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Ya son tres las ministras de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro a las que se les ha abierto un incidente de desacato por incumplir órdenes judiciales relacionadas con la delimitación del páramo de Santurbán, que abastece de agua a 2,3 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.
En el caso más reciente, el pasado 27 de agosto de 2025, la magistrada del Tribunal Administrativo de Santander Luisa Fernanda Flórez Reyes le abrió un incidente de desacato a la ministra encargada de Ambiente Irene Vélez “por los incumplimientos” en el marco de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó que, en el término de un año, esta cartera debía delimitar el páramo de Santurbán-Berlín en el marco de un procedimiento previo, amplio, participativo, eficaz y deliberativo. A la fecha dicho proceso no se ha podido concretar.
Como precisa la magistrada, la nueva medida se toma debido a la renuncia de Lena Estrada como cabeza de la entidad y porque fue Vélez quien asumió, en su reemplazo, la dirección del ministerio.
En contexto: Santurbán es sujeto de derechos, hay aplausos, pero también disgustos.
“Ante los cambios de jefes o directores de cartera ministerial, se debe notificar a la persona que asuma el cargo, ya que de omitirse dicho trámite se vulneraría su derecho fundamental a la contradicción y a la defensa, al impedirle pronunciarse sobre una situación respecto de la cual no ha tenido oportunidad de controvertir”, se lee en el auto en el que informa sobre le incidente de desacato.
De esta manera, se le ordenó a la ministra (e) Vélez, para que “ratifique los cronogramas de cumplimiento de la sentencia, conforme a los términos planteados por el ministerio en el informe presentado el pasado 2 de julio de 2025 y que complemente el informe anterior precisando las acciones puntuales a ejecutar para garantizar el cumplimiento de los plazos allí estipulados, indicando los mecanismos de seguimiento que se implementarán, y las medidas correctivas previstas en caso de presentarse retrasos o contingencias”.
En particular, con la apertura del incidente se le ordena a la ministra encargada que garantice la participación de las comunidades interesadas y asegurar la “transparencia, la trazabilidad y la eficacia en la ejecución del cronograma de cumplimiento”.
Para responder al auto emitido por el tribunal, la ministra (e) Vélez contará con cinco días para presentar su defensa, así como sus planes para el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Para Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y vinculada en el proceso, “es inaudito que llevemos 8 años esperando la delimitación del páramo por culpa de la negligencia y falta de voluntad política de diferentes gobiernos, en especial el actual del presidente Gustavo Petro, que en vez de cumplirle a la Corte se dedicó a firmar a las carreras una resolución de Zona de Reserva inconsulta e ilegal, que violó nuestro derecho a la participación, y nos condenó a más de 35 mil personas de 7 municipios de Santander a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento”.
A la fecha, según de constante en los procedimientos judiciales, solo se han realizado 6 de las 31 mesas de trabajo programadas con las comunidades afectadas, y solo se ha concertado la “línea de páramo” con 8 de los más de 30 municipios implicados en este proceso.
Por su parte, ante este caso, la Defensoría del Pueblo indicó que el ministerio “no puede desconocer los acuerdos de delimitación ya concertados con municipios como Vetas, California y Suratá, pues hacerlo constituiría una violación al Acuerdo de Escazú”.
En contexto: Abren incidente de desacato contra la minambiente por delimitación de Santurbán.
Como parte de los avances que destaca el Ministerio de Ambiente en este sentido, está lo realizado en El municipio de La Esperanza, en Norte de Santander, donde se concertó con el Gobierno la delimitación del Complejo de páramos jurisdicciones Santurbán-Berlín. Luego de un diálogo en la vereda Pata de Vaca, entre las comunidades de la región y el Ministerio de Ambiente, se lograron acuerdos sobre seis temas fundamentales: delimitación participativa, lineamientos de sustitución y/o reconversión de actividades, sistema de fiscalización, parámetros de protección de fuentes hídricas, instancia de coordinación y modelo de financiación. En total, se acordó que la zona comprenderá 28,05 hectáreas.
