Amazonia, un año de promesas incumplidas
Hoy se cumple un año de la histórica sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, las acciones para frenar la deforestación, que debían echarse a andar en septiembre del año pasado, están lejos de dar resultados.
InfoAmazonia*
Hace un año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de 25 niños y jóvenes que demandaron a la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia para que emprendan acciones inmediatas con el fin de reducir la deforestación a cero para 2020 y así garanticen el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones. Por segunda vez en la historia del país se le otorgaban derechos a un ecosistema. El primero fue el río Atrato, en 2015, y el del pasado 5 de abril de 2018 fueron las 48 millones de hectáreas de la Amazonia colombiana. (Lea: Corte Suprema, al rescate de la Amazonía)
La Corte emitió cuatro órdenes para frenar la deforestación y aunque las 27 entidades vinculadas al proceso tenían hasta septiembre de 2018 para cumplirlas, ninguna está cerca de materializarse.
La primera consiste en “Formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonia”. La Corte les dio cuatro meses (que vencieron en agosto del año pasado) a la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y el de Agricultura para formular tal plan de acción, pues la deforestación en la región alcanzó las 144.147 hectáreas en 2017.
La Presidencia delegó la tarea en el Ministerio de Ambiente y convocó a cinco talleres regionales entre julio y agosto que se llevaron a cabo en San José del Guaviare (Guaviare), San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Valparaíso y Milán (Caquetá), entre otros municipios.
La orden es explícita en pedir que las comunidades participen en las conversaciones, pero para ir de un municipio como Miraflores hasta San José del Guaviare, una persona puede tardar seis horas, o más si es invierno, por lo que la participación de la comunidad fue baja.
El Ministerio de Ambiente, sin embargo, le envió a la Corte su plan de acción para cumplir la STC-4360 de 2018.
“Se debe señalar que en el contexto del nuevo gobierno y el proceso actual de nombramiento de los directivos que tiene a cargo la responsabilidad de la implementación del plan de acción, [razón por la cual] el presente plan de acción será de validación para precisar conforme a las prioridades de gobierno y el marco presupuestal de mediano plazo las actividades”, dice el documento, que está en calidad de borrador.
A pesar de la baja participación, hay alcaldías que ya enviaron propuestas de planes para frenar la deforestación.
El municipio de Solano (Caquetá), por ejemplo, propuso capacitaciones periódicas, campañas pedagógicas sobre el cuidado de recursos naturales, la construcción de un vivero forestal y jornadas de reforestación, entre otras acciones. Ninguna de ellas contempla soluciones a las causas de la deforestación que el Ideam ha identificado en sus alertas tempranas: acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería y proyectos agroindustriales. Por otro lado, hay quienes aseguran que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque incumpliría la sentencia (además de los compromisos del Acuerdo de París) si no se modifica la meta de deforestación.
El 5 de marzo, 18 organizaciones y los 25 niños y adolescentes accionantes radicaron una carta en la cual le piden al Congreso que modifique la meta de deforestación propuesta en el PND 2018-2022. De acuerdo con los firmantes, la meta propuesta no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerlo constante.
El PND de Santos II tenía como meta de deforestación un máximo de 90.000 hectáreas al año. La que propone el gobierno Duque pone ese máximo según el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017: 179.597. “Si se conserva el ritmo actual de deforestación, Colombia perdería más de 800.000 hectáreas de bosques durante este tiempo: aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá”, escriben en la carta.
La segunda orden de la Corte es “crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano”, para lo cual le dio cinco meses a la Presidencia, los accionantes, comunidades, organizaciones científicas y grupos de investigación para proponer estrategias de adaptación al cambio climático y de reducción a cero de la deforestación, tarea de entidades como Visión Amazonia, por ejemplo.
El Ministerio de Ambiente, delegado de nuevo por Presidencia, pidió una prórroga de 10 meses que se cumplen en julio de 2019 para formular un plan participativo, que tal vez es la característica más importante de esta orden.
Sin embargo, durante los últimos ocho meses el Ministerio de Ambiente no ha convocado a reuniones para coordinar el Pivac, que además no está reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aunque una propuesta de cronograma que presentó esa cartera en septiembre de 2018 decía que sería así.
