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El próximo 21 de junio Colombia elegirá, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, a su próximo presidente. El reloj empezó a correr para quienes no han definido su voto y, en las próximas tres semanas, deberán tomar una decisión. A pesar de que la Amazonia representa el 42 % del territorio nacional continental y de que es parte de la selva tropical más grande que existe, hasta ahora no ha sido uno de los puntos protagónicos en la campaña.
Lo primero que hay que entender es que la Amazonia, en realidad, son muchas Amazonias, de acuerdo con Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento amazónico A la Orilla del Río. En la región, que abarca a seis departamentos en su totalidad y parte de otros cuatro, las dinámicas varían y “funcionan con unas lógicas políticas distintas” según el territorio, dice Ciro. Un reflejo de esas diferencias fue, precisamente, el resultado electoral del pasado 31 de mayo.
Por un lado, en departamentos que componen el denominado arco de deforestación, en Meta, Caquetá y Guaviare, la mayoría de personas votaron por De la Espriella. Por otro lado, en la Amazonia oriental, en Vaupés, Guainía y Vichada, así como en los departamentos de Putumayo, Amazonas y en otros que conforman parcialmente la región (Cauca y Nariño), Cepeda obtuvo la mayoría de votos.
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Pese a las diferencias territoriales, la deforestación es el tema que más sale a relucir cuando se habla sobre esta región, pues no es un asunto menor: la Amazonia concentró el 86 % de la pérdida de bosque en el país durante el último trimestre de 2025, lo que equivale a aproximadamente 36.129 hectáreas afectadas, según los boletines de alertas tempranas del Ideam. Para ese mismo período, la mayor cantidad de núcleos de deforestación se detectaron en los departamentos de Meta y Caquetá. ¿Qué proponen los candidatos presidenciales al respecto?
De la Espriella y su estrategia de control territorial
Para empezar, en el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella no se mencionan las palabras “Amazonia” y “deforestación”. Sin embargo, en su portal web se refiere a la deforestación en Colombia como un “resultado de economías ilegales y fallas profundas de control territorial”. Por eso, agrega, “la primera tarea de una política ambiental seria será recuperar la autoridad del Estado en los territorios donde hoy manda el crimen”.
El proyecto del candidato apunta que “allí donde el crimen devora selva, ríos y comunidades, habrá inteligencia, judicialización, presencia integral del Estado y una política de alternativas productivas legales para las poblaciones”.
Su programa de gobierno también se refiere a desarrollar las minerías del oro, cobre, plata y las tierras raras, diferenciando con claridad entre minería legal e ilegal y formalizando al pequeño minero mientras se persigue a las estructuras ilegales. Menciona, además, el respaldo a la Fuerza Pública, la destrucción de economías ilícitas y la erradicación de cientos de miles de hectáreas de coca, valiéndose de “todas las herramientas que nos permite la ley y la tecnología con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio express, la sustitución y la extradición”.
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Según un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en 2023 se identificaron 56.933 hectáreas de cultivos de coca en la región Putumayo-Caquetá. “Las zonas históricamente sembradas con coca, en un alto porcentaje, han tenido una vocación forestal, lo que ha llevado a que ocurran actividades como la degradación del bosque y la deforestación”, se lee en el informe.
Así, en la Amazonia, el enfoque de De la Espriella para combatir la deforestación sería mayormente militarista, cree Catalina Oviedo, coordinadora de la Regional Amazonas del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes). Los riesgos de este tipo de estrategias ya han quedado escritos en la historia de Colombia. Uno de los ejemplos más recientes es la Operación Artemisa del gobierno de Iván Duque, en la cual participaron alrededor de 22.000 agentes de seguridad y fueron detenidas más de 200 personas, presuntos infractores ambientales, a quienes la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones.
El problema, como denunciaron en ese momento las comunidades locales de la Amazonia, es que esta misión persiguió principalmente al eslabón más débil de la cadena de deforestación. Es decir, fue en contra de campesinos, entre ellos mujeres y adultos mayores, en vez de “enfocarse en los grandes financiadores de actividades ambientalmente devastadoras”, según ha advertido la organización internacional Crisis Group.
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“¿Qué pasa cuando se militarizan las acciones de conservación?”, se pregunta Oviedo. “El principal afectado es el campesinado y realmente no se llega a los determinantes de la deforestación o del negocio del narcotráfico. El programa de De la Espriella no habla de ataques contundentes a las cabecillas, por lo que podría volver a suceder lo mismo: no se atacarían las fuentes directas de capital que se le inyecta a la deforestación, sino al eslabón más débil”. A esto se suma que, en la Amazonia, los campesinos pueden ser señalados por varios delitos conexos: deforestación, ocupación de áreas protegidas y plantación de cultivos de uso ilícito.
Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), agrega que fortalecer las fuerzas militares no necesariamente conduce a una disminución de los delitos ambientales. Por el contrario, dice, muchas veces incrementan. “Hemos comprobado que sin una visión integral y multidimensional de la seguridad, que no solamente implique la operación militar, es imposible sacar a este tipo de territorios de esos procesos de delitos y degradación ambiental”. En ese sentido, apunta Botero, la deforestación en la Amazonia es un asunto que se sale meramente de lo ambiental o meramente de lo punitivo.
