenaza contra la vida y la dignidad de los líderes sociales y reiteró su compromiso para cumplir con los más altos estándares sociales y ambientales.