La tercera orden es que los municipios de la Amazonia deben actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial con planes para reducir la deforestación.
Cuando se publicó la sentencia, solo cuatro de los 31 municipios que hay en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo tenían POT en implementación. El resto estaban reformulándose desde hace siete años. Según Dejusticia, de los 14 municipios demandados, solo siete enviaron información de cumplimiento a la Corte y ninguno actualizó su POT.
Las razones varían. De acuerdo con un documento enviado por la Gobernación de Caquetá a la Corte solicitando una prórroga hasta el 31 de diciembre de2019, para cada actualización se requiere un mínimo de $500 millones que no estaban previstos en el presupuesto aprobado para 2018, y hay municipios que nunca han tenido POT, así que habría que empezar de cero.
La cuarta orden es para las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la Amazonia: Cormacarena, CDA y Corpoamazonia. La CSJ les ordena realizar un plan de acción para contrarrestar, con medidas policivas, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación. También les dio cinco meses, y si bien las tres corporaciones afirman estar cumpliendo la orden, no han presentado una nueva hoja de ruta, sino que presentaron a la Corte una hoja de ruta con las líneas de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, que fue creada antes de la decisión de la Corte.
Parece que el escepticismo que compitió con la alegría de la decisión de la Corte está ganando la pelea. Respecto a si una sentencia como esta es más simbólica que práctica, el magistrado ponente Luis Armando Tolosa, señaló el martes que la decisión sobre la Amazonia no es insular: “Es imperativo abogar por la construcción de un Estado de derecho ambiental. Si no somos conscientes de que el medio ambiente es un derecho fundamental, no un derecho colectivo, no vamos a tomar conciencia verdadera”.
Por su parte, Jorge Iván Palacio, el exmagistrado de la Corte Constitucional que lideró la sentencia que le otorgó derechos al río Atrato (Chocó) en febrero de 2015, dijo que “la gente no se da cuenta de la gravedad del problema a que está abocado el mundo y estamos disponiendo de algo que pertenece a las generaciones futuras. Las sentencias han visibilizado a nivel mundial el problema de la Amazonia, pulmón de la humanidad”.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.
Hace un año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de 25 niños y jóvenes que demandaron a la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia para que emprendan acciones inmediatas con el fin de reducir la deforestación a cero para 2020 y así garanticen el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones. Por segunda vez en la historia del país se le otorgaban derechos a un ecosistema. El primero fue el río Atrato, en 2015, y el del pasado 5 de abril de 2018 fueron las 48 millones de hectáreas de la Amazonia colombiana. (Lea: Corte Suprema, al rescate de la Amazonía)
La Corte emitió cuatro órdenes para frenar la deforestación y aunque las 27 entidades vinculadas al proceso tenían hasta septiembre de 2018 para cumplirlas, ninguna está cerca de materializarse.
La primera consiste en “Formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación en la Amazonia”. La Corte les dio cuatro meses (que vencieron en agosto del año pasado) a la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y el de Agricultura para formular tal plan de acción, pues la deforestación en la región alcanzó las 144.147 hectáreas en 2017.
La Presidencia delegó la tarea en el Ministerio de Ambiente y convocó a cinco talleres regionales entre julio y agosto que se llevaron a cabo en San José del Guaviare (Guaviare), San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Valparaíso y Milán (Caquetá), entre otros municipios.
La orden es explícita en pedir que las comunidades participen en las conversaciones, pero para ir de un municipio como Miraflores hasta San José del Guaviare, una persona puede tardar seis horas, o más si es invierno, por lo que la participación de la comunidad fue baja.
El Ministerio de Ambiente, sin embargo, le envió a la Corte su plan de acción para cumplir la STC-4360 de 2018.
“Se debe señalar que en el contexto del nuevo gobierno y el proceso actual de nombramiento de los directivos que tiene a cargo la responsabilidad de la implementación del plan de acción, [razón por la cual] el presente plan de acción será de validación para precisar conforme a las prioridades de gobierno y el marco presupuestal de mediano plazo las actividades”, dice el documento, que está en calidad de borrador.
A pesar de la baja participación, hay alcaldías que ya enviaron propuestas de planes para frenar la deforestación.
