Acuerdo de Escazú: las respuestas de lo que sucederá después de hundirse

Datos de la ONG británica Global Witness señalan que 2019 fue el año más letal para los líderes y lideresas ambientales. Colombia registró 64 asesinatos.

Foto: Cristian Garavito

Este fin de semana se hundió el Proyecto de Ley para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia, el primer instrumento vinculante creado hasta ahora para la protección de defensores y defensoras ambientales. Además, es una herramienta que busca regular los derechos de los ciudadanos para acceder a la información, participar de los asuntos públicos y para que la justicia sea efectiva sobre el uso sostenible de los recursos naturales. (Lea: Ratificar Escazú, última oportunidad para impulsar la democracia ambiental)

Ratificarlo en un país como Colombia, que es uno de los más violentos para los líderes y lideresas ambientales, es demasiado importante para garantizar su protección. Para Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, “la difícil situación de seguridad que atraviesan los líderes ambientales y sociales en el país hace imperativo mostrar señales claras por parte del Gobierno Nacional y del Congreso de la República y que evidencien su voluntad de protegerlos y que les permita ejercer sus derechos sin temor”.

Y aunque el proyecto esta archivado, aún se puede rescatar el Acuerdo y que Colombia sea parte de él. El senador Antonio Sanguino, del Partido Verde, aclaró que la única alternativa para revivir el Acuerdo de Escazú es “que sea el mismo Gobierno el que lo presente de nuevo, ya que por ser un tratado internacional este es el único con esta capacidad”. En otras palabras, como el proyecto no se rechazó, sino que fue archivado por falta de trámite, aún se puede presentar en la siguiente legislatura.

Este lunes, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, informó a través de su cuenta de Twitter que el Gobierno “volvería a presentarlo para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”. Insistió en que su ratificación era “una prioridad para el Gobierno de Iván Duque”.

Pero, ¿en qué consiste el Acuerdo? ¿Cómo ha sido su ratificación en el Congreso? ¿Por qué se retraso el proceso? ¿Qué pierde Colombia si no se vincula? ¿Qué países ya lo han empleado? Aquí le explicamos las principales dudas que giran en torno al Acuerdo de Escazú.

¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?

Con el propósito de garantizar la protección de los líderes ambientales, el 4 de marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica), 24 países adoptaron el primer convenio ambiental logrado en América Latina y el Caribe, conocido por ser el primero en el mundo en tener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú, además de reconocer la categoría de líderes y defensores ambientales, busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

¿Cuántas veces fue aplazada la ratificación del Acuerdo de Escazú?

El camino para que se ratifique el Acuerdo de Escazú ha sido largo y con bastantes excusas, una de ellas es que no se conocía a fondo de qué se trataba. Para explicar sus conceptos básicos, varias organizaciones ambientales lanzaron diversas campañas y el Acuerdo fue calando a las principales noticias del país. Tanto así que fue una de las peticiones que surgió en el marco del Paro Nacional de 2019. (Puede leer: Colombia, a tiempo de ratificar Acuerdo de Escazú)

El 11 de diciembre de 2019 se firmó el Acuerdo y un día después el gobierno se comprometió a ratificarlo, luego de reconocer los importantes avances en la normativa sobre democracia ambiental en el país. Pero, aún faltaba la ratificación por parte del Congreso de la República. Siete meses después de su firma, finalmente tuvo presentación en las comisiones segundas del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

El Acuerdo fue presentado con mensaje de urgencia el 20 de julio de 2020 y a partir de ese momento inició el debate, que trajo como resultado dos audiencias públicas y un foro regional. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2020 el senador Ernesto Macías envió una carta a Alicia Arango, en ese entonces ministra de Interior, para que se suspendiera el trámite hasta que no se realizará una consulta previa presencial con las comunidades indígenas y afrocolombianas. Ante la petición, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y organizaciones indígenas (MPC) enviaron otra carta y el debate continuó.

