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En agosto, Colombia será el epicentro de una de las discusiones más trascendentales para el futuro de la región amazónica: la V Cumbre de Estados Parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Esta reunión internacional no es un evento más en la agenda diplomática, sino una oportunidad histórica para que el país asuma un rol de liderazgo real en la defensa de la Amazonia y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
El contexto no podría ser más alarmante. La Amazonia enfrenta una crisis sin precedentes: la deforestación avanza a tasas preocupantes, la biodiversidad está en peligro y el crimen organizado ha convertido los bosques en territorios sin ley, donde operan con total impunidad mafias dedicadas a la minería ilegal, el tráfico de especies y el narcotráfico. La destrucción de la selva no es solo un problema ambiental, sino también social, económico y de seguridad nacional. Si Colombia no asume una postura firme y lidera acciones concretas en la cumbre, las consecuencias serán irreversibles.
Como país anfitrión y titular de la secretaría técnica de la OTCA, Colombia tiene una oportunidad única para marcar la diferencia. Sin embargo, el éxito de esta cumbre no se medirá por los discursos pronunciados ni por las declaraciones de buenas intenciones, sino por la capacidad de convertir el diálogo en acciones concretas.
La Amazonia no necesita más promesas, sino decisiones firmes que frenen su destrucción y garanticen la supervivencia de quienes la han habitado y protegido durante siglos.
Uno de los problemas más urgentes que debe abordarse es la expansión del crimen organizado transnacional en la región. Las mafias que operan en la Amazonia no solo están detrás de la deforestación masiva, sino que también han convertido los territorios indígenas en zonas de guerra. La minería ilegal envenena los ríos con mercurio, el tráfico de fauna silvestre despoja a la selva de su biodiversidad y el narcotráfico utiliza la cobertura forestal para expandir sus cultivos ilícitos y corredores de movilidad.
Esta crisis no puede seguir siendo ignorada ni abordada con medidas superficiales. Colombia y los demás países de la OTCA deben avanzar hacia estrategias coordinadas que combinen la persecución del delito con mecanismos efectivos de prevención.
Los expertos han señalado que una de las principales fallas en la lucha contra estas economías ilegales es la ausencia de un sistema de alertas tempranas y de intercambio de información en tiempo real entre los países amazónicos. Sin herramientas que permitan actuar de manera inmediata, el crimen organizado seguirá teniendo ventaja.
Adicionalmente, es fundamental que se adopten estrategias de seguridad diferenciadas para la Amazonia. No se puede seguir aplicando el mismo enfoque que en otras regiones del país. La selva tiene características únicas que requieren planes de acción adaptados a su geografía, a sus comunidades y a las dinámicas del delito en la zona. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer la presencia del Estado a través de organismos especializados en delitos ambientales y en estrategias de seguridad rural que no criminalicen a las comunidades indígenas ni a los campesinos que han sido víctimas de las economías ilegales.
Sin justicia social, no habrá justicia ambiental
Pero la lucha contra el crimen organizado no puede darse en el vacío. Para que la protección de la Amazonia sea sostenible, es necesario abordar las causas estructurales que han permitido el crecimiento de estas economías ilegales: la pobreza, la falta de oportunidades y el abandono estatal en muchas regiones.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido los guardianes históricos de la Amazonia, pero su capacidad de proteger el territorio se ha visto limitada por la falta de apoyo institucional y por la creciente presión de grupos ilegales. Es por ello que cualquier estrategia para salvar la selva debe incluir el fortalecimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la inversión en proyectos de desarrollo sostenible y la creación de incentivos económicos que hagan de la conservación del bosque una alternativa viable frente a la explotación ilegal.
La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Colombia) insiste en la necesidad de un enfoque integral que vincule justicia social y ambiental. La deforestación no se resolverá con más operativos militares si no se garantizan oportunidades económicas sostenibles para las comunidades. No basta con restaurar los ecosistemas si no se protegen a las personas que dependen de ellos. No se puede hablar de una Amazonia protegida mientras los pueblos indígenas sigan siendo desplazados y perseguidos por defender su territorio.
La cumbre como punto de inflexión
La V Cumbre de la OTCA debe marcar un punto de inflexión en la manera en que los países amazónicos enfrentan esta crisis. Colombia tiene la responsabilidad de impulsar compromisos concretos que trasciendan el papel y se conviertan en políticas públicas efectivas.
Entre las medidas que el gobierno colombiano debería promover en la cumbre se encuentran: (i) El fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional para el combate del crimen ambiental, con intercambio de información en tiempo real y acciones coordinadas entre los países amazónicos. (ii) La creación de un fondo regional para el desarrollo sostenible de la Amazonia, que financie proyectos de restauración ecológica y generación de empleo para las comunidades locales. (iii) El reconocimiento y protección efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, garantizando su participación en la toma de decisiones sobre el futuro de la región. (iv) El fortalecimiento de las instituciones encargadas de la protección ambiental, dotándolas de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para enfrentar la crisis. (v) La implementación de un sistema de alertas tempranas para la prevención de delitos ambientales, evitando que el daño ecológico y social sea irreversible antes de que las autoridades reaccionen.
Colombia está ante una decisión histórica: convertirse en un líder real en la protección de la Amazonia o permitir que la selva siga siendo devastada por la indiferencia y la impunidad. La cumbre de la OTCA no puede ser un evento protocolario más, sino el escenario donde se adopten medidas concretas para frenar la destrucción de este ecosistema vital para el planeta.
El país debe asumir su responsabilidad con firmeza, no solo por el bienestar de sus ciudadanos y comunidades indígenas, sino porque la Amazonia es un patrimonio global cuya conservación determinará el futuro de la humanidad. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde.
* Obispo Diocesano de la Iglesia Episcopal Anglicana en Colombia, integra el Consejo Asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) a través del Consejo Interreligioso de Colombia.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Rvdmo. Pastor Elías García