El municipio de Solano (Caquetá), por ejemplo, propuso capacitaciones periódicas, campañas pedagógicas sobre el cuidado de recursos naturales, la construcción de un vivero forestal y jornadas de reforestación, entre otras acciones. Ninguna de ellas contempla soluciones a las causas de la deforestación que el Ideam ha identificado en sus alertas tempranas: acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería y proyectos agroindustriales. Por otro lado, hay quienes aseguran que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque incumpliría la sentencia (además de los compromisos del Acuerdo de París) si no se modifica la meta de deforestación.
El 5 de marzo, 18 organizaciones y los 25 niños y adolescentes accionantes radicaron una carta en la cual le piden al Congreso que modifique la meta de deforestación propuesta en el PND 2018-2022. De acuerdo con los firmantes, la meta propuesta no busca reducir el número de hectáreas deforestadas sino mantenerlo constante.
El PND de Santos II tenía como meta de deforestación un máximo de 90.000 hectáreas al año. La que propone el gobierno Duque pone ese máximo según el número de hectáreas deforestadas entre 2016 y 2017: 179.597. “Si se conserva el ritmo actual de deforestación, Colombia perdería más de 800.000 hectáreas de bosques durante este tiempo: aproximadamente seis veces el tamaño de Bogotá”, escriben en la carta.
La segunda orden de la Corte es “crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano”, para lo cual le dio cinco meses a la Presidencia, los accionantes, comunidades, organizaciones científicas y grupos de investigación para proponer estrategias de adaptación al cambio climático y de reducción a cero de la deforestación, tarea de entidades como Visión Amazonia, por ejemplo.
El Ministerio de Ambiente, delegado de nuevo por Presidencia, pidió una prórroga de 10 meses que se cumplen en julio de 2019 para formular un plan participativo, que tal vez es la característica más importante de esta orden.
Sin embargo, durante los últimos ocho meses el Ministerio de Ambiente no ha convocado a reuniones para coordinar el Pivac, que además no está reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aunque una propuesta de cronograma que presentó esa cartera en septiembre de 2018 decía que sería así.
La tercera orden es que los municipios de la Amazonia deben actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial con planes para reducir la deforestación.
Cuando se publicó la sentencia, solo cuatro de los 31 municipios que hay en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo tenían POT en implementación. El resto estaban reformulándose desde hace siete años. Según Dejusticia, de los 14 municipios demandados, solo siete enviaron información de cumplimiento a la Corte y ninguno actualizó su POT.
Las razones varían. De acuerdo con un documento enviado por la Gobernación de Caquetá a la Corte solicitando una prórroga hasta el 31 de diciembre de2019, para cada actualización se requiere un mínimo de $500 millones que no estaban previstos en el presupuesto aprobado para 2018, y hay municipios que nunca han tenido POT, así que habría que empezar de cero.
La cuarta orden es para las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en la Amazonia: Cormacarena, CDA y Corpoamazonia. La CSJ les ordena realizar un plan de acción para contrarrestar, con medidas policivas, judiciales o administrativas, los problemas de deforestación. También les dio cinco meses, y si bien las tres corporaciones afirman estar cumpliendo la orden, no han presentado una nueva hoja de ruta, sino que presentaron a la Corte una hoja de ruta con las líneas de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, que fue creada antes de la decisión de la Corte.
Parece que el escepticismo que compitió con la alegría de la decisión de la Corte está ganando la pelea. Respecto a si una sentencia como esta es más simbólica que práctica, el magistrado ponente Luis Armando Tolosa, señaló el martes que la decisión sobre la Amazonia no es insular: “Es imperativo abogar por la construcción de un Estado de derecho ambiental. Si no somos conscientes de que el medio ambiente es un derecho fundamental, no un derecho colectivo, no vamos a tomar conciencia verdadera”.
Por su parte, Jorge Iván Palacio, el exmagistrado de la Corte Constitucional que lideró la sentencia que le otorgó derechos al río Atrato (Chocó) en febrero de 2015, dijo que “la gente no se da cuenta de la gravedad del problema a que está abocado el mundo y estamos disponiendo de algo que pertenece a las generaciones futuras. Las sentencias han visibilizado a nivel mundial el problema de la Amazonia, pulmón de la humanidad”.
*Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.