Formalización de los Territorios Indígenas de la Amazonía: por la paz con la naturaleza

“Los pueblos indígenas existimos gracias a la selva de la Amazonía. La Amazonía existe gracias a nosotros”. Así lo expresó un líder del Territorio Indígena Pirá Paraná, ubicado en el departamento de Vaupés (Colombia), en una conversación con la Corte Constitucional en 2019.

Esta es una declaración que entraña dos verdades. Por un lado, nuestra supervivencia, como la de los pueblos indígenas, depende de la funcionalidad de la Amazonía, la selva tropical más extensa y biodiversa del mundo. Esa misma selva, con sus ríos y diversidad, es el soporte de nuestra vida. Así nos lo recuerda la sabiduría indígena de esta región y lo recalca la ciencia occidental, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés). De allí que procurar su permanencia y su integridad sean un imperativo.

A su vez, es la práctica diaria de la paz con la naturaleza la que permite la continuidad de la vida. No la ley del más fuerte ni del mejor. Es en las variadas relaciones de complementariedad entre distintos y en la legitimación de la interdependencia, donde emergen las soluciones exitosas para la convivencia y para la sostenibilidad de la vida.

Con la aspiración de asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia —y sus maneras de ser, hacer y comprender el mundo, distinta de la que pregona la cultura occidental— la Constituyente de 1991 le abrió camino al pluralismo y la diversidad, los cuales fueron acogidos como bases de la convivencia, la sostenibilidad de la vida y la organización del Estado. Una manera de materializarlos fue mediante el reconocimiento de los Territorios Indígenas como entidades que contribuyen al ordenamiento político y administrativo del país y como ámbito en el cual se proyecta el ejercicio de libre determinación de los pueblos indígenas.

Pasaron varias décadas y el Congreso omitió sistemáticamente sentar las bases para la participación plena de los Territorios Indígenas y sus autoridades en la conducción y administración del Estado, en igualdad de tratamiento al dado a los municipios y departamentos. Esta negligencia fue más cara para los pueblos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía. Una geografía habitada por cerca de 60 pueblos indígenas, distribuidos en 57 resguardos, que procuran la integridad territorial de cerca de 17 millones de hectáreas —tres cuartas partes de la extensión total de estos departamentos y una tercera parte de la Amazonía— y el ejercicio de soberanía en cerca de 2.100 kilómetros de frontera con Perú, Brasil y Venezuela.

Para superar este estado de cosas se promulgó, un día como hoy, el Decreto Ley 632 de 2018. Allí quedó consignado el procedimiento para formalizar la existencia de los Territorios Indígenas y avanzar en el ejercicio de la autonomía política, administrativa y fiscal. Poner la autodeterminación en el centro es la condición esencial para asumir el control de sus instituciones, preservar su organización social, política y económica, honrar los acuerdos culturales de manejo territorial y ambiental y legitimar las distintas concepciones de “vida buena”.

Seis años después, 15 Territorios Indígenas se encuentran organizados como entidad territorial de carácter especial (ver mapa). Disponen de un sistema de gobierno propio. Se han robustecido de Planes de vida, con base en sus sistemas de conocimiento y regulación, en los que se establece la bitácora necesaria para procurar la pervivencia cultural y la integridad territorial. Han definido las formas de organización y funcionamiento del poder público en sus territorios. Y más importante aún, están prestos a establecer el diálogo y la interacción y coordinación con las distintas autoridades para emprender un proceso recíproco de fortalecimiento y adecuación institucional. Desde aquí, los Territorios Indígenas aportan solidariamente a los fines del Estado Social de Derecho.

Es el sendero que trazaron las y los tradicionales. Solo resta que el Gobierno nacional avance decididamente hacia un Acuerdo intercultural que materialice las condiciones para la expresión plena de la diversidad biocultural.

Es nuestro deber, como país comprometido con la paz, asegurar la formalización de estos Territorios Indígenas como entidades territoriales y hacer que fructifique el consejo y amanezca la palabra que se plasmó en los Planes de Vida. De cara a la COP 16, la Amazonía, como una de las 13 eco-regiones representadas en la flor de Inírida, reclama un lugar para los Territorios Indígenas debidamente instituidos como entidades territoriales en paz con la naturaleza.

