Las tierras que bordean al río Putumayo hacia el sur de Puerto Asís, acercándose a la frontera con Ecuador, “estaban limpias”. Así las recuerda Jani Silva, una reconocida lideresa ambiental de Putumayo, mientras desliza su mano hacia el horizonte, como recreando una planicie. “No había bosque. Nada. Para donde usted volteara la mirada, eran lomas y lomas de coca”, dice.
Putumayo ha sido, de acuerdo con las mediciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), uno de los departamentos con más hectáreas de cultivos de coca en Colombia. En 1996, los cocaleros de esta zona del país hicieron un paro que terminó en una mesa de negociaciones con el gobierno de Ernesto Samper. Silva formó parte de esa movilización y exigía, junto con cientos de campesinos, alternativas para sustituir los cultivos de coca por otro tipo de siembras. Esa fue la semilla de lo que cuatro años más tarde, el 18 de diciembre de 2000, se convertiría en la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, una de las primeras áreas de este tipo que se creó en el país.
“Después de eso empezamos a tener asambleas con más de 400 personas, representantes de varias comunidades. Y así fue como acordamos crear la zona de reserva”, recuerda Silva, quien es la representante legal de La Perla Amazónica, que a finales de octubre hizo una celebración anticipada de sus 25 años. Al evento asistieron representantes de las 23 veredas que conforman La Perla, la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Kulmpp, el vicedefensor del Pueblo, Roberto Molina, representantes de la ONU y varias ONG internacionales.
Durante la celebración, las familias mostraron el producto de varios proyectos de la zona de reserva, que hoy tiene un área delimitada de 22.000 hectáreas. “Tenemos sistemas silvopastoriles, por eso se ven potreros pequeños, con cultivos y vacas, pero también bosque”, señala Silva. También han delimitado corredores de movilidad para transportar alimentos y llegar a lugares estratégicos de la zona, aunque se mueven principalmente por el río.
Pero el camino para lograr esto no ha sido fácil. La extinta guerrilla de las FARC ejerció un fuerte control en Putumayo hasta 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Tras nueve años de la firma, el panorama no es alentador. De acuerdo con un informe de Amazon Watch, una organización dedicada a estudiar el conflicto armado y las problemáticas ambientales de esta zona del país, los Comandos de Frontera, una disidencia de las extintas FARC, dominan ahora gran parte del departamento, ejerciendo presión sobre iniciativas de conservación, como la zona de reserva campesina.
25 años bajo presión
Para Roberto Molina, vicedefensor del Pueblo, celebrar los 25 años de La Perla Amazónica “es una situación paradójica”. Por un lado, porque se trata de un proceso que “demuestra que está funcionando. Hay cosas ejemplares, como demostrar que se puede hacer trabajo agrario respetando el medio ambiente, con enfoque en las juventudes, en las mujeres”, dice sobre los avances que ha mostrado la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA).
Por ejemplo, de acuerdo con un análisis realizado por el Instituto Sinchi, el PNUD y varias organizaciones más, con la participación de las familias de la zona de reserva, hay alrededor de 7.300 hectáreas que forman parte de procesos de conservación y enriquecimiento forestal. Otras 15.000 son parte de iniciativas de restauración o de sistemas de producción silvopastoriles, en los que se mezclan cultivos de alimentos, como cacao o plátano, con vegetación nativa del bosque.
La otra parte de la paradoja, señala Molina, es que en medio de un proceso de negociación con Comandos de Frontera, “que ha tenido avances importantes, hay varias preocupaciones: para hablar del paso de lo legal a lo ilegal, de la viabilidad de una paz en clave territorial, hay que hablar con las comunidades, y eso no se está haciendo”. La presencia de este grupo armado en el departamento, además de estar vinculada al incremento de cultivos de hoja de coca, la deforestación y la minería ilegal, está asociada a la ruptura de procesos sociales y ambientales como los de La Perla Amazónica.
En su informe, Amazon Watch detalla que el grupo armado utiliza estrategias de trabajo forzado para la construcción de “placa huellas”, vías angostas para motos, que antes no hacían presencia en el territorio, y que fragmentan el ecosistema. Además, que “han comprado tierras y propiedades en el mercado informal, usándolas para cultivos de coca y como escondites”, desplazando a familias que han hecho parte de ADISPA y cuyos predios dejan de ser parte de las iniciativas de conservación o restauración de la zona de reserva.
A pesar de esto, como señala Carlos Fernández, defensor de derechos humanos y miembro del equipo técnico de ADISPA, en La Perla han logrado “procesos de restauración ecológica y conexión de corredores biológicos, que están vinculados a la seguridad alimentaria de las familias”. Durante los períodos de crisis de la economía cocalera, como el que atraviesa el departamento en este momento, “las personas al menos tienen garantizado qué comer”, añade.
Con todas las presiones que ejercen los actores armados en Putumayo, “hay muchos proyectos que confluyen en resultados demostrables: que es posible respetar el medio ambiente y respetar la autonomía de las comunidades”, destaca el vicedefensor, para quien es una falla del Estado que las comunidades y los procesos exitosos que han adelantado en este contexto no sean parte de los procesos de negociación.
“Tenemos algo de magos para sobrevivir en medio de esta situación”, dice Silva, representante legal de ADISPA. En medio de caminos de cemento que se abren paso a las orillas del río Putumayo, familias que se van de su territorio y una mesa de negociación en la que no se han escuchado sus peticiones, “seguimos buscando formas de que la gente se quede a cuidar La Perla”, concluye.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
