Este jueves 12 de junio, en el Congreso de la República se llevó a cabo el foro político “Congresistas por la Vida de la Amazonia”, convocado por el senador Julio César Estrada y la representante a la Cámara, Julia Miranda Londoño, en el marco de sus funciones en las comisiones accidentales de bosques y cambio climático. De la organización del encuentro también hicieron parte la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
En el foro participaron académicos, delegados de la Unión Europea y Noruega, directores de distintas organizaciones (como Gaia Amazonas) y líderes indígenas y sociales de la región. Además, estuvo presente la ministra de Ambiente, Lena Estrada, quien intervino durante uno de los paneles, enfocado en las presiones sobre la Amazonia y las oportunidades de acción que se presentan para hacerle frente a problemáticas como la deforestación.
Tras la discusión, la representante Miranda leyó una declaración para la cual se recogerán firmas de congresistas amazónicos e integrantes de las comisiones de bosques y cambio climático de Cámara y Senado. En el documento se reafirma un “compromiso con la defensa integral de la Amazonia y que su efectiva protección es una responsabilidad compartida y un imperativo ético, político y ambiental”. Para esa tarea, dice la declaración, es necesaria una articulación entre el Estado, la sociedad civil, las empresas, los pueblos indígenas, el campesinado, la academia y las comunidades religiosas.
En segundo lugar, en el manifiesto se reconoce el papel que juegan los pueblos indígenas, desde sus sistemas de conocimiento, en la conservación de la naturaleza. De ese modo, resalta la importancia de proteger los derechos de estas comunidades, incluyendo los derechos territoriales, culturales y de autogobierno.
También se hizo un llamado a que se implementen las entidades territoriales indígenas (ETI), una figura contemplada en la Constitución Política de 1991, similar a la de un municipio y departamento. Esto les permitiría a las comunidades ser parte de la estructura político administrativa del Estado.
Como contamos en El Espectador, hace unas semanas el Gobierno Nacional firmó un decreto que dicta las normas y el proceso que se debe seguir para que se formalicen las primeras ETI. Este logro, que varios líderes indígenas califican como histórico, completará el mapa del país, aunque a sus ojos aún persisten los retos para que se consolide.
“Exigimos el cumplimiento urgente de lo dispuesto en la Constitución Política, los decretos Ley 632 de 2018 y 488 de 2025, y la Sentencia T-106 de 2025. La puesta en funcionamiento de las entidades territoriales indígenas es clave para fortalecer la gobernanza indígena y frenar el avance de actividades ilegales como la minería y la deforestación”, dice la declaración.
El documento, además, subraya la urgencia de una transformación de la visión y los modelos de desarrollo impuestos en la Amazonia, por lo que enfatiza en que es necesario avanzar hacia modelos económicos sostenibles. El ecoturismo responsable, la agroforestería, la bioeconomía basada en un uso sostenible de la biodiversidad y la inversión en ciencia, innovación y educación ambiental, son algunas de las apuestas que se ponen como ejemplo.
La representante Miranda también instó al Congreso de la República a que priorice la formulación, actualización y aplicación de marcos normativos que permitan conservar la Amazonia, además de proteger a las comunidades. En esos marcos, dice, se deben incluir políticas públicas integrales para la restauración ecológica, la justicia ambiental y la persecución de delitos ambientales.
“Urgimos al Estado colombiano a diseñar y aplicar estrategias eficaces, tanto a nivel nacional como internacional, para la prevención, judicialización y sanción de los delitos ambientales”, se lee en el documento. “Dichas estrategias deben asegurar la protección de los defensores del territorio, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la cooperación transfronteriza”.
Finalmente, a través de la declaración se propone crear un “mecanismo nacional de participación incidente y decisorio” para la sociedad de la Amazonia y que cuente con un enfoque intercultural, de género e intergeneracional. En suma, para este espacio se requeriría garantizar que, a la hora de formular políticas públicas y tomar decisiones sobre la región, se incluyan las voces de quienes viven en los territorios.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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