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El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los más conocidos de Colombia. No solo porque tiene una variedad de ecosistemas, que van desde manglares hasta bosque seco, sino porque es también uno de los Parques Nacionales Naturales más visitado del país, con un promedio de 400.811 visitantes anuales. (Le puede interesar: ¿A dónde va a parar la carne de res que causa deforestación en el parque Chiribiquete?)
Que sea un parque tan estratégico también lo ha convertido en objetivo de intereses privados, y han sido distintas las ocasiones en las que se ha querido construir mega hoteles o privatizar algunas zonas para poder lucrarse de sus beneficios, paisajes y biodiversidad.
Un nuevo capítulo de estos conflictos fue denunciado por PNN y el Ministerio de Ambiente a mediados de este mes. Según señala un auto de la cartera, con fecha del 12 de mayo de 2021, durante recorridos recientes en el área protegida se encontraron portones y cercas que pusieron dueños de predios privados y que impedían la circulación de turistas a áreas claves del Tayrona, como lo son la quebrada, la Piscina y los senderos de Arrecifes a Cabo San Juan. Además, se encontraron dos espacios de quemas controladas y de basuras, y se tumbó vegetación nativa. (Le puede interesar: Indígenas y comunidades locales son clave para proteger la biodiversidad, revela estudio)
Estas acciones fueron realizadas en el predio de la Sociedad Arrecifes SAS, cuya representante legal es Claudia Dávila Zúñiga. Su familia es dueña de ese terreno desde antes de que el PNN Tayrona se declarara área protegida, sin embargo, al estar dentro de un área que busca conservar la flora, fauna y ecosistemas únicos de la región, realizar nuevas construcciones, cualquier tipo de fuegos en sitios no especificados para eso, y arrojar basura e incinerarla son acciones que se encuentran prohibidas por la ley. (Le recomendamos: De Vietnam a Huila: los miedos de la producción del pez basa)
Se trata, entonces, de una infracción ambiental que estarían cometiendo, pues se violan varias normas del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. A raíz de esto se dio inicio a una investigación. En otras ocasiones, la familia Dávila, dueña del predio, ha estado relacionada con diferentes conflictos en el Parque Tayrona, relacionados con la construcción de eco-hoteles en esta área protegida.
Aunque el Auto con la investigación está radicado desde el 12 de mayo, no fue hasta esta semana que la denuncia se hizo pública. “A las áreas de playa de Arrecifes, la Piscina y los senderos de Arrecifes a Cabo San Juan no pudieron acceder ni el Personero Distrital de Santa Marta, ni la Secretaria de Seguridad este fin de semana en atención a las denuncias de los nativos y operadores turísticos en el Parque Tayrona”, señaló una persona en un grupo de prensa.
Los portones que puso Sociedad Arrecifes impiden el paso por los senderos tradicionales a las playas Cabo San Juan 1, Cabo San Juan Dos, Boca del Saco, Playa del Medio, Arrecifes y gran parte de la playa Piscina Natural. Por lo que, si un turista quiere visitarlas, tendría que hacer un recorrido hasta de 40 minutos más por el paso por donde transitan los caballos, que no está diseñado para personas y pueden presentarse accidentes.
PNN insistió en que, aunque los portones se pusieron en propiedad privada de la familia Dávila, se ubicaron en una “zona de recreación general exterior” del área del Parque Nacional Natural, por lo que se afecta el servicio de servidumbre que presta ese sendero. Es decir, se trata de una zona que “por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre”.
“Ellos pueden tener su propiedad ahí, pero en ningún área protegida se pueden hacer nuevas construcciones”, señalaron a El Espectador. Tras la indignación de ciudadanos y usuarios del parque por la instalación de la cerca, la Directora Territorial de Parques Nacionales y su equipo se reunieron el pasado martes con los presidentes de las 12 juntas de acción comunal, Guías, prestadores de servicio, el personero distrital, el inspector de Policía, la secretaria de seguridad del Distrito y la policía de carabineros para presentar la situación y las acciones que, desde la entidad, se estaban tomando.
En este momento, entonces, se está llevando a cabo una investigación administrativa ambiental de carácter sancionatorio contra la Sociedad Arrecifes SAS, por posible violación a la normatividad ambiental, que arrojará las futuras medidas a tomar frente a este caso.
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