* Doris Ochoa Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas.

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“Los pueblos indígenas existimos gracias a la selva de la Amazonía. La Amazonía existe gracias a nosotros”. Así lo expresó un líder del Territorio Indígena Pirá Paraná, ubicado en el departamento de Vaupés (Colombia), en una conversación con la Corte Constitucional en 2019.

Esta es una declaración que entraña dos verdades. Por un lado, nuestra supervivencia, como la de los pueblos indígenas, depende de la funcionalidad de la Amazonía, la selva tropical más extensa y biodiversa del mundo. Esa misma selva, con sus ríos y diversidad, es el soporte de nuestra vida. Así nos lo recuerda la sabiduría indígena de esta región y lo recalca la ciencia occidental, como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés). De allí que procurar su permanencia y su integridad sean un imperativo.

A su vez, es la práctica diaria de la paz con la naturaleza la que permite la continuidad de la vida. No la ley del más fuerte ni del mejor. Es en las variadas relaciones de complementariedad entre distintos y en la legitimación de la interdependencia, donde emergen las soluciones exitosas para la convivencia y para la sostenibilidad de la vida.

Con la aspiración de asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia —y sus maneras de ser, hacer y comprender el mundo, distinta de la que pregona la cultura occidental— la Constituyente de 1991 le abrió camino al pluralismo y la diversidad, los cuales fueron acogidos como bases de la convivencia, la sostenibilidad de la vida y la organización del Estado. Una manera de materializarlos fue mediante el reconocimiento de los Territorios Indígenas como entidades que contribuyen al ordenamiento político y administrativo del país y como ámbito en el cual se proyecta el ejercicio de libre determinación de los pueblos indígenas.

Pasaron varias décadas y el Congreso omitió sistemáticamente sentar las bases para la participación plena de los Territorios Indígenas y sus autoridades en la conducción y administración del Estado, en igualdad de tratamiento al dado a los municipios y departamentos. Esta negligencia fue más cara para los pueblos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía. Una geografía habitada por cerca de 60 pueblos indígenas, distribuidos en 57 resguardos, que procuran la integridad territorial de cerca de 17 millones de hectáreas —tres cuartas partes de la extensión total de estos departamentos y una tercera parte de la Amazonía— y el ejercicio de soberanía en cerca de 2.100 kilómetros de frontera con Perú, Brasil y Venezuela.

Para superar este estado de cosas se promulgó, un día como hoy, el Decreto Ley 632 de 2018. Allí quedó consignado el procedimiento para formalizar la existencia de los Territorios Indígenas y avanzar en el ejercicio de la autonomía política, administrativa y fiscal. Poner la autodeterminación en el centro es la condición esencial para asumir el control de sus instituciones, preservar su organización social, política y económica, honrar los acuerdos culturales de manejo territorial y ambiental y legitimar las distintas concepciones de “vida buena”.

Seis años después, 15 Territorios Indígenas se encuentran organizados como entidad territorial de carácter especial (ver mapa). Disponen de un sistema de gobierno propio. Se han robustecido de Planes de vida, con base en sus sistemas de conocimiento y regulación, en los que se establece la bitácora necesaria para procurar la pervivencia cultural y la integridad territorial. Han definido las formas de organización y funcionamiento del poder público en sus territorios. Y más importante aún, están prestos a establecer el diálogo y la interacción y coordinación con las distintas autoridades para emprender un proceso recíproco de fortalecimiento y adecuación institucional. Desde aquí, los Territorios Indígenas aportan solidariamente a los fines del Estado Social de Derecho.

Es el sendero que trazaron las y los tradicionales. Solo resta que el Gobierno nacional avance decididamente hacia un Acuerdo intercultural que materialice las condiciones para la expresión plena de la diversidad biocultural.

Es nuestro deber, como país comprometido con la paz, asegurar la formalización de estos Territorios Indígenas como entidades territoriales y hacer que fructifique el consejo y amanezca la palabra que se plasmó en los Planes de Vida. De cara a la COP 16, la Amazonía, como una de las 13 eco-regiones representadas en la flor de Inírida, reclama un lugar para los Territorios Indígenas debidamente instituidos como entidades territoriales en paz con la naturaleza.

* Doris Ochoa Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación Gaia Amazonas.

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