Amazonia ecuatoriana queda desprotegida

Con esas palabras, Correa se refería al fracaso de la iniciativa bautizada Yasuní-ITT que en 2008 fue presentada ante la Asamblea de las Naciones Unidas y que consistió en que Ecuador se comprometía a no extraer ni una gota de crudo dentro del parque, que abarca más de un millón de hectáreas de selva amazónica, a cambio de que la comunidad internacional aportara US$3.600 millones para compensar los efectos económicos de esa decisión.

En los casi seis años que duró la campaña, los ecuatorianos tan sólo recibieron US$13,3 millones, lo que equivale al 0,37% del total que aspiraba recaudar. Empresas privadas y países como Bélgica, Chile, Francia, Italia, España e Indonesia hicieron sus aportes a través de un fidecomiso administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que garantiza el retorno íntegro del dinero, según la agencia de noticias AFP. En septiembre de 2011, Colombia se sumó a la “vaca” para proteger el Parque Yasuní con un aporte de US$100.000.

Correa pidió a la Asamblea Nacional de su país que, ante el fracaso de la iniciativa, permita la extracción de petróleo en tres pozos, el 1% del área del Parque, suficiente para aumentar en un 20% la actual producción de crudo de Ecuador, aunque se estima que bajo el suelo amazónico de esta región, en límites con Perú, existen unos 920 millones de barriles.

Pese al valor que podría generar la zona por su potencial energético, un grupo de investigadores de las universidades San Francisco de Quito y Maryland, de Estados Unidos, concluyó que el Parque es el santuario más biodiverso de Suramérica, con 100.000 especies de insectos por cada hectárea (la mayor proporción en el mundo) y unos 3.000 tipos de plantas.

Si bien, la riqueza natural del Parque bastaría para conservarlo y la Constitución ecuatoriana prohíbe la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas, este mismo documento le otorga al presidente la posibilidad de autorizar la extracción de recursos bajo la figura de interés nacional siempre y cuando reciba el aval del Congreso, acción que Correa tendrá que emprender ahora en este país y que podría resultar en contra de la protección del Parque.

¿Fracasó la idea de Yasuní-ITT? Según César Rodríguez Garavito, director del Observatorio de Justicia Ambiental de la Universidad de los Andes, se trataba de un modelo promisorio y financieramente sostenible que permitiría enfrentar dos desafíos: dejar claro que es inviable explotar todo el petróleo del mundo sin contribuir al calentamiento y hacer justicia con países que no han utilizado sus reservas.

Sin embargo, dice, hubo motivos para su fracaso. A la falta de voluntad política y a la crisis económica de varias naciones se suma que el gobierno ecuatoriano no hizo una promesa creíble a los gobiernos internacionales, ya que alrededor del Parque se venía promocionando abiertamente la explotación de petróleo: por ejemplo, la nacional Petroamazonas explotará este año el bloque 31, antes concesionado a la empresa brasileña Petrobras en esta zona.

Asimismo, un gran impulso para mejorar la infraestructura vial y el ingreso al parque, amenazan sus ecosistemas: la renovación de la vía Auca (construida en los años 70 para darle paso a la exploración petrolera de Texaco y la única manera de acceder al Yasuní por tierra) es un presagio de un nuevo e importante impulso de infraestructura en la Amazonía.

En esta situación, no convendría de ninguna forma una decisión del Congreso ecuatoriano favorable con la explotación del Parque. Ivonne Baki, jefa negociadora de la iniciativa Yasuní-ITT, fue contundente en una entrevista concedida a El Espectador en agosto de 2011, y reconoció que las operaciones podrían ensuciar las aguas con sustancias tóxicas, reformar el ecosistema, transformar el carácter de la vida cotidiana. “Cualquier cambio puede dañar muchísimo ese ambiente tan frágil que tenemos”, concluyó en aquel momento la funcionaria.

Con esas palabras, Correa se refería al fracaso de la iniciativa bautizada Yasuní-ITT que en 2008 fue presentada ante la Asamblea de las Naciones Unidas y que consistió en que Ecuador se comprometía a no extraer ni una gota de crudo dentro del parque, que abarca más de un millón de hectáreas de selva amazónica, a cambio de que la comunidad internacional aportara US$3.600 millones para compensar los efectos económicos de esa decisión.

En los casi seis años que duró la campaña, los ecuatorianos tan sólo recibieron US$13,3 millones, lo que equivale al 0,37% del total que aspiraba recaudar. Empresas privadas y países como Bélgica, Chile, Francia, Italia, España e Indonesia hicieron sus aportes a través de un fidecomiso administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que garantiza el retorno íntegro del dinero, según la agencia de noticias AFP. En septiembre de 2011, Colombia se sumó a la “vaca” para proteger el Parque Yasuní con un aporte de US$100.000.

Correa pidió a la Asamblea Nacional de su país que, ante el fracaso de la iniciativa, permita la extracción de petróleo en tres pozos, el 1% del área del Parque, suficiente para aumentar en un 20% la actual producción de crudo de Ecuador, aunque se estima que bajo el suelo amazónico de esta región, en límites con Perú, existen unos 920 millones de barriles.

Pese al valor que podría generar la zona por su potencial energético, un grupo de investigadores de las universidades San Francisco de Quito y Maryland, de Estados Unidos, concluyó que el Parque es el santuario más biodiverso de Suramérica, con 100.000 especies de insectos por cada hectárea (la mayor proporción en el mundo) y unos 3.000 tipos de plantas.

Si bien, la riqueza natural del Parque bastaría para conservarlo y la Constitución ecuatoriana prohíbe la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas, este mismo documento le otorga al presidente la posibilidad de autorizar la extracción de recursos bajo la figura de interés nacional siempre y cuando reciba el aval del Congreso, acción que Correa tendrá que emprender ahora en este país y que podría resultar en contra de la protección del Parque.

¿Fracasó la idea de Yasuní-ITT? Según César Rodríguez Garavito, director del Observatorio de Justicia Ambiental de la Universidad de los Andes, se trataba de un modelo promisorio y financieramente sostenible que permitiría enfrentar dos desafíos: dejar claro que es inviable explotar todo el petróleo del mundo sin contribuir al calentamiento y hacer justicia con países que no han utilizado sus reservas.

Sin embargo, dice, hubo motivos para su fracaso. A la falta de voluntad política y a la crisis económica de varias naciones se suma que el gobierno ecuatoriano no hizo una promesa creíble a los gobiernos internacionales, ya que alrededor del Parque se venía promocionando abiertamente la explotación de petróleo: por ejemplo, la nacional Petroamazonas explotará este año el bloque 31, antes concesionado a la empresa brasileña Petrobras en esta zona.

Asimismo, un gran impulso para mejorar la infraestructura vial y el ingreso al parque, amenazan sus ecosistemas: la renovación de la vía Auca (construida en los años 70 para darle paso a la exploración petrolera de Texaco y la única manera de acceder al Yasuní por tierra) es un presagio de un nuevo e importante impulso de infraestructura en la Amazonía.

En esta situación, no convendría de ninguna forma una decisión del Congreso ecuatoriano favorable con la explotación del Parque. Ivonne Baki, jefa negociadora de la iniciativa Yasuní-ITT, fue contundente en una entrevista concedida a El Espectador en agosto de 2011, y reconoció que las operaciones podrían ensuciar las aguas con sustancias tóxicas, reformar el ecosistema, transformar el carácter de la vida cotidiana. “Cualquier cambio puede dañar muchísimo ese ambiente tan frágil que tenemos”, concluyó en aquel momento la funcionaria.