Hace un par de días la ministra de Ambiente (encargada), Irene Vélez, sorprendió a las personas que estaban en la cumbre de cambio climático (COP30) en Brasil, con un anuncio que se robó todas las miradas: aseguró que Colombia ya es el primer país de la región en declarar toda su Amazonia como zona de reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos.
La “decisión” la repitió esa cartera en un comunicado de prensa que fue distribuido a más de 700 periodistas que hacen parte de su grupo de WhatsApp. En él, calificaron lo dicho por Vélez como “un paso histórico para proteger más de 483.000 km² del bioma amazónico”. Varios medios de comunicación, como El Tiempo y Caracol Radio, replicaron la información y señalaron que había sido algo sin precedentes.
Sin embargo, como detallamos en este artículo, el Ministerio de Ambiente no compartió ninguna resolución donde especifique los detalles de ese proceso. Tampoco ha publicado en su página web un acto administrativo.
Para resolver las dudas, desde El Espectador le hemos insistido a esa cartera, desde el jueves, 13 de noviembre, en que nos envíe ese documento y en que nos ayude a resolver inquietudes respecto a esa “decisión”, pero no hemos obtenido respuesta. También hemos intentado conversar con Vélez en Brasil, pero ha sido imposible.
Una de las principales preguntas alrededor de ese pronunciamiento es si el Minambiente ya llevó a cabo el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para declarar la Amazonia como “reserva de recursos naturales renovables”.
De hecho, fue el mismo Ministerio el que nos había aclarado a finales de octubre —cuando era pública su idea en un borrador de resolución— que sí debía realizar ese proceso. Incluso, le dijeron a este diario, esperaban “adelantarlo con plena garantía de los derechos colectivos de las comunidades y con la mayor celeridad posible”.
Señalaron que ese documento era apenas un “punto de partida para el proceso de participación y consulta con la ciudadanía, con los pueblos étnicos que custodian el territorio”.
Ahora se conoce un concepto del Ministerio del Interior en el que esa cartera le reiteró a Irene Vélez que declarar la Amazonia como una “reserva” libre de explotación de hidrocarburos es “una medida administrativa sujeta al desarrollo de consulta previa”.
¿Qué dijo el Ministerio del Interior?
El documento está firmado por Alfonso Enrique Jiménez, subdirector técnico de Consulta Previa del Mininterior. Se lo envió a Vélez el 9 de octubre de este año y está compuesto por 13 páginas, en las que expone los motivos jurídicos y “fácticos”, por los cuales hay que hacer un proceso de consulta previa para tomar esa decisión.
Por un lado, le dice que el proyecto de resolución “regula aspectos concretos y [es] de especial interés colectivo para los pueblos étnicos”, así como delimita territorios en los que se “desarrollan actividades y prácticas tradicionalmente ligadas a su cultura, historia y formas de subsistencia”.
Además, le recuerda que en ese territorio, que representa el 42% de Colombia, se identificaron 566 comunidades étnicas, a las cuales se les debe “valorar y respetar el conocimiento propio”, así como sus “métodos tradicionales para identificar y relacionarse con su territorio”.
“Cualquier figura de reserva que se cree debe reconocer y garantizar la autoridad legítima de estas comunidades y sus sistemas tradicionales de uso y manejo del territorio, incluyendo sus prácticas culturales, espirituales y de subsistencia, acorde con su cosmovisión”, escriben desde la Subdirección Técnica de Consulta Previa, del Mininterior.
Esa depedencia explica un par de aspectos más: por un lado, dice que el desarrollo de una reserva podría “establecer limitaciones, nuevas cargas o restricciones a las comunidades étnicas a las que conforme a derecho se les otorgaron concesiones mineras en el territorio objeto de análisis”.
Por otro lado, expone que, “a pesar de ser una herramienta institucional que busca prevenir impactos graves o irreversibles, puede ocasionar una transformación a los modos de vida tradicionales, afectando la identidad cultural y la transmisión intergeneracional de saberes”.
“Podría generar una posible afectación a las comunidades étnicas de la región, dado que estas desarrollan dinámicas económicas, sociales y culturales en torno a los proyectos que se implementan en sus territorios”, le escribe en los párrafos finales de la comunicación, en la que también indica que esa decisión también podría restringir ingresos a las comunidades que provengan de la minería o de los hidrocarburos, bien sea a través de la prestación de servicios o de regalías.
Por todos esos motivos, le dice el Ministerio del Interior al Ministerio de Ambiente, la medida requiere del desarrollo de una consulta previa.
Este es el documento completo:
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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