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En la mañana de este 3 de marzo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que, luego de llevar a cabo un proceso de auditoría a 52 instituciones prestadoras de salud (IPS), detectó que 36 de ellas no contaban con sede física y estaban estafando al sistema de salud: cobraban servicios por más de $79 mil millones.
Según la ADRES, la información ya se encuentra en manos de la Fiscalía para que investigue a estos centros que estaba facturando servicios y, entre otras cosas, hicieron reclamaciones por, supuestamente, atender a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos sin SOAT. En la auditoría participaron tres firmas que habían sido contratadas por la ADRES en 2024.
Este grupo de IPS investigadas hace parte 52 centros a los que la ADRES les había abierto una investigación desde 2023 y que habían radicado cuentas para cobrar por supuestos servicios.
De acuerdo con la entidad, de esas 52 IPS, “26 no presentaron recurso de reposición y, por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme; diez sí presentaron el recurso y les fue resuelto desfavorable. Tres más, están siendo notificadas”. Otras cuatro aún están en proceso de estudio y a nueve les resolvieron de manera favorable la situación.
La mayoría de estas IPS están ubicadas en la región Caribe. Específicamente, se encuentran en 28 municipios de Atlántico, cinco de Córdoba y uno de Magdalena.
Como señala la ADRES en un comunicado, “las alertas en la entidad se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin SOAT o fantasmas”.
Estas son las 36 IPS “fantasmas”:
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