¿Qué es un incidente de desacato y que sanciones puede generar?
De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el incidente de desacato es un “mecanismo de creación legal” que tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, “sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos fundamentales”.
El juez puede sancionar al infractor, en este caso la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, con arresto hasta por seis meses y una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales.
Sin embargo, como lo han resaltado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, “esta figura tiene como propósito lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, de ahí que, en ese orden de ideas, sea más importante el acatamiento del fallo de tutela que la sanción en sí misma”.
Santurbán es sujeto de derechos
Desde finales de El Páramo de Santurbán cuenta con una nueva medida de protección. Precisamente, el Tribunal Administrativo de Santander reconoció a este ecosistema, ubicado entre Santander y Norte de Santander, como sujeto de derechos. Eso quiere decir que, entre otras cosas, Santurbán deberá gozar de una protección prioritaria por parte del Estado y las comunidades que lo habitan, con el fin de garantizar su conservación, mantenimiento y restauración.
La decisión se tomó luego de que los magistrados Iván Fernando Prada Macías (ponente) y Julio Edisson Ramos Salazar, analizaran dos demandas interpuestas hace cinco y siete años. Como resultado, determinaron que el páramo enfrenta una amenaza estructural grave, persistente y con múltiples causas, provocada por actividades como la minería (legal e ilegal), la expansión agropecuaria no planificada, la contaminación hídrica y la fragmentación del hábitat, según se lee en la sentencia.
Por esto, entre las órdenes del tribunal está prohibir la minería en el Páramo y controlar toda actividad que dañe el agua o la biodiversidad; diseñar e implementar alternativas laborales sostenibles para las familias que viven en esta zona; y crear una estrategia conjunta con la Fuerza Pública para erradicar la minería ilegal. Esto le corresponderá a entidades como el Ministerio de Ambiente y las corporaciones ambientales de Bucaramanga (CDMB) y Norte de Santander (Corponor).
“Estas medidas no son solo para Santurbán, sino también para sus ecosistemas adyacentes, es decir, los bosques andinos y altoandinos, que tienen un papel muy importante en la regulación hídrica. Esto plantea el debate de qué Santurbán se debe proteger de manera integral”, menciona Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
Para esto, una de las tareas que deberán cumplir el Minambiente, la CDMB, Corponor y Bucaramanga dentro de los próximos tres meses, es identificar las zonas de transición de importancia ecológica o estratégica para conservar el recurso hídrico, teniendo en cuenta que, este páramo abastece de agua a 2,3 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.
También ordena a esas mismas entidades, y a los municipios de Vetas, California y Suratá, coordinar y adoptar en un plazo no superior a seis meses, un “Plan de Protección Reforzada del Ecosistema del Páramo de Santurbán, con un enfoque en derechos, justicia ambiental y participación de comunidades”.
Aunque la decisión fue celebrada por grupos ambientalistas de Bucaramanga y el país, varios habitantes del páramo, por su parte, expresaron su descontento con la sentencia. Uno de los puntos en los que no están de acuerdo es en el plazo que determina el fallo para que Vetas, California y Suratá ajusten sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), para que se excluyan del desarrollo urbano, agropecuario o minero todas las áreas delimitadas como páramo.
“Es un poco absurdo que la sentencia les dé seis meses a los alcaldes para que tomen medidas de protección, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional (T-361) que obliga al Ministerio de Ambiente a hacer una nueva delimitación y a garantizar la protección del Páramo, que lleva ocho años en proceso. Le están pidiendo a los alcaldes que hagan en seis meses, lo que el Ministerio no ha podido hacer en ocho años”, indicó, hace un par de semanas, Fabio Maldonado, director de Consotonorte, agremiación de empresarios, mineros, agricultores, ganaderos, campesinos y organizaciones de la provincia Soto Norte, en Santander.
En esta nota contamos más a detalle lo que viene con esta medida.
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