La Corte Suprema de Brasil tumba decretos de Bolsonaro para proteger el medio ambiente
La Corte Suprema de Justicia de Brasil derribó ayer los decretos del presidente Jair Bolsonaro que excluían la participación de la sociedad civil en los órganos que toman decisiones sobre el medio ambiente en el país.
De tres decretos derogados por el máximo tribunal, dos tenían relación directa con la Amazonia brasileña, donde el líder ultraderechista viene incentivando la explotación económica, pese a ser uno de los ecosistemas más vitales para el equilibrio climático mundial.
La decisión de la Corte, que respondió a un recurso interpuesto por el partido de oposición Red de Sostenibilidad, se concretó este jueves con el voto del magistrado Luis Fux, presidente del máximo tribunal. La mayoría de los 11 magistrados ya había dado su visto bueno la víspera, con excepción de Kasio Nunes Marques, postulado por Bolsonaro en 2020.
“Las políticas públicas ambientales actualmente adoptadas resultan insuficientes e ineficientes, por lo tanto, constitucionalmente inválidas para cumplir con el mandato constitucional de preservar el medio ambiente”, aseguró la magistrada Carmen Lúcia, instructora del caso, al argumentar su voto por la derogación de los decretos. (Lea: Predicen extinción masiva de vida marina si persiste el calentamiento global)
La noticia fue recibida positivamente por organizaciones ecologistas que destacaron el papel del Supremo como “guardián” de la democracia y “protector” del medio ambiente.
“Ningún presidente nos puede quitar el derecho de participar de las decisiones que van a afectar la calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos y del lugar donde vivimos. Ese es un derecho que la Constitución garantizó y que ningún gobernante de turno puede cambiar aunque no le guste”, señaló Raúl Valle, director de Justicia Social y Ambiental de WWF-Brasil.
Además de derogar los decretos, la decisión de la Corte restableció la participación de representantes de la sociedad civil en los tres consejos relacionados con el medio ambiente: el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, el Comité Organizador del Fondo Amazonía y el consejo deliberante del Fondo Nacional Ambiental (FNMA), el fondo más antiguo de América Latina enfocado en el medio ambiente. (Le puede interesar: El equivalente a diez campos de fútbol de bosque se destruyó cada minuto en 2021)
Las sentencias dictadas el jueves forman parte del llamado “Paquete Verde”, una iniciativa sin precedentes por parte del Supremo y que puso en la agenda de votaciones siete recursos relacionados con temas medio ambientales, seis de las cuales contra medidas del Gobierno de Bolsonaro.
El plenario inició el análisis el pasado 30 de marzo con la votación sobre dos recursos que buscan activar las políticas contra la deforestación en la Amazonía y obligar a que Brasil cumpla las metas climáticas, pero el juicio fue interrumpido el 6 de abril a pedido de André Mendonça, otro magistrado designado por Bolsonaro, quien solicitó más tiempo para estudiar los procesos.
La explotación económica de la Amazonía y el fin de la demarcación de nuevas reservas indígenas figuran entre las banderas impulsadas por el líder ultraderechista para llegar al poder.
Desde que asumió como jefe de Estado en Brasil, el Gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado las medidas de control y fiscalización de la minería ilegal en la mayor selva tropical del planeta. La minería ilegal es una de las principales causas de deforestación de la selva amazónica en Brasil, una problemática que se ha incrementado durante el Gobierno de Bolsonaro. (Le puede interesar: En video: un oso de anteojos es captado por cámara trampa en Boyacá)
Con más de 13.000 kilómetros cuadrados de vegetación nativa devastada, la deforestación en la Amazonía brasileña en 2021 fue la mayor de los últimos 15 años.
De tres decretos derogados por el máximo tribunal, dos tenían relación directa con la Amazonia brasileña, donde el líder ultraderechista viene incentivando la explotación económica, pese a ser uno de los ecosistemas más vitales para el equilibrio climático mundial.
La decisión de la Corte, que respondió a un recurso interpuesto por el partido de oposición Red de Sostenibilidad, se concretó este jueves con el voto del magistrado Luis Fux, presidente del máximo tribunal. La mayoría de los 11 magistrados ya había dado su visto bueno la víspera, con excepción de Kasio Nunes Marques, postulado por Bolsonaro en 2020.
“Las políticas públicas ambientales actualmente adoptadas resultan insuficientes e ineficientes, por lo tanto, constitucionalmente inválidas para cumplir con el mandato constitucional de preservar el medio ambiente”, aseguró la magistrada Carmen Lúcia, instructora del caso, al argumentar su voto por la derogación de los decretos. (Lea: Predicen extinción masiva de vida marina si persiste el calentamiento global)
La noticia fue recibida positivamente por organizaciones ecologistas que destacaron el papel del Supremo como “guardián” de la democracia y “protector” del medio ambiente.
“Ningún presidente nos puede quitar el derecho de participar de las decisiones que van a afectar la calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos y del lugar donde vivimos. Ese es un derecho que la Constitución garantizó y que ningún gobernante de turno puede cambiar aunque no le guste”, señaló Raúl Valle, director de Justicia Social y Ambiental de WWF-Brasil.
Además de derogar los decretos, la decisión de la Corte restableció la participación de representantes de la sociedad civil en los tres consejos relacionados con el medio ambiente: el Consejo Nacional de la Amazonía Legal, el Comité Organizador del Fondo Amazonía y el consejo deliberante del Fondo Nacional Ambiental (FNMA), el fondo más antiguo de América Latina enfocado en el medio ambiente. (Le puede interesar: El equivalente a diez campos de fútbol de bosque se destruyó cada minuto en 2021)
Las sentencias dictadas el jueves forman parte del llamado “Paquete Verde”, una iniciativa sin precedentes por parte del Supremo y que puso en la agenda de votaciones siete recursos relacionados con temas medio ambientales, seis de las cuales contra medidas del Gobierno de Bolsonaro.
El plenario inició el análisis el pasado 30 de marzo con la votación sobre dos recursos que buscan activar las políticas contra la deforestación en la Amazonía y obligar a que Brasil cumpla las metas climáticas, pero el juicio fue interrumpido el 6 de abril a pedido de André Mendonça, otro magistrado designado por Bolsonaro, quien solicitó más tiempo para estudiar los procesos.
La explotación económica de la Amazonía y el fin de la demarcación de nuevas reservas indígenas figuran entre las banderas impulsadas por el líder ultraderechista para llegar al poder.
Desde que asumió como jefe de Estado en Brasil, el Gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado las medidas de control y fiscalización de la minería ilegal en la mayor selva tropical del planeta. La minería ilegal es una de las principales causas de deforestación de la selva amazónica en Brasil, una problemática que se ha incrementado durante el Gobierno de Bolsonaro. (Le puede interesar: En video: un oso de anteojos es captado por cámara trampa en Boyacá)
Con más de 13.000 kilómetros cuadrados de vegetación nativa devastada, la deforestación en la Amazonía brasileña en 2021 fue la mayor de los últimos 15 años.