Desde el pasado 22 de marzo, una delegación de campesinos e indígenas de 40 resguardos, reservas y asociaciones campesinas de Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Guainía viajaron hasta Bogotá para explicar cómo los está afectando la militarización de las estrategias de conservación del bosque y solicitar una audiencia pública para discutir el papel de la Fuerza Pública en la defensa del medioambiente. (Vea: La apropiación de tierras y la corrupción están destruyendo a la Amazonía)
Específicamente se refirieron a la Operación Artemisa, una de las estrategias del Gobierno del presidente Iván Duque para detener la deforestación con ayuda del Ejército Nacional y la Policía. Según las cifras entregadas por Duque en febrero de este año desde Mapiripán (Meta), Artemisa ha recuperado, durante sus nueve fases, 12.358 hectáreas de bosques, parques naturales y selvas del país.
Durante las nueve fases de Artemisa, señaló el Gobierno, se han capturado 81 personas por orden judicial y/o en flagrancia por diferentes delitos ambientales y se han inhabilitado 32 construcciones, una vía ilegal en Guaviare, dos puentes en zona de protección natural e incautado siete hierros para marcas de ganado, 23 motosierras, siete guadañas y seis vehículos.
“Hemos sido víctimas de atropellos por parte del Ejército Nacional y del Esmad. Tenemos campesinos que están siendo judicializados en cárceles, y por esta razón hemos venido al Congreso para hablar con algunos senadores y proponer una audiencia pública en La Macarena para exponer de manera amplia esta situación”, explicó Luz Mery Panche, de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Según Panche, las intervenciones militares están afectándoles porque la única manera de judicializar a una persona que tala bosque es si es capturada en flagrancia, y quienes talan son los campesinos a quienes se les paga cerca de un millón de pesos por trabajo, pero eso no los hace grandes deforestadores. Cabe aclarar que la Operación Artemisa solo actúa en zonas bajo alguna figura de protección ambiental como Parques Nacionales. “Nuestra propuesta es que nos incluyan de verdad en la Mesa Ambiental que instaló el Ministerio del Interior en marzo del año pasado y que se quedó quieta por la pandemia. Somos capaces de conservar la selva, manejar el territorio y convivir en la selva por miles y miles de años. Nuestra apuesta es permanecer como dueños que somos”, agregó la lideresa. (Puede leer: Grupo Casino, demandado en Francia por deforestación en la Amazonía)
Carlos Rodríguez, campesino de La Macarena (Meta), también cuestionó los operativos de Artemisa, el mecanismo creado por el Gobierno para frenar la deforestación. “Pero mire la contradicción que se da: ya van cinco billones de pesos gastados en operativos de Artemisa tratando de frenar la deforestación, pero a tres años de acciones, uno no ve avances. Lo que ve es que se queman viviendas de campesinos que llegan a la Amazonia y en mi caso, por ejemplo, llegamos hace 50 años de El Espinal (Tolima) y así llegamos allá. Mientras la idea sea conservar la Amazonia, pero dañando el modo de vida de la gente es muy tremendo”.
Azeneth Castro, de La Macarena (Meta), de Asomacarena, habló en representación de las mujeres campesinas de la Amazonia. Aunque no tiene cifras claras, menciona que las mujeres se ven afectadas cuando las judicializan a ellas, cabezas de hogar, o a los esposos de algunas.
“Llegan y se llevan al hombre de la casa, entonces la mujer queda desamparada. Los hijos, algunos, se los han llevado para el Bienestar Familiar porque son invasores de áreas protegidas, y la orden que ellos llevan es sacar a las personas dentro de los parques amazónicos, y nosotras hemos sido las víctimas porque ponemos los hijos para la guerra. Cuando hablo del estigma, es que le digo que tener la cédula de La Macarena es que la tienen como quien viva allí es ser delincuente o disidente. Se llevan al señor para la Fiscalía, mientras la señora queda allí, los niños en el ICBF, lo tienen dos o tres días y les dan la libertad, pero con el compromiso de no volver a su tierra. Eso es destierro”. (Le puede interesar: “El futuro de la selva amazónica dependerá de lo que se haga este 2021”)
En febrero de 2020 se presentaron protestas en Caquetá y Meta en rechazo a las acciones de la Fuerza Pública en los PNN Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, ubicados en el Área de Manejo Especial de La Macarena. Los manifestantes se oponían a los operativos y capturas de personas que, según ellos, apenas sobreviven con los cultivos de pancoger y ganadería que tienen en las áreas protegidas, y proponen una “salida negociada” a la ocupación de los Parques Naturales.
De esta operación resultaron dos muertos, varios heridos y 20 capturados, así como algunos menores de edad a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se capturó campesinos por el delito de invasión a zonas de importancia ecológica (es decir, Parques Nacionales), pero según una comisión de verificación, los predios que les pertenecen no estaban dentro de zona protegida, y no “invadieron”, sino que viven allí desde antes que se declarara el Parque.
“Esto muestra que, si bien la expectativa es que la militarización verde contribuya a la conservación de las áreas de especial importancia ecológica mediante la judicialización de quienes cometen delitos ambientales y la disuasión de otros, en la práctica esta tarea resulta muy compleja y con una efectividad limitada, especialmente cuando se hace de manera intermitente y aislada”, se lee en el informe.
La delegación convocó a una audiencia pública presencial en La Macarena para proponer alternativas a la Operación Artemisa. (Lea también: El tucupí, una salsa picante que busca frenar la deforestación amazónica)
* Este artículo es publicado en alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.