Al banquillo 94 entidades colombianas por deforestación en Amazonia
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó una audiencia pública de nueve días para que los responsables de reducir a cero la deforestación, desde el Presidente Iván Duque hasta alcaldes, expliquen por qué no han logrado cumplir las metas.
Pablo Correa
Hace poco más de un año la Corte Suprema de Justicia, en una decisión histórica, aceptó una tutela presentada por 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos en la que pedían salvaguardar sus derechos a un ambiente sano a través de la protección de la Amazonia. El 5 de abril de 2018 el alto tribunal les dio la razón, trazó seis directrices que debían cumplir 94 entidades e incluso fue más allá al declarar a la Amazania sujeto de derechos para así garantizar su protección.
Ahora el Tribunal Superior de Bogotá, encargado de hacer seguimiento a esa decisión, tomó la determinación de sentar en el banquillo a todos los responsables ante la falta de progresos claros y contundentes. En un auto proferido por el magistrado Jorge Eliécer Moya se cita a todas estas entidades a rendir cuentas de sus acciones a partir del próximo 14 de octubre.
Serán nueve días a lo largo de los cuales un representante de cada entidad tendrá que exponer ante los magistrados, los demandantes y la comunidad en general las acciones ejecutadas pero también las razones por las que no se ha cumplido a cabalidad con las directrices de la Corte. Si bien en la Amazonia la deforestación disminuyó en 5.971 hectáreas el año pasado, pasando de 144.147 hectáreas deforestadas en 2017 a 138.176 hectáreas en 2018, la región sigue siendo la más deforestada del país (concentra el 70% de toda la problemática). (En 2018, Colombia deforestó 197.159 hectáreas de bosque).
“No se desconoce que hay algunos avances en el propósito de blindar a la Amazonia contra la deforestación”, reflexionó el magistrado en su auto, “no obstante lo cierto en este momento es que ninguna de las convocada a la presente actuación ha demostrado pleno cumplimiento a lo ordenado y que, por contera, lejos están de reducir a cero la deforestación en la Amazonia, en la forma y términos señalados en la sentencia 4360-2018”.
La audiencia es importante porque envía una señal clara de que se están presentando incumplimientos. Antes de tomar acciones más contundentes, el juez tendrá la oportunidad de escuchar a las partes demandadas.
Las cinco directrices
Las cinco directrices trazadas por la Corte Suprema de Justicia y que marcarán el ritmo de la audiencia eran claras. La primera de ellas iba dirigida al gobierno nacional al asignarle la obligación de formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarrestara la tasa de deforestación de la Amazonia.
En la segunda se ordenó a todos los entes y personas involucradas, así como organizaciones científicas o grupos de investigación ambientales, construir un "pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano", en donde se adoptaran medidas para reducir a cero la deforestación y la emisión de gases efecto invernadero.
La tercera ordenó a todos los municipios de la Amazonia colombiana actualizar e implementar en sus Planes de Ordenamiento Territorial un plan de acción de reducción a cero de la deforestaciôn en su territorio.
La cuarta recayó sobre las corporaciones autónomas con jurisdicción en la Amazonia y les ordenó la elaboraciôn de un plan de acción para contrarrestar mediante medidas policivas, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación informados por el IDEAM.
Por último se ordenó a todas las entidades trabajar con carácter de “urgencia” e incrementar las acciones tendientes a mitigar la deforestación. En especial, a aumentar las denuncias y querellas administrativas y judiciales necesarias.
El debate de las cifras
Una de las 25 demandantes, la economista Valentina Rozo, recientemente publicó un análisis de las metas de deforestación trazadas por el gobierno nacional en el Plan de Desarrollo en el que demostró que iban en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
“¿Me creería si le digo que el gobierno de Iván Duque está de acuerdo con que durante cuatro años se talen más de 200.000 hectáreas de bosque?”, escribió en un artículo.
En concreto, Rozo argumentó que la meta de deforestación que Duque y el Ministerio de Ambiente en cabeza de Ricardo Lozano establecieron en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 partía de un cálculo ambiguo. La meta planteada por el gobierno se cumpliría si “no se deforesta ni una hectárea más que en 2017. En otras palabras, el gobierno puede celebrar si después de cuatro años se talan 219.973 hectáreas de bosque. Son casi dos veces el tamaño de Bogotá”.
Algo similar ocurrió durante el gobierno del expresidente Santos, A pesar de que año tras año la cifra de deforestación creció, el gobierno aprovechó que esa cifra era menor a la que ellos proyectaba para convertir el resultado en un falso logro.
