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La reciente declaración de Colombia en la COP30 de cambio climático de blindar toda su Amazonia frente a la gran minería y los hidrocarburos —que no aún es un hecho— traza el horizonte de transformación que la humanidad necesita y que las futuras generaciones merecen. Por primera vez, un país amazónico anuncia su intención de prohibir nuevas actividades extractivas en 483.000 km² de selva. La ciencia lo respalda con claridad: no hay respuesta posible a la crisis climática sin dejar los combustibles fósiles bajo tierra y sin garantizar una protección absoluta de los ecosistemas críticos.
El verdadero reto empieza ahora. Porque la Amazonia no se protege con discursos, sino deteniendo la extracción existente, garantizando justicia para los pueblos que han defendido el bosque y rompiendo con el modelo económico que convirtió a los territorios de vida en zonas de sacrificio. Querer declarar a la Amazonia como zona libre de extractivismo es un paso monumental y un gesto valiente y necesario en un escenario de negociación como la COP, pero desde Amazon Watch sabemos que las victorias en el papel se vuelven reales solo cuando la política se atreve a enfrentar al poder económico. Colombia dio un gran paso esta semana, pero su credibilidad se medirá en los hechos.
Actualmente, existen 43 bloques petroleros activos y 286 solicitudes mineras en la Amazonia colombiana, según el Ministerio de Ambiente; muchos de ellos responsables de contaminación, pérdida de biodiversidad, afectaciones sociales y culturales, y violaciones de derechos humanos. Irónicamente, esta misma semana la justicia colombiana revocó una medida de protección ambiental en Mocoa, Putumayo, abriendo la puerta al primer proyecto de megaminería (aunque se presenta como mediana) en la región: Giant Copper. Se promociona como parte de la “transición energética”, pero sus impactos ecológicos y sociales serían irreversibles.
A estas contradicciones internas también se suma la presión global. En esta misma COP, junto a otras organizaciones, publicamos un informe que revela la magnitud del desafío: 190 empresas de 42 países impulsan nuevos proyectos de petróleo y gas en la región —con Brasil concentrando casi la mitad— mientras avanzan planes para construir 8.800 km de oleoductos, 19 terminales de GNL (gas natural licuado) y 54.000 MW en plantas a gas. Todo ello financiado, principalmente, por bancos del Norte Global. Entre 2022 y 2024, 297 bancos (siendo Santander, JP Morgan y Citi Group los principales) destinaron US$138.5 mil millones a empresas fósiles.
En este contexto, el llamado desde Belém a construir una Alianza Amazónica por la Vida es una invitación a toda la comunidad internacional a reconocer que la Amazonía es el punto de quiebre de nuestra estabilidad climática global. También es importante reconocer que la trocha es larga. La política nacional deberá ser consultada de manera adecuada con los pueblos indígenas, afros y campesinos, y se requiere de mayor claridad sobre los mecanismos concretos de implementación.
La pregunta ya no es si la medida es correcta o no (porque lo es), sino cómo se implementará en territorios donde la minería, el petróleo y las redes criminales llevan décadas operando, así como considerar la especificidad de las tantas “Amazonias” que componen esta región. El actual gobierno de Gustavo Petro aún cuenta con varias oportunidades en lo que resta de su gestión:
- Que la primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, pensada en desarrollarse en Bogotá el próximo año, cuente con acuerdos vinculantes y participación central de los Pueblos Indígenas, impulsando el Tratado de No-proliferación de los Combustibles Fósiles.
- Revisar y detener de inmediato los planes de minería en la Amazonía, cuyo desarrollo sería incompatible con la declaratoria anunciada y con la autodeterminación de los pueblos indígenas.
- Investigar, paralizar y reparar los lotes petroleros que han vulnerado derechos humanos (incluyendo los de la Amazonia misma como sujeto de derechos en Colombia) y devastado territorios.
- Implementar plenamente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo U’wa, pioneros de la resistencia al petróleo.
- Brindar una protección eficaz a defensores/ras ambientales y organizaciones, comunidades y pueblos amazónicos bajo amenaza por defender sus territorios y cuidar la vida en todas sus expresiones.
- Potenciar con toda fuerza las alternativas económicas e iniciativas de transición energética comunitarias en los territorios.
Ahora, tras el anuncio, tanto el “gobierno del Cambio” como los demás Estados de la cuenca amazónica deben demostrar que están a la altura. En un año electoral este desafío no recae solo sobre Petro, sino que exige compromisos serios de todas las candidaturas. La selva y sus pueblos (que la habitan, gestionan, gobiernan y defienden) no pueden esperar otra década de promesas.
*Director de programas en Colombia, Ecuador y Perú de Amazon Watch
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Por Raphael Hoetmer*
