Ampliación del aeropuerto de Providencia afectaría la sostenibilidad

Así lo advierte un estudio adelantado por la bióloga Alessandra Trujillo López, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien señala que pese a que el proyecto está suspendido persiste la preocupación por posibles cambios en la delimitación del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon.

A esto se suman los anuncios del Gobierno nacional sobre proyectos para reconstruir y reactivar la economía de la Isla tras el paso del huracán Iota, lo que pondrían en duda el abandono real del proyecto.

“Esta iniciativa se enmarca dentro de la gestión del territorio, que se puede entender como las decisiones que lo transforman, que suelen estar encaminadas a ofrecer un servicio el como turismo, pero sería perjudicial para otros aspectos, como el ambiental”, señala la investigadora.

Agrega que “una mala gestión del territorio puede llevar a afectaciones de los ecosistemas por las acciones humanas. Cuando esas problemáticas son visibles para la comunidad surgen conflictos ambientales, en la medida en que se perciben diversas formas de ver el territorio y diferentes intereses. En ese punto los mecanismos de participación sirven para garantizar la inclusión de los actores en esa gestión, dándoles derecho a incidir en las decisiones durante el desarrollo de los proyectos”.

“Los datos disponibles muestran que en 2015 llegaron a San Andrés casi 1 millón de turistas, mientras que a Providencia solo llegaron unos 10.000. Esa conectividad diferencial se remonta al siglo pasado cuando se instauró el puerto libre, lo que ocasionó una ola migratoria y el aumento de la población flotante de turistas”, revela la investigadora Trujillo.

Una de las consecuencias de ese cambio es que la comunidad raizal en San Andrés llega apenas al 48 % y en Providencia al 92 %, según datos del DANE de 2020.

La investigación detalla que esto ocasionó que la cobertura de servicios públicos y de infraestructura en la Isla no se diera en la misma medida que el crecimiento de la población o los visitantes de San Andrés, causando graves problemas como que solo el 20 % del lugar tenga acueducto, comparado con el 80 % en Providencia.

“La población de Providencia se opone al proyecto, además, porque considera que su Isla no tiene la capacidad para recibir un aumento de turistas por la deficiencia en servicios como el alcantarillado, que no alcanza a cubrir el 10 % del territorio”, puntualiza la bióloga Trujillo.

Riesgos por megaproyectos

Otro punto que aborda la investigación es que más turistas aumentarían la dependencia de importaciones, la contaminación por vertimiento de aguas residuales, la demanda de recursos naturales limitados y los megaproyectos hoteleros que harían más presión sobre el patrimonio.

En este tema, la investigadora recalca que tales iniciativas terminan homogeneizando el paisaje, disminuyen la competitividad del destino, pues usualmente son de capital extranjero, y dejan un bajo aporte a la economía local.

Por otra parte, el modelo “todo incluido” (alojamiento, transporte, alimentación, recreación) reduce los precios y cambia el perfil de turista, que ya este no tiene interacción con locales fuera del hotel, lo que se refleja en la reducción del gasto turístico en empresas locales.

“Ese modelo también excluye a la comunidad en lo físico, porque se privatizan las playas, por ejemplo, se crean empleos con baja remuneración, y por depender de la estacionalidad del turismo presentan poca estabilidad”, sostiene la bióloga Trujillo.

Acción ciudadana

La inclusión de los actores locales (pueblo raizal) en las decisiones sobre la gestión y planificación de su territorio –como la ampliación del aeropuerto, la apropiación de los mecanismos de participación ambiental y la vigilancia de las decisiones que desconocen, es decir la participación efectiva– muestran que el tema ya forma parte de la comunidad.

Por último, la investigadora subraya que todos los aspectos deberían ser analizados y estudiar sus implicaciones para no perjudicar el desarrollo sostenible que han planteado las comunidades raizales para su Isla, que se debe orientar al gasto turístico y promover que quienes lleguen dejen más dinero a las comunidades y a empresas locales y sostenibles con el ambiente.

