Durante uno de los eventos de la COP30 que se realiza en la Amazonia brasileña, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, aseguró que Colombia es el primer país de la región en declarar toda su Amazonia como zona de reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos.
Algunos medios repicaron el anuncio, que también fue divulgado a través de los canales oficiales del Ministerio de Ambiente. Incluso, esa cartera envió un comunicado al grupo de WhatsApp de periodistas, en el que señala que “el Gobierno del Cambio da un paso histórico para proteger más de 483.000 km² del bioma amazónico”, que representa el 42% del territorio nacional.
El Minambiente, sin embargo, no dio a conocer ninguna resolución en la que detalle que es un hecho la creación de esa reserva, como ha estado esperando el sector ambiental. Tampoco le respondió a El Espectador las inquietudes que les transmitimos, pues este es un proceso que, como explicamos en esta nota, debe recorrer un largo camino. Como el mismo Ministerio nos había aclarado semanas atrás, debe realizar una consulta previa con, al menos, 50 pueblos indígenas.
De hecho, en esa oportunidad, esa cartera había dicho que la duración de ese proceso dependerá de los acuerdos que logren con las autoridades étnicas, con las que ya había estado dialogando.
La declaratoria sobre la que habla la ministra Vélez parte de un proyecto de resolución que estuvo abierto a comentarios hasta finales de octubre de 2025. En este se pretende declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables en toda la Amazonia colombiana. El objetivo es que no se otorguen nuevas concesiones mineras ni se celebren nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Según cifras del Gobierno Nacional, actualmente, existen 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras en el bioma amazónico.
En contexto: Minambiente quiere prohibir el petróleo en la Amazonia, pero la idea no convence a todos.
En otras palabras, la resolución restringe la expansión de nuevas actividades extractivas en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, “departamentos donde la apertura de vías y la minería ilegal han fragmentado ecosistemas vitales”, explica el Ministerio de Ambiente. Además, busca detener la pérdida y degradación de los bosques, evitar el acaparamiento de fuentes hídricas y proteger el equilibrio climático de la región.
Y es sobre este proceso a que se refiere la ministra (e) Vélez, quien aseguró que la “declaratoria es una apuesta ética y científica”, e hizo un llamado a los demás países amazónicos a tomar acciones por el cuidado del bioma.
Preguntas y puntos a favor de la declaratoria
Aunque la apuesta es celebrada por algunos y defendida por el Minambiente, ciertas organizaciones han manifestado su apoyo y algunas dudas sobre su impacto real a la hora de proteger la región. Por un lado, la cartera plantea que uno de los propósitos de la reserva es “aportar al reconocimiento de la Amazonia como sujeto de derechos y a la necesidad de implementar medidas de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”.
Según le había dicho a El Espectador Mateo Estrada, uno de los líderes del pueblo Siriano de Vaupés y asesor indígena de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), el proyecto del Minambiente materializa una de las apuestas del movimiento indígena: la de decirles “no” a la minería y a los hidrocarburos. “Considero que puede ser buena alternativa para la protección y conservación de la Amazonia”, comentó a este diario hace unas semanas.
Sin embargo, para Alejandra Laina, gerente de recursos naturales del World Resources Institute (WRI) en Colombia, no estaba claro cómo la iniciativa se articula con la Sentencia 4360 de 2018, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos.
Dicho fallo ordenó al Minambiente, así como al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a gobernaciones, alcaldías y otras instituciones, frenar la deforestación y garantizar los servicios ecosistémicos de la región. También hizo un llamado a coordinar acciones con campesinos y comunidades indígenas y afrocolombianas.
A ojos de Laina, el proyecto de resolución se enfocaba “en la minería y los hidrocarburos legales, mientras que los mayores desafíos ambientales y sociales están asociados a dinámicas ilegales aún no atendidas”. De manera similar opinaba la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), para la cual, a la hora de conservar la Amazonia, el verdadero reto radica en enfrentar esas situaciones de ilegalidad que destruyen la región.
“La resolución prohíbe nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y minería como si fueran la principal amenaza del bioma, pero la realidad es otra”, afirmó la ACGGP en un comunicado. “El deterioro de la Amazonia se explica en gran medida por la deforestación asociada a economías ilícitas, cultivos de uso ilícito, acaparamiento de tierras y extracción ilícita de minerales”, aseguró.
Una Amazonia en la que no haya explotación de hidrocarburos es una idea que han promovido otros grupos, desde diferentes orillas. Por ejemplo, a finales de agosto de este año congresistas de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Canadá reiteraron, en medio de la Cumbre Amazónica que se realizaba en Bogotá, una solicitud que venían barajando: que en esa región no se explote más petróleo. Comité Parlamentario Global por una Amazonia libre de combustibles fósiles, es como llamaron a ese grupo que también estará en la COP30.
Dentro de estos grupos, hay quienes recomiendan tener en cuenta otros aspectos en la propuesta. Juliana Peña Niño, gerente para Colombia del Natural Resource Governance Institute (NRGI), es una de ellas. Como le dijo en su momento a El Espectador, para el instituto es importante analizar con detenimiento las posibles estrategias de conservación y los cierres responsables de operaciones en aquellos lugares de la región donde hay bloques petroleros y contratos vigentes, reconociendo la realidad productiva de las regiones, además de los impactos económicos y sociales que implicaría una prohibición total.
Le puede interesar: Proyecto minero de cobre en Putumayo firmó consulta previa con resguardo indígena
La propuesta del Minambiente, afirma Peña, “es un paso importante para la transición justa, tanto para el país como para el mundo, lejos de los combustibles fósiles. La propuesta debe incluir las justificaciones económicas del declive petrolero y riesgos de activos varados que acompañen la decisión de prohibir nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que probablemente serán económicamente inviables”.
Desde el NRGI han documentado lo que describen como el declive estructural de dicha producción en Colombia. Mientras que entre 2017 y 2023, la producción nacional se mantuvo cerca de los 800.000 barriles por día (bpd), el instituto apunta que las proyecciones para 2030 son que caiga a 560.000 bpd, es decir, un 27 % menos que en 2024. Del mismo modo, la ACGGP recordó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha ido retirando la oferta de bloques exploratorios en la Amazonia colombiana durante los últimos 15 a 10 años.
Además, la asociación subrayó que solo algunos de los departamentos amazónicos tienen potencial de hidrocarburos, entre ellos Putumayo, donde la actividad de extracción también ha disminuido. Entre 2015 y 2024 se pasó de generar 46.000 bpd a 24.200 bpd. Peña anota que el año pasado Putumayo aportó el 3 % de la producción nacional, ocupando el sexto lugar del país. Esta situación podría cambiar, pues se prevé que para 2035 la producción disminuya, pasando a 8.000 bpd.
Lo invitamos a leer esta nota en la que abordamos a detalle el debate en torno a esta declaratoria del Ministerio de Ambiente.
