Durante la noche del jueves 12 de noviembre, el concejal Alejandro Campiño se acercó al alcalde de Mocoa, Putumayo, para preguntarle si tendría en cuenta como parte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio una proposición que hizo semanas atrás y que había sido aceptada por el Concejo. Eran las 11:30 p.m. y ese era el último día de plazo para que esa corporación le diera el visto bueno al documento radicado por la Alcaldía, pero no lo lograron.
“Íbamos en el artículo número 30, y eran 85”, señala Campiño. “La ley nos da 90 días para discutirlo y aprobarlo en el Concejo. Como no lo logramos, ahora tendrá que ser por decreto”. La pregunta que le hizo al alcalde se refería al artículo número 10 del PBOT, en el que los concejales proponían crear el “corredor biológico, forestal y cultural de Mocoa”, un área de 28.377 hectáreas destinada a la conservación de ecosistemas y en la que se restringirían actividades extractivas a gran escala, como la minería.
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Ese artículo ya había sido discutido y aprobado por el Concejo semanas atrás, en medio de varias tensiones. Como hemos contado en El Espectador, una compañía canadiense quiere explotar una gran mina de cobre en las montañas de Mocoa. El proyecto se encuentra en su fase exploratoria y estima un potencial de más de 1.100 millones de toneladas de este mineral, que se utiliza en la producción de paneles solares, baterías y carros eléctricos, materiales clave para la transición energética.
Libero Cobre, la compañía a cargo del proyecto, asegura en una presentación sobre el proyecto disponible en su página web que ya cuenta con un acuerdo de cooperación con el 95 % de la población de Montclar, el centro poblado más cercano a donde se desarrollaría la mina, y que en 2025 completó un proceso de consulta previa con el resguardo indígena de Condagua, que se encuentra al interior de uno de los puntos en los que se hacen perforaciones exploratorias.
Sin embargo, la mina no cuenta con un respaldo unánime. De hecho, desde la administración municipal y la Corporación Autónoma Regional (Corpoamazonia) se han promovido medidas para restringir la minería a gran escala en la capital putumayense. A estas se suman organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio y que promueven la protección de los ecosistemas de la región, que están en un lugar fundamental para la conexión entre la Amazonía y la cordillera de los Andes.
Justamente ese es el territorio que apuntaba a proteger el “corredor biológico” que se aprobó en el Concejo, “atendiendo a la importancia de conservar y cuidar un ecosistema único y lleno de biodiversidad que podría verse gravemente afectado por las actividades relacionadas con la minería”, explica Andrés Cancimance, exrepresentante a la Cámara y una de las personas que defiende restringir el desarrollo del proyecto de Libero Cobre.
El problema es que no está claro si el alcalde podrá incluir en el decreto del PBOT los artículos que fueron discutidos y aprobados por el Concejo, o si deberá publicar el documento radicado inicialmente y sin cambios. “Si este llegase a ser el caso, Mocoa perdería una gran oportunidad para proteger su biodiversidad a través de un artículo como el Corredor Biológico”, añade Cancimance.
Mientras esto se define, la ONG británica Global Witness publicó hoy un informe en el que asegura que Libero Cobre ha ejercido presiones sobre quienes se oponen al proyecto minero. El Espectador intentó hablar con la compañía sobre estos señalamientos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Una población dividida
La publicación de Global Witness asegura, en términos generales, que la presencia del proyecto minero ha generado una “ruptura en el tejido social” de Mocoa. Una de las muestras de esto es que, aunque gran parte de la población de la vereda Montclar participó en el acuerdo de cooperación con Libero Cobre, en otra vereda, Pueblo Viejo, que también está próxima al lugar que ocuparía la mina, el proyecto no cuenta con el mismo respaldo.
Pero la discusión alrededor de la presencia de Libero Cobre en la región no gira solo sobre quién los apoya y quién no. En septiembre de 2025, antes de que se realizara un festival anual que promueve la protección del agua y la biodiversidad, la minera canadiense envió una carta a la Alcaldía Municipal alertando sobre un supuesto plan para ejecutar una “toma” de la vereda Montclar, en donde se encuentran las instalaciones de Libero Cobre. Según la carta, varios líderes sociales y ambientales de la región aparecían mencionados en el plan.