Para el 28 de octubre de 2020, ya eran cuatro las veces que el debate sobre la ratificación fue aplazado en el Congreso. Se han usado distintas excusas para no discutirlo como el Paro Nacional, que se cruzaba con otras plenarias del Senado o que, para discutirlo, se necesitaba realizar una consulta previa con las comunidades étnicas. Y, para que entrara en vigencia, 11 países debían ratificarlo para que entrara en vigor en la región. En enero de 2021 México y Argentina lo firmaron y el Acuerdo tuvo el último impulso. Tres meses después de la ratificación del país número 11 Escazú entró oficialmente en vigor.

Este fin de semana era la última oportunidad en este periodo legislativo que Colombia tenía para que la ratificación del Acuerdo de Escazú avanzara. La votación se había convocado para el jueves 17 de junio, pero se aplazó porque el Congreso convocó plenaria a las 10 a.m., lo que impidió que se continuara con la votación que estaba programada entre las 9 a.m. y 10 a.m. Cabe aclarar que no es permitido hacer dos sesiones al tiempo. Se esperaba que el sábado 19 de junio se agendara de nuevo el debate para que se realizara el 20 de junio, como la última salida para radicarlo, ya que es la fecha en que se termina la legislatura. Pero, el Acuerdo de Escazú no fue mencionado en la agenda y se archivó.

Según Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, que se haya “hundido” el Acuerdo de Escazú se trató de “una ‘maniobra’ desde la sesión conjunta del miércoles 16 de junio por parte del Representante uribista Juan David Vélez, quien dilato en la sesión pasada la votación del proyecto y hoy, no hizo uso de lo dispuesto en la Ley 5 de 1992, al no citar la sesión para anunciar el proyecto de ley tal como se hizo en la Comisión Segunda del Senado”.

¿Por qué retrasó el Congreso su ratificación?

La investigadora María Alejandra Aguilar, coordinadora del área de justicia climática de la organización Ambiente y Sociedad, señaló que el Gobierno no ha sido coherente con sus decisiones frente a Escazú. Lo primero, añadió, es que a pesar de que fue Duque quien presentó el proyecto de ley ante el Congreso, además con mensaje de urgencia, sea su mismo partido, el Centro Democrático, el que ha puesto más oposición. (Le puede interesar: Una línea del tiempo para entender el Acuerdo de Escazú que entró en vigor)

Y, al no ratificar Escazú con urgencia, el Congreso parece ignorar una clara realidad: Colombia es uno de los países con más conflictos socioambientales y uno de los más peligrosos para los defensores del medio ambiente. “Vemos que todos los días, o casi todos los días, se asesina a un defensor o defensora del medio ambiente en Colombia. Como el país anunció un compromiso climático más ambicioso, no podremos lograrlo sin líderes ambientales, porque ellos son los que están en territorio y avanzan en la acción climática”, comentó.

¿Se puede ratificar de nuevo durante el gobierno de Iván Duque?

El senador Antonio Sanguino, del Partido Verde, aclaró que la única alternativa para revivir el Acuerdo de Escazú es “que sea el mismo Gobierno el que lo presente de nuevo, ya que por ser un tratado internacional este es el único con esta capacidad”.

Para Lina Muñoz, directora de la especialización y maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario “los gobiernos no son eternos, cambian cada cuatro años. Los mandatarios son efímeros y cada vez que uno cambia, tendremos la oportunidad de rectificar el camino. En Colombia la situación también puede cambiar y entraremos a Escazú en corto o mediano plazo”.

¿Qué pasa si no se ratifica?

El Acuerdo de Escazú está construido sobre tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia ambiental. Para Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, señaló que es urgente que Colombia ratifique el tratado por un tema político.

“Es esencial que los gobernantes reconozcan la relación entre los derechos humanos y la protección del ambiente y desde allí, los derechos de las personas defensoras del ambiente. Sin esa base o punto de partida, así se apruebe Escazú, su reglamentación e implementación no sería tan efectiva”, comentó.

