Minería ilegal en el Amazonas: otro fenómeno que agudizó la pandemia

Las balsas mineras se concentran principalmente en los ríos Caquetá, Putumayo y Puré.

Foto: FCDS

En las balsas mineras que suelen recorrer la cuenca amazónica trabajan alrededor de ocho personas. Alguien coordina la balsa y otro, que denominan como el mensajero, se encarga de traer el combustible y las remesas. También hay una cocinera -las mujeres que realizan esta labor generalmente son señoras mayores y no jóvenes para, en palabras de los mineros, evitar conflictos entre los mismos balseros y acoso-. El resto de integrantes son los manguereros, cadeneros y buzos que se sumergen sin ninguna garantía de seguridad a profundidades que superan los 15 o 20 metros, con una manguera en su boca que llega a un compresor que les proporciona oxígeno; y están quienes trabajan los minerales para recuperar lo que desde hace siglos se extrae de estas geografías: oro. Armar una balsa cuesta alrededor de $200 millones.

El proceso en el agua es así: un taladro perfora lechos de segmentos de piedras del río y la parte inferior es jalada por unas dragas hacia la superficie. Si los mineros alcanzan a percibir polvo de oro, la exploración continúa. Luego los residuos que se recogen se mezclan al ojo con mercurio en una batea. El minero gira la batea y el mercurio trae el oro hacia sí, facilitando la separación de este metal de otros sedimentos; el mercurio que no se une al oro se desecha al mismo río. Después, el resultado de esta amalgama se lleva al fuego para concentrar únicamente el oro y, ese mercurio, al que sí se juntó el oro, se libera en forma de vapor. En el río o en el fuego acaba la labor del mercurio en el proceso minero realizado en agua, pero arranca su trayecto de contaminación del agua y el aire.

***

Este escenario, común en el Amazonas antes del año 2020, aumentó durante la pandemia, una situación que agudizó las afectaciones ambientales y de salud pública. Pese a que en pleno confinamiento las fronteras de Colombia estaban cerradas y la mayoría de las actividades económicas frenadas, y no era posible pasar a Perú o Brasil por tierra, el caso no fue igual para los ríos. Las aguas siguieron su curso en el río Caquetá, que en Brasil se convierte en el río Japura, en el río Putumayo, que es el Içá de Brasil y en el del Puré (Amazonas), que en Brasil es Puruí y se encuentra con el Japura. (Lea: Las termitas nos dan pistas de cómo recuperar los suelos de la Amazonia)

Por eso las rutas mineras entre los tres países, que no conocen fronteras, lograron incluso expandirse. Los alrededores de los Japura y Puruí, en Brasil, por ejemplo, que están en proceso de concesión minera, atrajeron a varios trabajadores ilegales. “Para muchos es como si ya se pudieran explotar”, afirma Víctor Moreno, ingeniero ambiental y experto en impactos de la minería de oro de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

La situación no solo significó más explotación ilegal, sino problemas de salud pública, como la mayor propagación del coronavirus en la región y una intensificación de la ya conocida toxicidad por mercurio.

Los primeros casos de covid-19 en el Amazonas colombiano se reportaron en Leticia. Y cuando todos poníamos los ojos sobre esa ciudad, el coronavirus fue llegando a otras zonas de la selva por medio de los ríos. “Los mineros han llegado a sitios en donde históricamente no ha habido presencia del Estado, y menos por el tema de la pandemia. El Amazonas lo cerraron, no había entrada de vuelos y demás, pero por los ríos sí se movía todo y muchos mineros iban contagiados con covid-19, y lo que hicieron fue ayudar a regarlo en poblaciones indígenas en las que no había llegado la enfermedad”, afirma Moreno.

Investigadores de Amazon Conservation Team Colombia (ACT) coinciden en la misma hipótesis. “Ha sido común en la Amazonia que los vectores de enfermedades como el dengue, la malaria, la gripe o enfermedades de transmisión sexual sean estos actores de la ilegalidad porque están en movimiento entre pueblos remotos y la urbanidad, además de que tienen contacto con las comunidades porque comercian productos o los incorporan en sus balsas como mano de obra barata”, apunta la organización. Según la revista Pesquisa Javeriana, solo el departamento del Amazonas tuvo en 2020 y 2021, 20 veces mayor importación de casos covid-19 que el resto del país y una mortalidad en población indígena 2,6 veces más alta que a escala nacional. (Lea: Usar los ingredientes de la selva para frenar la deforestación)

Además, mapas satelitales de la FCDS, ACT y WWF, actualizados a 2021, registran que en el Amazonas colombiano la minería ilegal se concentra en los ríos Caquetá, Putumayo, Puré e Inírida (Guaviare). El informe de Unodc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) sobre la presencia de evoa (evidencias de explotación de oro de aluvión) en Colombia en 2020 coincide con las mismas zonas. Y allí es donde se registran, precisamente, las más altas contaminaciones de mercurio en peces y en humanos en el país, según el Observatorio de Mercurio de WWF.