En la carta enviada a la Alcaldía, la empresa dice que hay un plan con la “intención de que la toma se ejecute por grupos armados y otros actores, con apoyo logístico, medios de comunicación y adhesión de campesinos de otros municipios del departamento”. La comunicación, además, fue dirigida a la Policía y la Personería municipal.
“En respuesta a una solicitud de comentarios, Libero le dijo a Global Witness que su carta estaba basada en sus informes internos de seguridad e información de campo, así como en una carta presentada dos días antes por la Junta de Acción Comunal de Montclar y en la que la junta decía estar al tanto de encuentros en los que se estaba organizando una ocupación ilegal. También hizo énfasis en que la carta no constituía una denuncia penal y que no acusaba a nadie de haber cometido ningún delito”, se lee en el informe de la ONG.
El exrepresentante Andrés Cancimance, quien aparecía como parte del esquema de la supuesta toma, asegura que “ese tipo de acciones emprendidas directa o indirectamente por la multinacional, son hechos concretos que evidencian una estrategia perversa y violenta de señalamiento, estigmatización y criminalización de quienes nos oponemos de manera directa y contundente al proyecto de cobre en Mocoa, Putumayo”. Además, asegura que nunca fue informado de manera formal por las autoridades sobre su mención en la carta y que desconoce si la compañía interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
Teniendo en cuenta que, según lo escribió la compañía en su carta, se trataba de un plan para una “toma” con una presunta colaboración de grupos armados, El Espectador contactó a Libero Cobre para conocer si interpuso una denuncia formal para que se investigaran los hechos, pero no hubo respuesta. En su informe, la ONG asegura que “la empresa no ofreció ningún otro detalle de las evidencias en las que se basaron las acusaciones. Global Witness no ha encontrado ninguna evidencia que sugiera que las acusaciones formuladas en la carta resultaran ser ciertas”.
El futuro del corredor biológico
El concejal Campiño recuerda que, cuando se aprobó el artículo del “corredor biológico” en el PBOT, empezaron a circular en medios de comunicación locales y en redes sociales vídeos en los que lo acusaban de haber afectado a los campesinos. “Dijeron que los campesinos iban a ser despojados de sus tierras y que no iban a poder hacer proyectos agrícolas o de ganadería en el corredor. Eso es mentira”, asegura Campiño.
El corredor plantea que, en una franja del territorio municipal, que ocuparía parte de los títulos mineros en los que hoy explora Libero Cobre, el territorio se destine a la conservación y la restauración. De acuerdo con el concejal, esto permitiría usos del suelo como la ganadería silvopastoril o la agricultura a pequeña escala, pero no grandes actividades extractivas.
A pesar de que es el Gobierno nacional el que define en dónde se ejerce o no la minería, por tratarse de una actividad relacionada con el subsuelo, el artículo “sí hubiese proporcionado herramientas para hacerle frente a la intención de abrirle la puerta a la explotación minera a gran escala y a cualquier otro mecanismo asociado a las economías extractivistas en el municipio”, según Cancimance.
Durante la noche del jueves 12 de noviembre, el alcalde Carlos Hugo Piedrahita le dijo a Campiño que “sí iba a tener en cuenta los artículos que fueron aprobados durante las sesiones de discusión en el Concejo”. Este medio contactó a Piedrahita para conocer los detalles sobre cómo se incluirían estos artículos en la versión del PBOT que saldrá por decreto, pero no hubo respuesta por parte del funcionario.
En la propuesta inicial del PBOT, el artículo no solo proponía la creación de un corredor biológico, sino que establecía una “prohibición” explícita de la minería. Sin embargo, como contó El Espectador hace dos años, en 2018 ya se intentó hacer un acuerdo municipal similar, que fue tumbado por el Consejo de Estado por considerar que la administración municipal no puede decidir sobre el subsuelo.
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