En el parque principal de San Vicente del Caguán, en el noroccidente de la Amazonia colombiana, hay una escultura de un tronco de árbol talado con un hacha encima, una figura que también está en el escudo oficial del municipio. Es un símbolo que recuerda los diferentes tipos de colonización que ha habido en este territorio, que está en el “corazón de la selva”, como lo dice su himno. Primero fue la fiebre del caucho, en el siglo XIX. Luego llegaron los misioneros y, a mediados de 1950, fue el Estado el que motivó la llegada de colonos, facilitándoles el acceso a tierras. Hoy sus habitantes viven entre un nuevo auge: el de los hidrocarburos.
Si hubiese que situar un momento en el que inició la “fiebre” por explorar y explotar gas y petróleo, este podría ser 2008. Fue en ese año, como lo señala en un reporte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que empezó a hacerse la evaluación ambiental del sector de hidrocarburos en Caquetá, donde está San Vicente del Caguán.
Este pueblo, de poco más de 60.000 habitantes y donde la temperatura suele estar alrededor de los 30 °C, es parte (representa casi un 2 %) de una zona de conservación mucho más grande: el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), creada en 1989 para proteger la conectividad que hay entre las regiones Andina, Orinoquia y Amazonia. Su extensión es tan amplia como Suiza (3.871.790 hectáreas) y contribuye, entre otras cosas, a que ciudades como Bogotá tengan agua a través de los conocidos “ríos voladores”. En su interior hay un rompecabezas de figuras de protección: están los Parques Nacionales Naturales Sierra de la Macarena, Picachos, Sumapaz y Tinigua, y también hay distritos de manejo integrado, resguardos indígenas y reservas forestales protectoras.
Hoy, el AMEM es el área de protección y manejo con más concesiones de petróleo y gas en la Amazonia colombiana, según revela la investigación transfronteriza Fueling Ecocide, realizada por El Espectador en alianza con InfoAmazonia y otros 12 medios internacionales de 18 países, y liderada por el consorcio Environmental Investigative Forum (EIF) junto con la red European Investigative Collaborations (EIC).
En este proyecto de un año, comparamos 315.000 áreas incluidas en la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA), con datos geoespaciales de 15.000 licencias de petróleo y gas en 120 países, compartidos con nosotros por la plataforma Mapstand. En Colombia, el análisis identificó tres bloques de hidrocarburos —Ombú, CPO 9 y Sangretoro—, que se superponen al AMEM, con un total de 1.301 kilómetros cuadrados de traslape. Es el área de protección y manejo del país con la que se solapan más bloques petroleros; además, presenta la mayor superficie superpuesta.
Por un lado, el bloque CPO 9, operado por Ecopetrol, firmó un contrato en 2009 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la evaluación y exploración de hidrocarburos en el departamento de Meta. Sus áreas productoras de crudo pesado se superponen, parcialmente, con el AMEM.
Otro es el bloque Sangretoro, ubicado en los departamentos de Meta y Caquetá. El contrato fue suscrito en 2011 entre la ANH y la empresa Canacol Energy Colombia. Aunque también se superpone parcialmente al AMEM, su fase de exploración permanece suspendida desde 2016, a la espera de la reglamentación del uso del suelo por parte de la autoridad ambiental regional.
En caso de materializarse la idea de prohibir el petróleo en la Amazonia, como lo está buscando el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, esos bloques —al menos en la teoría— podrían continuar extrayendo crudo hasta la terminación de los períodos de producción establecidos (de 24 años desde que se descubre y se declara uno o más yacimientos de petróleo), sin derecho a prórroga. En los planes del Ministerio de Ambiente, que lidera el proceso para restringir la exploración y explotación de hidrocarburos en toda la Amazonia, está permitir que los proyectos que ya están en marcha continúen hasta que se acabe el contrato.
Sin embargo, aún falta mucho tiempo para que Colombia materialice esa idea, pues requerirá una consulta previa para que las comunidades amazónicas den (o no) su visto bueno. Asimismo, en lugares como el AMEM aún hay muchas inquietudes por resolver sobre dónde explotar gas y petróleo. Su regulación tan solo empezó a partir de 2016, cuando ya se habían otorgado títulos mineros y contratos de exploración y producción.
Como explica Eduardo del Valle Mora, abogado, historiador y profesor de la Universidad Externado de Colombia, entre esa gran diversidad de áreas con diferentes figuras de protección hay zonas en las que no se ha reglamentado el uso del suelo. Es una tarea que está en manos de la autoridad ambiental de la región, Cormacarena.
Ese escenario ha creado enormes vacíos y tensiones, como el que ha generado la extracción de crudo en el bloque Ombú, en el municipio de San Vicente del Caguán. De los tres que se traslapan con el AMEM, es el que ocupa la mayor extensión: el 96 % de esta concesión se encuentra dentro del área de protección y manejo.