La OMS ha establecido que la presencia de mercurio en peces no debe pasar los 0,5 parte por millón (ppm) y en humanos los 5 ppm. Pero lo cierto es que las cifras ya se superan en la Amazonia colombiana: de 1.036 muestras que se hicieron recientemente, se encontró que más de la mitad de la población tiene niveles de mercurio que superan los 10 ppm en el organismo (ver mapa). El mercurio es ingerido por las especies más pequeñas de peces, que son devoradas por las más grandes (por ejemplo, el bagre), acumulando la contaminación, que en últimas llega a las plazas de mercado del interior del país. En los humanos, el cerebro, los riñones y el hígado son los órganos más afectados por el mercurio, incluso se ha evidenciado que este puede atravesar la placenta, contaminando el feto antes del nacimiento de un bebé.

“Cambiar la dieta amazónica implica mucho más que solo cambiar lo que se come”, señala ACT Colombia. Algunas iniciativas que han surgido en las comunidades que buscan volver a lo tradicional se concentran en alimentarse con los peces más pequeños y de quebradas, pero “también en la medida en que hay más contaminación y más degradación de los ecosistemas, desaparecen algunos peces o especies”, agrega ACT. Otras veces hay que comer lo que caiga en la pesca: “no hay tienda, no hay nevera, hay que darles de comer a los niños”, insisten. Los padres tienen que decidir “si los más pequeños se van a enfermar de mercurio dentro de 20 años o aguantan hambre esta noche, si se mueren por mercurio en el futuro o se arriesgan a una desnutrición en un mes”.

Elio Antonio Matapi Yucuna, líder ambiental del departamento del Amazonas, afirma que en los ríos Puré y Cotué (Amazonas) es en donde más ha aumentado la minería ilegal desde que empezó la pandemia, y advierte que los operativos militares que se hacen en Colombia y Perú para intervenir la minería ilegal llegan hasta la frontera, por lo que las balsas que están del otro lado, sobre los mismos ríos, no se ven afectadas. “Uno le halla la razón a la gente porque son comunidades que viven apartadas, en donde no llegan procesos del Gobierno ni alternativas económicas formales, y la gente necesita hacer algo para beneficiarse de algún recurso económico. Nosotros, las poblaciones indígenas, no lo vemos como algo ilegal porque estamos rebuscando para nuestras necesidades cotidianas”. (Lea: Siete especies de primates de Latinoamérica entre las más amenazadas: expertos)

Un investigador de la región, que prefiere permanecer en el anonimato, asevera que “para que actúen las balsas mineras y las dragas tiene que haber combustible, y ese combustible está pasando por donde hay puestos de control del Ejército, de la Policía, de la Armada”. El material viene desde Putumayo o Caquetá y llega hasta el Amazonas. “Tanto el combustible como el ingreso del mercurio y la salida del oro pasan por los puestos de control oficiales”, explica.

Los puntos estratégicos en los que se arman las balsas y llega el combustible y el mercurio son Puerto Leguízamo (Putumayo), La Pedrera (Amazonas), Tarapaca (Amazonas) y Leticia, y entre los puntos estratégicos de Perú que se asocian a rutas mineras en Colombia están San Antonio del Estrecho e Iquitos, y de Brasil se cuentan Tabatinga, Japurá y Santo Antônio do Içá. El oro sale vía aérea desde Leticia, Tarapaca y La Pedrera hacia ciudades como Villavicencio o Bogotá: “Este oro es ilegal, pero cuando se le pone una factura en Bogotá, automáticamente, todo ese daño, destrucción y problemas de salud que ha generado, se limpia”, afirma el mismo investigador. En Perú, el oro ilegal se lleva hacia Lima y Cuzco. Y en Brasil, a ciudades como Manaos y São Paulo.

Pero a pesar de que desde 2014 se han realizado más de 100 operativos militares para destruir balsas mineras en la Amazonia colombiana, incluso en 2020 se registró uno importante en el río Caquetá, los expertos llegan a las mismas conclusiones: mientras no se ataquen las cabezas, es decir, a quienes ponen el capital para la acción ilegal, estas actividades no van a cesar.

Minería legal e ilegal: cifras que se cruzan

En marzo del año pasado el gobierno de Iván Duque anunció que 2020 fue el año en que más se produjo oro en el país con relación a los cuatro años anteriores: 47,6 toneladas de oro en total, casi un 30 % más que en 2019, un hecho que coincide con la subida del precio del metal: mientras que en agosto de 2019 el kg rondaba los US$49.000, en el mismo mes en 2020 estaba por los US$65.000.

