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A través de la Alerta Temprana 024-2022 el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió un riesgo para los pueblos indígenas que habitan algunas zonas del Amazonas, como los departamentos de Guaviare, Guainía, Meta y Vaupés por actividades violentas financiadas por el narcotráfico. En su visita al departamento del Vaupés, dialogó con las comunidades y revisó la situación de confinamiento y el alto riesgo de reclutamiento de menores de edad que afecta por lo menos a 59 pueblos indígenas.
“Las disidencias de las Farc buscan a niños, niñas y adolescentes, incluso indígenas en Mitú y Carurú para ser reclutados, para obligarlos a informar sobre los movimientos de la fuerza pública y para integrar sus redes de narcotráfico”, aseguró el Defensor del Pueblo. (Le puede interesar Pueblos indígenas, desproporcionadamente afectados por actividades extractivas: ONU)
Para la Defensoría, las disidencias de las Farc pretenden utilizar a esta población para conseguir información relacionada con los movimiento de la Fuerza Pública, identificar la capacidad armada y los tiempos de permanencia en determinados sitios o zonas. También señalan que buscan vincularlos en actividades de la cadena cocainera, así como objeto de violencia sexual.
“Las disidencias de las Farc están imponiendo férreos controles sobre la población residente, la cual se ve afectada en sus actividades cotidianas y comerciales. Su injerencia se cierne con mayor riesgo sobre las comunidades indígenas y demás residentes, que se asientan en el área rural de los municipios de Mitú y Carurú. Las acciones de control social también se expresan en la restricción de la libre movilidad y comunicación de la población en sus territorios, vulnerando con ello derechos de los pueblos indígenas respecto de sus usos y costumbres”, agregó Carlos Camargo.
Además de los intereses de narcotráfico, aliados con carteles de México y Brasil, las disidencias de las Farc buscan el control de la explotación ilegal de los recursos naturales (minería). En esas disputas, dice la Defensoría, cometen delitos en territorios ancentrales. (Le puede interesar Alertan que la Amazonía requiere de cuidados intensivos por deforestación)
Entre los mecanismos de control, se identifican las restricciones para que las personas realicen, en horas de la noche, actividades como la pesca y caza, con las cuales garantizan la seguridad alimentaria de sus familias y la comunidad. “Esa presión la cometen también en las vías fluviales por el río Vaupés, en donde exigen el pago de extorsiones a los transportadores de mercancías. Esta situación viene afectando a la población de los cascos urbanos desde comienzos del año 2022, que se expresa en el desabastecimiento en los productos de primera necesidad y el incremento de los precios”, explica la Defensoría.
El Defensor del Pueblo le pidió a las autoridades tomar acciones ante el riesgo que corren los excombatientes de las Farc, las comunidades indígenas y las habitantes de estos territorios por las amenazas que reciben en contra de su vida y la de sus familias. “Urge implementar acciones que pueden reducir el grado de vulnerabilidad de las comunidades y grupos étnicos expuestos ante el avance de los avatares violentos del conflicto armado”, puntualizó Camargo.
