Este domingo, 3 de agosto, el Ministerio de Ambiente le dio una noticia al sector, que diferentes actores, entre ONG, académicos y comunidades, estaban esperando: la publicación de un borrador de decreto que creará la Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazú.
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Según el Minambiente, este documento estará disponible para todas aquellas personas que quieran hacer aportes o comentarios hasta el próximo 15 de agosto.
“La ciudadanía y los sectores sociales tendrán la oportunidad de aportar directamente en el diseño institucional de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Esta consulta estará abierta hasta el 15 de agosto del 2025, y permitirá que toda la ciudadanía en general aporte con una mirada territorial y diferencial, en el proceso transparencia y la legitimidad del decreto”, aseguró la ministra Lena Estrada, a través de un comunicado.
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Según esa cartera, la creación de esta Comisión Intersectorial es fundamental para que se pueda asegurar la implementación “efectiva, participativa, con enfoque de derechos humanos, de género, étnico, territorial y generacional”.
¿Qué busca el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú fue ratificado por Colombia en 2022 y, después de un par de años de espera, la Corte Constitucional le dio su visto bueno, a pesar de que muchas personas en el sector ambiental esperaban que lo frenara.
En pocas palabras, ese “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe” (como se llama oficialmente) representa una especie de “pisos mínimos” que deben tener los países para fortalecer la democracia ambiental en la región.
Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos.
El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes de defensores ambientales. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”.
Respecto al acceso a la información, el tratado regula el deber del Estado de generar, recopilar y difundir información ambiental de manera proactiva, oportuna, regular, comprensible y actualizada.
Frente a la protección de defensores ambientales, el Acuerdo pretende “garantizar la promoción, protección y defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, lo que implica asegurar entornos libres de violencia, amenazas y restricciones, es decir que sean seguros para todas aquellas personas, grupos u organizaciones.
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