La ambiciosa meta de Guaviare para alcanzar la cero deforestación en diez años

La Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036, como se denomina, plantea, en pocas palabras, una transformación profunda del modelo económico del departamento.

Foto: Andrés Zumbambica

Guaviare ha estado, históricamente, entre los territorios más afectados por la pérdida de bosque en Colombia. Tan solo en 2025 fue uno de los departamentos (solo por debajo de Meta y Caquetá) donde se concentró este fenómeno, con 15.941 hectáreas taladas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ahora, una nueva política pública busca abordar esa situación y frenar la deforestación en un período de diez años.

“Nuestra meta es clara: alcanzar la deforestación cero para 2036 y construir prosperidad a partir de nuestra biodiversidad”, declaró, a través de un comunicado, el gobernador de Guaviare, Yeison Ferney Rojas Martínez. También dijo que su mensaje para el país y para el mundo es “demostrar que sí es posible generar desarrollo sin destruir la selva”.

La Política Pública para el Desarrollo Económico Sostenible (PPDES+B) 2026–2036, como se denomina, plantea, en pocas palabras, una transformación profunda del modelo económico del departamento. Su apuesta es transitar de las actividades extractivas e ilícitas hacia una socio-bioeconomía que permita hacer uso sostenible del territorio.

Así, algunas de las actividades que pretende priorizar son la agricultura regenerativa, los sistemas agroforestales y silvopastoriles, el aprovechamiento de productos forestales no maderables, el turismo de naturaleza, entre otras.

De ese modo, Guaviare aspira ser un referente de cero deforestación y de desarrollo para otros departamentos y regiones. “Consideramos que va a ser un norte estratégico”, afirma Ezequiel Barragán, líder del Ecosistema y Políticas Públicas en la Gobernación de Guaviare. Ante la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito, agrega, es urgente establecer modelos rentables y sostenibles, “y eso solamente es posible haciendo ver al campesinado, a los productores y a los empresarios que el bosque vale mucho más en pie”.

El proyecto, que contó con respaldo técnico de la organización Swisscontact y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue presentado por la gobernación, a través del Departamento Administrativo de Planeación, y lo aprobó la Asamblea Departamental. La política pública será implementada por medio de la Ordenanza 574 de 2026.

Una apuesta retadora

Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia, se muestra optimista ante esta propuesta de avance hacia la cero deforestación. A sus ojos, hay varios elementos que hacen de esta una política pública robusta. Por un lado, cuenta con una estrategia de financiamiento que no depende únicamente de recursos públicos, sino que contempla otras alternativas, como fuentes privadas y de cooperación internacional.

El BID, por ejemplo, tiene un compromiso de inversión a largo plazo en el territorio, con el fin de impulsar el valor de la biodiversidad y los activos ambientales. Para Sandra Durango, científica de la Alianza Bioversity - CIAT, la cual busca transformar de manera sostenible los sistemas alimentarios, esta política pública representa un paso importante y necesario. Sin embargo, apunta que pueden hacer falta recursos para su ejecución, pues un “modelo que depende en gran parte de la cooperación internacional, de los ciclos de esa cooperación, es un modelo vulnerable”.

En ello concuerda Alejandra Laina, directora del programa de alimentos, uso del suelo y agua del World Resources Institute en Colombia, quien plantea que para no caer en una alta dependencia de la cooperación internacional, esta política pública debe, además de tener una alta capacidad para administrar los fondos, contar con un plan de inversión claro para el sector privado.

Otra de los llamados de Durango tiene que ver con que Guaviare, junto con Meta y Caquetá, conforman el llamado arco de deforestación del país, y una de las principales causas de la pérdida de bosque es la ganadería extensiva. “En esa región hay millones de cabezas de ganado y una enorme dificultad para rastrear de qué predio sale cada animal. Hemos visto casos de fincas que registran el ganado por fuera de un Parque Nacional Natural o de un resguardo, pero luego lo regresan adentro”, dice la científica.

Por esa razón, de acuerdo con la científica, es clave que esta apuesta esté acompañada por un sistema de trazabilidad ganadera robusto, que vincule información catastral, guías de movilización de los animales y la capacidad del Ideam para monitorear la pérdida de bosque en el país.

