“El último informe de la ONG Global Witness hace ver, una vez más, la exigencia inaplazable de que Colombia adopte el Acuerdo de Escazú”, escribe Orlando Rayo, indígena yagua y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
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El último informe de la ONG Global Witness hace ver, una vez más, la exigencia inaplazable de que Colombia adopte el Acuerdo de Escazú. La ONG reportó que Colombia fue, por segundo año consecutivo, el lugar más peligroso del mundo para defender el medio ambiente. Global Witness documentó el asesinato de 277 líderes ambientales en el mundo durante 2020. Nuestro país encabezó la lista con 65 vidas perdidas en solo 365 días.
De acuerdo con el informe Defender el mañana, tres de cada cuatro ambientalistas asesinados perdieron la vida en Latinoamérica que, coincidencialmente, tiene en su territorio la selva amazónica uno de los ecosistemas más importantes para el equilibrio climático del mundo entero. Según la investigación, la principal causa de la persecución mortal que sufren los líderes ambientales fue la defensa de los bosques. A ello se le suma un agravante: los pueblos indígenas, que somos los principales habitantes y guardianes de la Amazonia, sufrimos un acoso sistemático.
El informe de Global Witness ofrece un panorama desolador que se revive casi que semanalmente con las noticias de nuevas amenazas o asesinatos de quienes, como yo, indígena yagua y Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) decidimos trabajar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales y la defensa de algo que hace parte esencial de nuestra forma vida: el cuidado del ambiente.
Pero lo cierto es que por el Acuerdo de Escazú hemos trabajado con esfuerzo diversas comunidades locales y pueblos indígenas aun en medio de muchas adversidades. Por fortuna, tenemos el apoyo de aliados clave que comprenden la necesidad de exigir al Estado colombiano que asuma con seriedad la obligación de proteger la vida de los defensores del ambiente.
La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Colombia) tiene múltiples razones para involucrarse con las comunidades amazónicas en el propósito de lograr que Colombia apruebe el Acuerdo de Escazú: porque amplificará la voz de quienes sufren los rigores de la deforestación y el cambio climático; porque es un deber de solidaridad con la Pacha Mama; porque contribuirá a defender los derechos de las generaciones futuras a gozar de la naturaleza; en fin, porque contribuirá a mejorar la protección de las personas defensoras del ambiente.
El debate sobre el Acuerdo de Escazú ha estado contaminado por la desinformación y, por qué no decirlo con claridad, por las mentiras. Algunos gremios, por ejemplo, aseguran que el acuerdo atenta contra la soberanía nacional cuando, en realidad, el acuerdo dispone que su aplicación se rige por el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y por el principio de igualdad soberana de los Estados. Otros más se atreven a sostener que el acuerdo permitirá la interferencia de tribunales internacionales en decisiones de las autoridades nacionales cuando, en verdad, los Estados tienen libertad para someter posibles controversias de naturaleza ambiental a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
IRI Colombia persistirá en las acciones de incidencia para lograr, con las otras muchas organizaciones de la sociedad civil que también han asumido este reto, que el debate sobre la adopción de ese acuerdo se haga con transparencia, pero, especialmente, con argumentos veraces.
La Iniciativa insistirá en reclamarle al Estado colombiano que cumpla el deber de garantizar la integridad y seguridad de los defensores de los derechos ambientales. Una verdad del Acuerdo de Escazú es que su adopción obligará al gobierno a reconocer y garantizar los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de opinión y expresión, de reunión y de asociación pacíficas y de circulación, de los defensores del derecho al ambiente sano.
Otra verdad sobre el acuerdo es que obligará a las autoridades nacionales a prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir por razón del ejercicio de los derechos que protege ese acuerdo. Una verdad más es que obligará al Estado a respetar y garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido y que esté relacionado con el tratado en cuestión.
IRI Colombia ofrece a diversas comunidades de Guaviare, Putumayo, Caquetá y Meta una plataforma de organización, diálogo social e incidencia desde la cual alzamos nuestra voz para reclamarle al gobierno la pronta adopción del Acuerdo de Escazú. Desde la Amazonia le decimos a las autoridades nacionales que el compromiso con el Acuerdo es una cuestión de vida tanto de la selva como de sus defensores.
*Orlando Rayo Acosta es indígena yagua del Amazonas y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Hace parte del consejo asesor de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Colombia).