Iván Cepeda: diálogo y una inteligencia ambiental
Iván Cépeda sí se refiere a la Amazonia y a la deforestación en su plan de gobierno, que es básicamente la transcripción de discursos que ha dado a lo largo de la campaña. Hay uno que pronunció en Florencia, donde prometió que, de ser presidente, frenaría la deforestación y buscaría transformar a Caquetá en un departamento “en el cual la tierra esté al acceso de los campesinos”. Algunas de sus propuestas también giran en torno a la presencia del Estado y al control territorial, aunque con un enfoque muy diferente al de su rival de derecha.
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Su plan, por ejemplo, contempla reorientar las capacidades de la Fuerza Pública para proteger los territorios, puntualmente el cuerpo de Infantería de Marina, para que los ríos “dejen de ser carreteras del crimen”. El programa de Cepeda le apunta a una presencia estatal que “no llegue solo con armas”, sino también con servicios, y a propiciar una conversación permanente entre la Fuerza Pública y los movimientos sociales y comunitarios.
La estrategia de conservación de su proyecto, a diferencia de la de su contendiente, es mucho más cercana al diálogo, según Oviedo, del Cealdes. Sin embargo, habrá retos en ese camino. Si Cepeda llega a la Presidencia, apunta la investigadora, uno de sus grandes desafíos será definir los límites que se establecerán con grupos armados que se financian a cuestas de la deforestación en la Amazonia. Uno de ellos es Comandos de Frontera, con el que el Gobierno mantiene una mesa de diálogo y cuyas filas han crecido al punto de llegar a ser parte de una red regional conectada con Perú, Ecuador y Brasil, de acuerdo con Crisis Group.
Por el momento, el candidato propone anticipar actos violentos contra las comunidades y los territorios a través de lo que llama una “inteligencia ambiental”, un sistema con el que aspira detectar en tiempo real la deforestación, la minería ilegal y la contaminación hídrica.
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Para Botero, no obstante, más que recopilar información sobre la deforestación, se requiere una reacción en tiempo real, con capacidad de operación y sostenibilidad en el tiempo. “Ahí es donde estaría gran parte del reto. Esa sostenibilidad depende de elementos que no solamente están asociados a la operación de seguridad, sino al desarrollo económico y a una institucionalidad que, hoy por hoy, no tiene presencia territorial”.
Además de esto, personas como Oviedo creen que un eventual gobierno de Cépeda profundizaría algunas apuestas de la administración de Gustavo Petro. Una de ellas, por ejemplo, es Conservar Paga, un programa del Ministerio de Ambiente que ha ofrecido incentivos económicos a familias en los territorios para frenar la deforestación y promover que el bosque se mantenga en pie. Reportes del Ideam muestran que, tras un año de su implementación, para finales de 2025, las familias en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad cumplieron en un 98 % los compromisos adquiridos.
Aunque esto es muestra de los resultados que pueden dar las acciones de diálogo, a ojos de Oviedo también se deben reconocer las fallas en la ejecución de Conservar Paga, como las demoras que se han denunciado en los pagos de las familias debido a los trámites que adelantan las autoridades ambientales. Un reto para Cepeda, entonces, sería “pensar los pagos por servicios ambientales como una estrategia adicional, pero no la única para la conservación de la Amazonia”, afirma la investigadora.
También menciona que al gobierno Petro le faltó avanzar en la estabilización de cadenas productivas amazónicas, por ejemplo de los frutos como el arazá, el copoazú y el camu camu.
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Hasta que eso suceda, dice, es clave pensar en transformar las prácticas de ganadería, uno de los mayores motores de deforestación, hacia modelos más sostenibles. “Hay que hacer ese tránsito en los lugares donde la ganadería es el sustento”, subraya Oviedo. “Quitar eso de tajo, igual que con la hoja de coca, va a significar una transformación en la vida económica y cotidiana de la gente. Esa es una mirada que a veces les cuesta a los ambientalistas más progresistas, pero se requiere un plan de salida: ¿cómo nos pensamos una diversificación de la matriz económica de la Amazonia?”.
Para Carlos Devia, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, hay un consenso en que se debe incorporar el uso de la Amazonia bajo un concepto de conservación. La diferencia entre Cepeda y De la Espriella es cómo lograrlo y quiénes estarán en el centro de esa apuesta. Ambos casos, dice el profesor, deben afinarse. Cepeda debería buscar “incorporar desarrollos tecnológicos de entidades externas para un aprovechamiento más ágil, adecuado y productivo. En cambio, De la Espriella tiene que suavizar su discurso y su enfoque de una producción extrema”.
Para enfrentar deforestación de manera frontal, agrega Alejandra Laina, directora del programa de Alimentos, Suelo y Agua de WRI Colombia, es necesario trabajar en procesos que vinculen en mayor medida a las comunidades locales, desde la restauración y la bioeconomía, y proveerles servicios básicos. “Pero también tiene que haber aplicación de la ley para combatir economías ilegales que las están afectando”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Catalina Sanabria Devia