Sobre este asunto, cabe apuntar, hace un par de meses, durante el gobierno de Gustavo Petro, se sancionó la Ley 2585 de 2026. Su objetivo, en términos simples, es seguirle el rastro a la ganadería para que sea sostenible y libre de deforestación, interoperabilizando los sistemas de información de distintos sectores: el agropecuario, el ambiental y el de ordenamiento territorial. Pero más allá de cruzar información, subraya Durango, se requiere fortalecer la institucionalidad, y agrega que lograr esa trazabilidad es fundamental para alcanzar la meta de cero deforestación al 2036 en Guaviare.

Hacia la bioeconomía

Maruri resalta que este proyecto define una hoja de ruta para generar condiciones que impulsen la bioeconomía, integrando el ordenamiento del territorio y la inclusión social. Entre los años cuatro y siete, la política pública buscará escalar esas intervenciones para lograr una integración regional y, finalmente, consolidar los impactos en sostenibilidad.

En otras palabras, la transformación productiva se hará de la mano de comunidades campesinas, afrodescendientes, de mujeres rurales y de indígenas (como los pueblos Jiw y Nükak), valorando sus conocimientos tradicionales. La idea es identificar productos del bosque que no solamente se puedan aprovechar, sino que tengan un buen potencial comercial. Mediante el uso de tecnología, la trazabilidad y estándares de sostenibilidad, el objetivo será posicionar a Guaviare dentro del mercado.

De ese modo, la política busca proteger ecosistemas estratégicos, como los de las serranías de Chiribiquete y de la Lindosa, a la vez que plantea cerrar las brechas de pobreza multidimensional, que en Guaviare afecta al 45 % de su población, mediante el impulso de esas cadenas de valor y la educación en torno a la sostenibilidad.

Barragán es de los primeros en reconocer la gran cantidad de trabajo que eso implica: “Debemos ser innovadores y perceptivos con las necesidades del territorio”. Para fortalecer la bioeconomía, dice, se necesita investigación, nuevos conocimientos y la generación de cadenas de valor, por ejemplo en torno a frutos amazónicos como el azaí o la cocona.

En la actualidad, la venta de estos productos se enfrenta a retos importantes como su distribución, es decir, sacarlos de zonas de difícil acceso. Por este tipo de razones, asegura Maruri, es muy difícil que compitan eficazmente en los mercados si no hay un sector privado que invierta y complemente esas cadenas de valor.

“El azaí ha existido en la selva colombiana durante siglos”, apunta. “¿Por qué no se comercializa ampliamente? No ha habido empresas que se comprometan a transformarlo y lo vuelvan un helado, una pulpa o un ingrediente natural para cosmética. Se debe lograr que el sector privado asuma el riesgo y ponga a estos productos en el mercado, y no solo en el local, sino en el de las grandes ciudades o incluso para exportar. Se requiere mucha inversión y tiempo”.

El reto que persiste es que la bioeconomía, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), representa apenas cerca del 0,13 % de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Para Laina, el principal desafío está en traducir el contenido de la ordenanza en un portafolio de inversiones, indicadores verificables y una gobernanza con responsabilidades claras en cuánto a la bioeconomía y la restauración amazónica.

Además, a ojos de Durango, para que Guaviare transite de una economía extractiva e ilícita en diez años se necesitan mercados que compren los productos agroforestales de manera sostenida. “Quizás el éxito de esta política dependa de si en 2030 ya haya un sistema de trazabilidad operando de verdad, con financiación consolidada más allá de esa cooperación externa, comunidades indígenas y campesinas con ingresos reales de ese modelo. Ese es uno de los retos más importantes que vienen”, dice Durango. “Pero el primer paso ya se dio, que es redactar y aprobar esa política. A partir de ahí empiezan las acciones”.

Maruri rescata que la nueva política pública de Guaviare fue un trabajo articulado, en varios municipios, en el que se incluyeron a las comunidades, a instituciones públicas y a las empresas. “El reto fue no hacer un documento desde un escritorio, sino convocando a los diferentes actores alrededor de esta apuesta. Y hay un consenso entre ellos. Toda la Asamblea Departamental se sentó, discutió el documento y lo aprobó de manera unánime”, apunta.

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