La historia del bloque Ombú empezó el 15 de diciembre de 2006, cuando la operadora Emerald Energy, subsidiaria de la estatal china Sinochem, selló un contrato con el Estado colombiano para explotar y producir hidrocarburos. El área abarca dos municipios (La Macarena y San Vicente del Caguán), ubicados en Meta y Caquetá.
Emerald Energy tuvo un golpe de suerte en 2008. Ese año encontró petróleo en el Campo Capella, dentro del bloque Ombú. Tras el hallazgo en el centro poblado de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, a donde fue El Espectador como parte de esta alianza periodística, el contrato entró en período de explotación por 24 años, a partir de 2011. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental y Cormacarena le dio su visto bueno, como le confirmó a este diario.
Según registró la ANLA, la operadora perforó más de 30 pozos para la producción. En uno de ellos, que aún tienen muy presente en su memoria quienes viven en Los Pozos, a 30 kilómetros del casco urbano del municipio, es el pozo Capella 1, donde Emerald Energy llegó a tener una producción de hasta 240 barriles diarios. Pero las actividades de la petrolera empezaron a generar tensiones en el territorio.
“El cántaro se fue llenando, gota a gota, hasta que se reventó. Había una indignación permanente del campesinado respecto, por un lado, a la explotación petrolera y, por el otro, a la pérdida del cuidado del medio ambiente, que es un estandarte de las comunidades organizadas en San Vicente del Caguán. La tensión venía in crescendo”.
A lo que se refiere Camilo Losada, personero municipal de San Vicente del Caguán, un cargo desde el que vela por los derechos de la comunidad, es a lo que hoy en la región todavía llaman el “estallido social”. Luego de meses y protestas contra Emerald Energy, en marzo de 2023 hubo explosiones y saqueos. Los enormes tanques cilíndricos para almacenar crudo que pertenecían a la compañía fueron incendiados. También hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), un equipo de la Fuerza Pública. Tres personas murieron.
“El cántaro se fue llenando, gota a gota, hasta que se reventó. Había una indignación permanente del campesinado respecto, por un lado, a la explotación petrolera y, por el otro, a la pérdida del cuidado del medio ambiente, que es un estandarte de las comunidades organizadas en San Vicente del Caguán. La tensión venía in crescendo”.
Camilo Losada
Fue un episodio que dividió a la población, paralizó la operación de Emerald Energy y abrió las puertas para que la compañía demandara al Estado.
El “boom” del petróleo en un punto clave de la Amazonia
El punto en el que está el bloque Ombú no cuenta con una regulación del uso del suelo, según confirmó un funcionario de Cormacarena a El Espectador, y la zona tampoco tiene un plan de manejo ambiental. Eso podría haber facilitado que la compañía se abriera paso para extraer hidrocarburos en el AMEM.
De hecho, como reveló hace unos meses un informe de Earth Insight, al menos en la Amazonia colombiana hay 14 millones de hectáreas de bloques de petróleo y gas, equivalentes al 28 % del bioma. “La producción de petróleo y gas ya se lleva a cabo en bloques que abarcan 240.000 hectáreas”, señaló la organización.
El caso de Emerald Energy, después de más de una década de operación, empezó a convertirse en una olla de presión. Desde su oficina, en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio, el personero Losada recuerda que “hubo múltiples quejas de distintos sectores, aledaños a los pozos, que manifestaban que la utilización del agua impactaba directamente los mínimos vitales de las comunidades. Tengo muy presentes casos en los que las viviendas y las fincas se quedaron sin agua por las afectaciones de la petrolera”.
Las inquietudes que se generaron con Emerald Energy fueron recogidas en la actualización de 2024 del análisis regional del AMEM, elaborado por la ANLA. De acuerdo con ese documento, hubo una “presunta alteración físico-química del agua en un pozo de abastecimiento” cerca de sus instalaciones. También se registró una “presunta afectación” al recurso hídrico por reinyectar el agua que se obtiene junto con el petróleo y por el tratamiento de los residuos de perforación (rocas y lodos) que podrían contener químicos.
Como se lee en otro apartado, en noviembre de 2022, cinco meses antes del “estallido social”, la ANLA había recibido una solicitud de las autoridades de San Vicente del Caguán, en la que le pedían suspender ese método de reinyección de aguas que se estaba utilizando en uno de los campos del bloque Ombú. Temían que afectara el agua superficial y el agua subterránea.
Otro concepto técnico de la ANLA, del 31 de mayo de 2022, había reportado una contingencia relacionada con un derrame en el sector Corralejas, en la vía que conecta a San Vicente del Caguán y Los Pozos, que se originó en un vehículo tipo carrotanque. El evento, señaló la entidad, afectó el recurso hídrico y el suelo. No obstante, precisó que esto ocurrió fuera del área licenciada del bloque Ombú y que se implementaron medidas oportunas para atender el área afectada.