Guillermo Rudas, máster en economía ambiental y recursos naturales del University College de Londres, ha realizado dos análisis al respecto: primero, que las ganancias económicas que tiene el país por cuenta de esta actividad son realmente bajas: por cada $1.000 que se exportan en oro, se pagan alrededor de $30 de impuesto a la renta, y, segundo, pero no menos importante, que a la hora de exportar el oro las cifras entre el que es legal e ilegal se mezcla, no es clara. Por ejemplo, sumando las cifras de oro reportadas en 2018 y 2019, se produjeron 72 toneladas, pero se exportaron 100. Yendo hacia más atrás, al sumar las cantidades reportadas de oro entre 2010 y 2013, se registran 232 toneladas producidas y 263 exportadas. Rudas vincula la razón del desfalco con la minería ilegal y considera que el fenómeno es algo estructural y sistemático, por lo menos desde hace 18 años que vigila las cifras.

Santiago Saavedra, PhD en economía por la Universidad de Stanford y profesor en la Universidad del Rosario, ha hecho estimaciones de que el 80 % del área minada del país no cuenta con título minero. Para Saavedra, un alza en el precio del oro siempre va a influir en la formación de redes de minería ilegal: “El precio del oro también atrae a los legales, pero ellos se demoran de dos a cinco años en reaccionar, porque en el país se demoran eso en darte un título; en cambio los ilegales pueden reaccionar ahí mismo a la subida del oro”, comenta.

Minería, más cerca de comunidades aisladas

El incremento de la minería en el Amazonas durante la pandemia es común a todas las regiones de esta selva en el continente, un fenómeno que se explica por una mayor retracción de los Estados. En 2020, por ejemplo, actores armados ilegales expulsaron a funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN) en toda la Amazonia colombiana, poniendo en riesgo, además, los territorios indígenas y las zonas protegidas que colindan con la extracción minera (ver el mapa). “Hemos vislumbrado más alianzas entre industrias extractivas ilegales. Antes los narcotraficantes trabajaban por un lado y los mineros por el otro, pero cada vez hemos vislumbrado más alianzas entre unos y otros: economías de escala, lo que también hace que esté más presente la minería”, afirma ACT.

Quienes han podido quedarse monitoreando la zona son funcionarios o contratistas de PNN que forman parte de las mismas comunidades y que, en la mayoría de los casos, no usan uniformes ni llevan algo manifiesto de la entidad. Ante la ausencia de esta autoridad ambiental, las balsas mineras han avanzado kilómetros río arriba y se han acercado a zonas que preocupan a los expertos en la región: donde están los pueblos indígenas aislados voluntariamente. Desde hace algunos años se ha venido registrando la presencia de estas comunidades indígenas que hace siglos se aislaron totalmente a lo largo y ancho de toda la Amazonia para evitar su exterminio. En Colombia hay 2 pueblos en aislamiento confirmados y 14 por confirmar .

Pero el acercamiento de los mineros a los pueblos aislados trae consigo varios riesgos: el aumento de contaminación de las aguas por mercurio, es decir, los peces consumidos por estas comunidades estarían cada vez más contaminados; la disminución de su territorio; y la posibilidad de generar contagios de enfermedades, como el coronavirus.

Para no especificar coordenadas por el bienestar de las mismas comunidades en aislamiento, antes de 2020 los mineros se encontraban a 100 kilómetros en línea recta de algunas de estas comunidades. Actualmente y con los ríos secos, después de dos años de pandemia, están a 10 km en línea recta. En el próximo invierno podrían llegar más arriba y seguir acercándose paulatinamente. Los peces que suben por las cabreras cercanas a los aislados cada vez estarán más contaminados de mercurio, lo que “es un patógeno silencioso, porque nunca van a saber que se murieron de mercurio, nunca van a saber que el origen de las enfermedades está en los pescados que consumen”, afirma ACT.

El acercamiento de las balsas ha hecho que los pueblos en aislamiento disminuyan su territorio: al escuchar el sonido de las dragas e identificarlo como una amenaza, los aislados se alejan de los ríos: “Un indicador del bienestar de los pueblos en aislamiento es la distancia de las amenazas”, continúa ACT, pero en este caso resulta contraproducente porque ese alejamiento implica la reducción de su territorio y la posibilidad del avance de las balsas. “El hecho de que las balsas mineras en pandemia hayan llegado muy cerca de los aislados da para prender alarmas de posibles contagios de covid-19″, agrega ACT. Las evidencias de algún impacto del coronavirus en alguna de estas comunidades podrían tardar años en identificarse, porque se monitorean, por ejemplo, encontrando un detrimento -que implica abandono- de las infraestructuras.

Aún es temprano para identificar al detalle las afectaciones del avance de la minería ilegal de oro durante la pandemia. Pero lo cierto es que mientras no haya ningún freno estructural, el daño amazónico será cada vez más irreversible.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de ACT.