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Son cuatro los abogados que acaban de impulsar dos demandas en contra de normativas mineras que, según su análisis, consideran que van en contravía de los intereses públicos.
César Rodríguez Garavito, Diana Rodríguez Franco, Beatriz Botero Arcila y Camila Soto Mourraille, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Observatorio de Justicia Ambiental (OJA), presentaron ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dos procesos en contra del artículo 13 del Código de Minas y el decreto 2691, firmado el 23 de diciembre de 2014.
Según los abogados, desde la Ley 685 de 2001 (el Código de Minas) el Estado ha puesto los intereses mineros por encima de nuestra “constitución ecológica”. En el artículo 13 de esa ley Colombia declara la industria minera de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases, lo que, en palabras de los investigadores, “es desatinado frente a la protección que la Constitución le confiere al medio ambiente. Pues permite que un inmueble pueda ser destinado a la actividad minera independientemente de la función ambiental que esté cumpliendo”.
De acuerdo con Rodríguez Garavito, este artículo ha abierto la puerta para que el Estado tenga la competencia de expropiar terrenos donde se proyecten extracciones mineras, pasando por encima de los usos tradicionales que se le hayan dado a ese territorio, escudado en la “utilidad pública” que le otorga a la minería el artículo 13.
Además, los abogados argumentan que “la norma entra en conflicto con los derechos y obligaciones constitucionales que los municipios tienen para gestionar de manera autónoma sus intereses y regular el uso del suelo de sus territorios, así como el derecho de todos los ciudadanos a la participación política”. Es por eso que pidieron ante la Corte Constitucional que el artículo se declare inexequible, o al menos se declare inconstitucional la expresión “en todas sus ramas y fases”.
Contra el “decreto navideño”
La otra demanda fue interpuesta ante el Consejo de Estado en contra de los ministerios de Minas, Ambiente, Agricultura e Interior, por haber promovido el decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014, que según ellos les resta a los gobiernos locales competencias para decidir sobre sus territorios.
A finales del año pasado la aprobación de la normativa, recibió fuertes críticas por parte de abogados, ambientalistas y líderes comunitarios que la entendieron como una estrategia para desviar un debate complejo, ya que el decreto se emitió como respuesta a una petición de la Corte Constitucional respecto a una de las preguntas más difíciles de la locomotora minera impulsada por el gobierno Santos: ¿pueden o no las comunidades opinar, aprobar o desaprobar la extracción de recursos naturales de sus municipios?
El alto tribunal les había pedido a los ministerios encontrar un mecanismo para que el Gobierno Nacional acordara las medidas de protección del medio ambiente con los municipios que tuvieran proyectos mineros proyectados.
Aunque el decreto 2691 fue expedido supuestamente para crear ese procedimiento, la demanda argumenta que, en realidad, la norma “esquiva las órdenes de la Corte Constitucional y vulnera varias normas constitucionales y legales”.
Lo que indica la norma es que tanto alcaldes como concejales pueden pedirle al Gobierno que proteja una zona de su territorio de los impactos negativos relacionados con la minería. Pero para que esa petición se haga efectiva, los municipios tendrán que pagar estudios científicos que respalden sus exigencias, y luego el Ministerio de Minas, teniendo en cuenta las observaciones de otras autoridades, define si aprueba la protección.
Para los abogados, con este punto el decreto subordina el sistema nacional ambiental al Ministerio de Minas, otorgándole funciones de las entidades que tienen el deber de proteger el medio ambiente o la salud pública, como el Minambiente, el Minsalud y las corporaciones autónomas regionales.
“Actualmente las CAR son las máximas autoridades ambientales en sus jurisdicciones. El decreto ni siquiera menciona a las CAR, y le da un rol subordinado y eventual al Ministerio de Ambiente”, dicen los investigadores.
Pero, según los demandantes, el decreto también vulnera las competencias de los municipios de reglamentar el uso del suelo de su territorio: aunque los municipios ordenan los usos del suelo a partir de planes de ordenamiento territorial, bajo esta norma aseguran que se está dejando en manos del Ministerio de Minas la posibilidad de tomar decisiones sobre esos suelos.
El próximo 23 de marzo se cumple el plazo de tres meses establecido por el decreto para que los municipios entreguen las primeras solicitudes de protección. Si no lo hacen, perderán la competencia de implementar las medidas. Teniendo en cuenta que es un trámite difícil, pues los municipios deben pagar estudios científicos que requieren trabajo de campo y que usualmente ni siquiera el Gobierno Nacional tiene la capacidad y los fondos para llevar a cabo, los abogados de Dejusticia y el Observatorio de Justicia Ambiental solicitaron “especial y urgentemente” que el decreto se suspenda hasta que el Consejo de Estado falle la demanda.