En todo caso, los temores sobre las posibles afectaciones que podría traer a la región la explotación petrolera fueron acumulándose en una parte de la población del municipio. Dabián Peña, representante legal de la Asociación de Veredas Comunales en Pro del Desarrollo de la Región (Asoregional), por ejemplo, cuenta que la explotación petrolera estaba en la cabecera de muchos nacimientos de fuentes hídricas.
Algo similar le había dicho Raúl Ávila, uno de los voceros de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS), que reúne a más de 40 organizaciones de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, al medio Verdad Abierta, días después del “estallido social”.
“La empresa está instalada en las cabeceras de las aguas del caño El Águila, El Tigre, La Cristalina, La Viuda, Los Lobos, La Guadualosa y otros más pequeños. De estos nacimientos se conforman el río Tunía, el río Losada y el río Caguán”, declaró. Por esa razón, pedían compensación para casi 200 comunidades de las organizaciones Asoregional, Corpoayari, Asocampo, Ascal-G y Asopeproc.
Con el “estallido” de marzo de 2023, la Alcaldía de San Vicente del Caguán emitió una alerta roja por contaminación. “Debido a los últimos acontecimientos ocurridos en las plataformas Capella, en la vereda Los Pozos y Bruselas, se han ocasionado derrames de sustancias químicas que pueden llegar a contaminar fuentes hídricas cercanas. Abstenerse de consumir agua de dichas fuentes”, advirtió.
La ANLA también confirmó el impacto de las explosiones que se dieron en aquel entonces en los tanques que almacenaban hidrocarburos, solventes, gases y vapores tóxicos: “De acuerdo con la información reportada, se evidenció un derrame de crudo en la locación Capella A, sin especificar cantidad, así como el derrame de la sustancia AFFF en las locaciones Capella S y Z, situación que, sumada a eventos de lluvia, generó el desbordamiento de diques y la afectación de una fuente hídrica”.
Tras lo sucedido, Emerald Energy le pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suspender el contrato del bloque Ombú por tres meses. Luego la empresa pidió una prórroga hasta el 8 de febrero de 2024, pero actualmente sus actividades siguen sin reanudarse. Es difícil saber qué decisión tomará la compañía este año, pues, pese a nuestra insistencia para lograr una entrevista con algún vocero, fue imposible conversar con ellos. La ANLA ha señalado que, aunque sus proyectos están suspendidos, Emerald Energy debe, en todo caso, garantizar el cumplimiento de las normas en cuanto a la gestión del riesgo de desastres.
Lo cierto es que hoy la población de San Vicente del Caguán aún tiene opiniones divididas frente al papel de la compañía. Mientras unos prefieren tener lejos de su territorio a la empresa, otros reconocen que el “boom” petrolero significó un impulso económico para una región que los colombianos suelen asociar con el fallido proceso de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002) con el grupo guerrillero de las Farc.
En el momento en que se suspendieron las actividades de Emerald Energy, “una gran cantidad de familias se quedaron sin empleo”, cuenta Margot Molano, auxiliar de enfermería en el centro de salud de Los Pozos, donde se presentó el “estallido”. “Cuando estaba la empresa, teníamos también una ambulancia, que pagaba no solo para brindar servicio acá, sino a varias veredas cercanas”.
La vía de la discordia
Tanto Peña como Losada hoy creen que parte de la génesis del “estallido social” de 2023 tiene que ver con el estado de la vía que conecta la cabecera municipal de San Vicente del Caguán con Los Pozos. Debido a los daños generados en la carretera por los más de 30 carrotanques que circulaban diariamente, las comunidades pidieron a la “operadora y demás instituciones competentes del Estado pavimentar esta importante arteria vial”, según reportó la ANLA.
“El incumplimiento de arreglos para la vía ha generado que los habitantes del territorio se opongan a la presencia de la empresa y el desarrollo de la actividad de extracción de hidrocarburos”, se lee en el análisis regional de la entidad.
Peña, el líder de Asoregional, cuenta que la vía conecta a San Vicente del Caguán con el municipio de La Macarena, en Meta. “Tiene un gran flujo vehicular en todo tipo de transporte, desde carga pesada hasta de pasajeros”.
Arreglar la vía fue uno de los puntos que quedaron establecidos en el Acuerdo Los Pozos, que firmó el Gobierno junto con varios de los líderes regionales tras el “estallido”. La promesa fue pavimentar la vía por fases. Empezarían con 10 kilómetros en seis meses. En ese mismo plazo se terminarían “los estudios y diseños, con protocolos de vías verdes, de los 32 kilómetros faltantes”.
