En la tarde de este viernes 27 de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunció ante la investigación de la Procuraduría por presuntas omisiones y negligencias en la operación del embalse de Urrá, en Córdoba.
Según se lee en el documento que abre la investigación contra la directora de la ANLA, Irene Vélez, y otros funcionarios, así como representantes de la empresa que opera esta central hidroeléctrica, se habría incurrido en "una presunta operación negligente y con incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) por parte de Urrá S.A. E.S.P., que habría infringido la regla de operación de la represa hidroeléctrica, lo que supone una priorización en uno de los propósitos del embalse, que es la generación de energía eléctrica, por encima de otro de los propósitos, que es la regulación de los caudales para evitar inundaciones; además de fallar en la gestión del riesgo de desastres”.
En el caso concreto de la directora de la ANLA, se le investigará por una presunta inobservancia ante el presunto incumplimiento de la Curva Guía Máxima (CGM) —el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente— que debía ser acatada por la empresa desde 2024.
En contexto: Abren investigación contra Irene Vélez por presuntas negligencias en embalse de Urrá.
Luego de que se conociera la decisión por parte del ente control, la ANLA publicó un comunicado en el que defiende su vigilancia sobre la operación de la hidroeléctrica, y sostiene que ha actuado con “celeridad y contundencia frente a los hallazgos de posibles infracciones ambientales”.
“Desde 2022 hasta la fecha, la entidad ha emitido 242 sanciones, de las cuales más del 50 % fueron proferidas durante el año en que la autoridad ha estado bajo la dirección de Irene Vélez. Además, por medio de las sanciones económicas impuestas por la Autoridad en los últimos cuatro años, el Estado ha recaudado alrededor de COP 198,183 millones”, sostiene la entidad, a través de un comunicado.
Por su parte, la entidad afirmó que el seguimiento a la operación del embalse se ha cimentado en “criterios técnicos rigurosos”, así como visitas a territorio y una revisión de la documentación entregada por los titulares de las licencias.
Finalmente, la Autoridad indicó que “las empresas generadoras de energía son responsables directas de gestionar los riesgos en sus operaciones. Además, ante un evento climático súbito, los responsables de actuar de manera preventiva y correctiva son el titular de la licencia, los municipios, la autoridad ambiental regional y la Unidad de Gestión del Riesgo”, afirmó la entidad.
La entidad también reiteró que está dispuesta a entregar la información y documentación que sea requerida, así como a respaldar los esfuerzos por investigar a fondo las responsabilidades y desencadenantes del desastre que afectó a las comunidades de Córdoba.
¿Qué investigará la Procuraduría?
Este jueves 26 de marzo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y otros funcionarios, por presuntas negligencias en la operación del embalse de Urrá, en Córdoba, donde las lluvias atípicas provocaron inundaciones en la cuenca del río Sinú a principios de 2026.
Al proceso también fueron vinculados Camilo Alexander Rincón, subdirector de la ANLA; Libardo Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios; Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas; Orlando Rodrigo Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS); Enrique Kerguelen, presidente de la empresa Urrá y Juan Acevedo, expresidente de esta misma empresa.
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Esta decisión llega luego de una actuación preventiva por parte de una procuradora delegada con funciones mixtas que, en las últimas semanas, recopiló y requirió información sobre las decisiones tomadas en torno a la operación de la planta.
El ente de control señala que se habría ocurrido en una presunta omisión del deber de vigilancia, control y aplicación del principio de prevención por parte de la ANLA, “cuya intervención resultó tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos”.
En el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, se señaló que esta entidad habría tenido conocimiento de irregularidades en la operación de Urrá, pero cuyas actuaciones no fueron “suficientemente proactivas” para evitar el desastre.
Acá puede leer el documento completo:
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