Además del ámbito político, es bastante lo que pierde Colombia al no ratificarlo. Madrigal menciona que en lo jurídico, por ejemplo, el país no “tiene un sistema integrado e interdependiente de estándares jurídicos que brinden esos pisos mínimos de actuación. Nuestro gran problema es de cumplimiento de la normatividad ambiental, de ineficacia. Y de conflictividad”. Un aspecto al que se suma el senador Sanguino, al decir que “Colombia perdería una capacitación a operadores de justicia para que la ejerzan con un enfoque de desarrollo sostenible”. En cuanto a lo económico, dijo Madrigal, no podría acceder a estrategias de cooperación que tiene Escazú, entre las que está el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (Puede leer: Demandas internacionales y otros mitos sobre el Acuerdo de Escazú)

El Acuerdo también busca que, de alguna manera, los países que lo ratifiquen se ayuden entre años a lograr los objetivos propuestos. Por ejemplo, los artículos 10 y 11 hablan de la cooperación y fortalecer las capacidades entre países, así como de un intercambio de experiencias de y de saberes. Sin ratificar, Colombia pierde este espacio. Otro artículo, el 14, habla de un Fondo Voluntario de Contribuciones que recibirá recursos voluntarios no solo de los países que hacen parte del Acuerdo, sino de cooperación internacional de otras regiones, así como fundaciones. Sin ratificar, el país no podrá acceder a estos recursos.

¿Cuáles son los países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú?

Los otros países que han firmado el Acuerdo, al día de hoy, son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia y Uruguay. En total, suman 24 países.

¿En qué radica la importancia de que Colombia lo ratifique?

Para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy importante que le permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales. Con la ratificación de este instrumento, el país tendrá un mejor marco legal para la transparencia y mayor seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo de proyectos e incentivan las inversiones en Colombia, en cumplimiento y concordancia con los estándares comerciales globales y regionales.

Según explica la organización ambiental WWF, “Colombia es un país en el que la mayoría de contingencias relacionadas con proyectos del sector privado ocurren justamente por falta de procesos de participación y acceso a la información efectivos, lo que demuestra la importancia del Acuerdo de Escazú para el fortalecimiento de agendas de desarrollo a favor de todos los actores involucrados”.

Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad, la cual hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, puntualiza que en medio del contexto nacional el Acuerdo es una herramienta fundamental para impulsar consensos, espacios de diálogo, unir a la sociedad en el marco de la protección de las personas defensoras del ambiente. “Es importante recordar que el Acuerdo Escazú busca regular y articular los derechos socioambientales y derechos humanos y que ha involucrado a la participación ciudadana desde el día cero”.

Algunos mitos que opacaron el Acuerdo de Escazú

Algunos gremios, como la Federación Nacional de Avicultores y Fedegán, aseguraron que el Acuerdo no establece claridad sobre las consultas previas y los procesos que requerirán licencia ambiental, cuando, según los expertos, en su naturaleza no está modificar ninguno de estos dos instrumentos. Otros sostienen que no le aporta al país porque la legislación ambiental colombiana es suficiente y que las obligaciones que este dispone disminuirían las inversiones y amenazarían sectores productivos del país, como infraestructura, construcción y ganadería. Pero el rechazo más fuerte proviene de congresistas del Centro Democrático, quienes afirman que se pondría en riesgo la soberanía del país. Estos son algunos de los mitos que han opacado la ratificación del Acuerdo. (Le puede interesar: ¿Quién le teme al Acuerdo de Escazú?)

No es cierto que el Acuerdo tenga alguna disposición que afecte la soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos o aéreos del territorio nacional ni sobre la capacidad de decidir sobre ellos. Se guía por dos principios que protegen, respetan y refuerzan la soberanía de los Estados. Tampoco es cierto que al ratificarlo se otorga facultades especiales a organismos internacionales para intervenir en los países. Escazú cuenta con órganos para facilitar la implementación de las obligaciones, como la Conferencia de las Partes (COP), que es el único que puede tomar decisiones sobre este.

Otro de los mitos está en torno a si se este Acuerdo es una imposición de las organizaciones internacionales. Y es falso, ya que ninguna organización internacional tiene el poder de imponer a un Estado la firma o ratificación de un tratado. La CEPAL y las organizaciones internacionales proveen insumos técnicos y fortalecen los procesos de intercambio entre los países, con el objetivo de apoyarlos con su conocimiento en la materia y experiencia de trabajo en diferentes contextos.