Ahora que los ojos del mundo están puestos en el Amazonas tras la situación de Brasil, nace una oportunidad para alinear voluntades y trabajar por una meta de cero deforestación en la Amazonia.
Hace poco más de un año la Corte Suprema de Justicia, en una decisión histórica, aceptó una tutela presentada por 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos en la que pedían salvaguardar sus derechos a un ambiente sano a través de la protección de la Amazonia. El 5 de abril de 2018 el alto tribunal les dio la razón, trazó seis directrices que debían cumplir 94 entidades e incluso fue más allá al declarar a la Amazania sujeto de derechos para así garantizar su protección.
Ahora el Tribunal Superior de Bogotá, encargado de hacer seguimiento a esa decisión, tomó la determinación de sentar en el banquillo a todos los responsables ante la falta de progresos claros y contundentes. En un auto proferido por el magistrado Jorge Eliécer Moya se cita a todas estas entidades a rendir cuentas de sus acciones a partir del próximo 14 de octubre.
Serán nueve días a lo largo de los cuales un representante de cada entidad tendrá que exponer ante los magistrados, los demandantes y la comunidad en general las acciones ejecutadas pero también las razones por las que no se ha cumplido a cabalidad con las directrices de la Corte. Si bien en la Amazonia la deforestación disminuyó en 5.971 hectáreas el año pasado, pasando de 144.147 hectáreas deforestadas en 2017 a 138.176 hectáreas en 2018, la región sigue siendo la más deforestada del país (concentra el 70% de toda la problemática). (En 2018, Colombia deforestó 197.159 hectáreas de bosque).
“No se desconoce que hay algunos avances en el propósito de blindar a la Amazonia contra la deforestación”, reflexionó el magistrado en su auto, “no obstante lo cierto en este momento es que ninguna de las convocada a la presente actuación ha demostrado pleno cumplimiento a lo ordenado y que, por contera, lejos están de reducir a cero la deforestación en la Amazonia, en la forma y términos señalados en la sentencia 4360-2018”.
La audiencia es importante porque envía una señal clara de que se están presentando incumplimientos. Antes de tomar acciones más contundentes, el juez tendrá la oportunidad de escuchar a las partes demandadas.
Las cinco directrices
Las cinco directrices trazadas por la Corte Suprema de Justicia y que marcarán el ritmo de la audiencia eran claras. La primera de ellas iba dirigida al gobierno nacional al asignarle la obligación de formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarrestara la tasa de deforestación de la Amazonia.
En la segunda se ordenó a todos los entes y personas involucradas, así como organizaciones científicas o grupos de investigación ambientales, construir un "pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano", en donde se adoptaran medidas para reducir a cero la deforestación y la emisión de gases efecto invernadero.
La tercera ordenó a todos los municipios de la Amazonia colombiana actualizar e implementar en sus Planes de Ordenamiento Territorial un plan de acción de reducción a cero de la deforestaciôn en su territorio.
La cuarta recayó sobre las corporaciones autónomas con jurisdicción en la Amazonia y les ordenó la elaboraciôn de un plan de acción para contrarrestar mediante medidas policivas, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación informados por el IDEAM.
Por último se ordenó a todas las entidades trabajar con carácter de “urgencia” e incrementar las acciones tendientes a mitigar la deforestación. En especial, a aumentar las denuncias y querellas administrativas y judiciales necesarias.
El debate de las cifras
Una de las 25 demandantes, la economista Valentina Rozo, recientemente publicó un análisis de las metas de deforestación trazadas por el gobierno nacional en el Plan de Desarrollo en el que demostró que iban en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
“¿Me creería si le digo que el gobierno de Iván Duque está de acuerdo con que durante cuatro años se talen más de 200.000 hectáreas de bosque?”, escribió en un artículo.
En concreto, Rozo argumentó que la meta de deforestación que Duque y el Ministerio de Ambiente en cabeza de Ricardo Lozano establecieron en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 partía de un cálculo ambiguo. La meta planteada por el gobierno se cumpliría si “no se deforesta ni una hectárea más que en 2017. En otras palabras, el gobierno puede celebrar si después de cuatro años se talan 219.973 hectáreas de bosque. Son casi dos veces el tamaño de Bogotá”.
Algo similar ocurrió durante el gobierno del expresidente Santos, A pesar de que año tras año la cifra de deforestación creció, el gobierno aprovechó que esa cifra era menor a la que ellos proyectaba para convertir el resultado en un falso logro.
Ahora que los ojos del mundo están puestos en el Amazonas tras la situación de Brasil, nace una oportunidad para alinear voluntades y trabajar por una meta de cero deforestación en la Amazonia.