Pero hoy el mal estado de la vía es visible. De camino hacia Los Pozos, tan solo un tramo de aproximadamente un kilómetro está pavimentado. Érik Vargas, quien brinda servicios de transporte en San Vicente del Caguán y recorre con frecuencia el territorio, recuerda que era precisamente en esa “loma” donde los carrotanques de la empresa se quedaban enterrados, y por eso la habían pavimentado. Sin embargo, el acuerdo de mejorar el resto de la carretera sigue sin cumplirse.
Para mantener la carretera y frenar su constante deterioro, las comunidades instalaron un “peaje informal”, en el que cobran 8.000 pesos colombianos a las camionetas que se dirigen desde San Vicente del Caguán hacia Los Pozos o más lejos.
La otra pregunta que está sobre la mesa tiene que ver con la compensación de los impactos que Emerald Energy habría causado al ecosistema. La ANLA le había ordenado reforestar con especies “de tipo protector sobre áreas de la misma cuenca de los ríos Caquetá y Caguán”. Para cumplir con ese requerimiento, la compañía dispuso de un terreno de más de 100 hectáreas, en el que hoy hay algo muy distinto: allí se encuentra un asentamiento ilegal de familias, según confirmaron varias fuentes a este diario.
“Son personas que no tienen una vivienda ni cómo generar ingresos”, explica José Reynel Gugu, inspector rural de Policía de Los Pozos. “Se instalaron en ese predio y las autoridades competentes estamos analizando cómo abordar la situación. Hay aproximadamente 90 familias; es complejo de resolver”.
Una inquietud más que sale a flote en conversaciones con abogados del sector petrolero, cuando se les menciona el caso de Emerald Energy: ¿demandará al estado colombiano por lo ocurrido en 2023 y la pausa que tuvo que hacer de la extracción de petróleo?
A la espera de una demanda
José Esteban Bello es abogado experto en minería, hidrocarburos y recursos naturales. Al analizar el caso de Emerald Energy en San Vicente del Caguán, dice que la empresa cuenta con los elementos para demostrar que tuvo que suspender sus obligaciones porque el Estado no ha garantizado el orden público.
La empresa, agrega, podría argumentar que Colombia “está en una suma de ausencias, negligencias y omisiones que imposibilitan el desarrollo del contrato que firmó. Estamos en una desventaja gigante”. Para Bello, incluso, Emerald Energy podría llevar su caso a instancias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Otro abogado del sector de hidrocarburos, que prefiere no ser citado con nombre propio, señala que, al suscribir un contrato con el Estado colombiano, Emerald Energy también está respaldada por el acuerdo de inversión internacional que Colombia tiene con China. Incluso, asegura que la empresa “no solo puede reclamar los daños que se hayan causado a sus instalaciones, sino también el dinero que ha dejado de recibir por las actividades de explotación que fueron suspendidas”.
“La peor posición que puede tomar un Estado frente a este tipo de situaciones es la de no actuar”, señala, refiriéndose a la pasividad con que Colombia ha abordado este asunto. “Entre más pasa el tiempo, más suma a favor del inversionista”.
En caso de que no sea ese el camino que tome Emerald Energy y decida volver a extraer petróleo de ese territorio amazónico, hay otra vieja disputa en la que está involucrada y que no ha podido ser zanjada: el centro poblado de Los Pozos, en donde explotaba crudo, está justo en la frontera entre los departamentos de Caquetá y Meta, lo cual ha desencadenado discusiones entre las autoridades de esos territorios.
¿La razón? El pago de regalías, es decir, el dinero que debe pagar cada empresa del sector de hidrocarburos al Estado colombiano por extraer recursos no renovables. Para el personero de San Vicente del Caguán, ese fue otro de los motivos por los que ha habido tensiones en la región, pues ningún gobernador de turno quiere quedarse sin los recursos que le puede dejar el petróleo.
No es el único mal que sufre este punto amazónico. En 2024, San Vicente del Caguán fue el segundo municipio del país donde hubo más deforestación: 9.019 hectáreas, algo así como 12.600 canchas de fútbol, resultaron afectadas. El primer puesto lo ocupó Cartagena del Chairá, también en Caquetá. Perdió 10.375 hectáreas de bosque.
*Esta investigación forma parte de la serie Fueling Ecocide, desarrollada por EIF, un consorcio global de periodistas de investigación ambiental, en alianza con la red European Investigative Collaborations y sus medios asociados Daraj, InfoAmazonia, InfoCongo, Der Standard y The Bureau of Investigative Journalism.
*Esta investigación contó con el apoyo de Journalismfund Europe y de IJ4EU (Investigative Journalism for Europe).
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Por Catalina Sanabria Devia