Así lo advierte un estudio adelantado por la bióloga Alessandra Trujillo López, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien señala que pese a que el proyecto está suspendido persiste la preocupación por posibles cambios en la delimitación del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon.

A esto se suman los anuncios del Gobierno nacional sobre proyectos para reconstruir y reactivar la economía de la Isla tras el paso del huracán Iota, lo que pondrían en duda el abandono real del proyecto.

“Esta iniciativa se enmarca dentro de la gestión del territorio, que se puede entender como las decisiones que lo transforman, que suelen estar encaminadas a ofrecer un servicio el como turismo, pero sería perjudicial para otros aspectos, como el ambiental”, señala la investigadora.

Agrega que “una mala gestión del territorio puede llevar a afectaciones de los ecosistemas por las acciones humanas. Cuando esas problemáticas son visibles para la comunidad surgen conflictos ambientales, en la medida en que se perciben diversas formas de ver el territorio y diferentes intereses. En ese punto los mecanismos de participación sirven para garantizar la inclusión de los actores en esa gestión, dándoles derecho a incidir en las decisiones durante el desarrollo de los proyectos”.

“Los datos disponibles muestran que en 2015 llegaron a San Andrés casi 1 millón de turistas, mientras que a Providencia solo llegaron unos 10.000. Esa conectividad diferencial se remonta al siglo pasado cuando se instauró el puerto libre, lo que ocasionó una ola migratoria y el aumento de la población flotante de turistas”, revela la investigadora Trujillo.

Una de las consecuencias de ese cambio es que la comunidad raizal en San Andrés llega apenas al 48 % y en Providencia al 92 %, según datos del DANE de 2020.

La investigación detalla que esto ocasionó que la cobertura de servicios públicos y de infraestructura en la Isla no se diera en la misma medida que el crecimiento de la población o los visitantes de San Andrés, causando graves problemas como que solo el 20 % del lugar tenga acueducto, comparado con el 80 % en Providencia.

“La población de Providencia se opone al proyecto, además, porque considera que su Isla no tiene la capacidad para recibir un aumento de turistas por la deficiencia en servicios como el alcantarillado, que no alcanza a cubrir el 10 % del territorio”, puntualiza la bióloga Trujillo.

Riesgos por megaproyectos

Otro punto que aborda la investigación es que más turistas aumentarían la dependencia de importaciones, la contaminación por vertimiento de aguas residuales, la demanda de recursos naturales limitados y los megaproyectos hoteleros que harían más presión sobre el patrimonio.

En este tema, la investigadora recalca que tales iniciativas terminan homogeneizando el paisaje, disminuyen la competitividad del destino, pues usualmente son de capital extranjero, y dejan un bajo aporte a la economía local.

Por otra parte, el modelo “todo incluido” (alojamiento, transporte, alimentación, recreación) reduce los precios y cambia el perfil de turista, que ya este no tiene interacción con locales fuera del hotel, lo que se refleja en la reducción del gasto turístico en empresas locales.

“Ese modelo también excluye a la comunidad en lo físico, porque se privatizan las playas, por ejemplo, se crean empleos con baja remuneración, y por depender de la estacionalidad del turismo presentan poca estabilidad”, sostiene la bióloga Trujillo.

Acción ciudadana

La inclusión de los actores locales (pueblo raizal) en las decisiones sobre la gestión y planificación de su territorio –como la ampliación del aeropuerto, la apropiación de los mecanismos de participación ambiental y la vigilancia de las decisiones que desconocen, es decir la participación efectiva– muestran que el tema ya forma parte de la comunidad.

Por último, la investigadora subraya que todos los aspectos deberían ser analizados y estudiar sus implicaciones para no perjudicar el desarrollo sostenible que han planteado las comunidades raizales para su Isla, que se debe orientar al gasto turístico y promover que quienes lleguen dejen más dinero a las comunidades y a empresas locales y sostenibles con el ambiente.