Anla inicia proceso sancionatorio ambiental por emergencia de Hidroituango

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales multó a EPM con $5.509.700.871 por la emergencia ambiental de Hidroituango. Aducen que la empresa no modificó los permisos ambientales requeridos.

- Redacción Vivir
05 de enero de 2020 - 10:57 p. m.
La emergencia de Hidroituango comenzó el 28 de abril de 2018.  / EPM
La emergencia de Hidroituango comenzó el 28 de abril de 2018. / EPM

El 5 de febrero se realizó el cierre de las compuertas de la casa de máquinas en Hidroituango, una medida que según Empresas Públicas de Medellín (EPM) era necesaria debido a los socavones que se encontraron en los túneles de desviación y porque la evacuación del agua era indispensable para analizar el daño en esta parte de la presa. Sin embargo, la operación terminó generando una disminución histórica en el caudal del río Cauca y, río abajo, por Puerto Valdivida, una inundación. Ante la emergencia se realizó la segunda evacuación más grande de la historia del país, después de la avalancha de Mocoa. 

Por incumplir en “garantizar el caudal ecológico del río Cauca aguas abajo del sitio de presa, de manera que exista un volumen de agua mínimo que asegure la prestación de los servicios ecosistémicos del cuerpo de agua”, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales inició un proceso de sanción ambiental y una investigación contra EPM por la emergencia de Hidroituango.

El cargo por el cual se asignó la sanción ambiental es “haber iniciado la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) en el proyecto hidroeléctrico Pescadero – Ituango, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de la Licencia Ambiental”. La sanción es de  $5.509.700.871.

En una auditoría que realizó la Contraloría en agosto de 2018, y que reseñó El Colombiano, la ANLA modificó la licencia ambiental del proyecto para construir un túnel “donde se instalarán las compuertas y la estructura de descarga de fondo que originalmente se tenía previsto instalar en los túneles de desviación, pero las obras civiles comenzaron 13 meses antes, en agosto de 2015.

Según la auditoría de la Contraloría, tanto la ANLA como EPM fueron “omisivas” con las licencias ambientales. Por su parte, la Anla basa su decisión de abrir una investigación en una visita técnica realizada en junio de 2019 y en la falta de cierta documentación sobre la emergencia. Las razones que aduce la entidad son: por no presentar  estudios de sismicidad y fiabilidad de las compuertas 1 y 2 de la Casa de Máquinas; por no haber presentado la información actualizada respecto de los sectores de extracción de residuos vegetales sobre el río Cauca aguas arriba del sitio de presa; por no entregar información sobre cuanta tierra se había deslizado y no establecer medidas para estabilizar la zona del deslizamiento; por no presentar mensualmente el informe sobre manejo de aguas y aguas residuales, y por no haber presentado soportes documentales en donde  se hiciera monitoreo de los peces de la zona de influencia del proyecto, en el río Cauca.

“En los soportes radicados no se refieren las áreas de barreras de retención, no reposa información actualizada de estas (esta información debe ser reportada cada dos semanas) y no se presenta el avance de los volúmenes extraídos en los diferentes sectores que se localizan a lo largo del embalse para los meses de abril, mayo y junio de 2019, correspondientes al actual periodo de seguimiento”, dice el documento. La encargada de investigar será la Procuraduría delegada para asuntos ambientales.

*Este artículo fue modificado el 10 de enero para agregar un apartado del comunicado de EPM en donde indican que la empresa interpondrá un recurso de reposición ante la misma autoridad ambiental, donde se presentarán los argumentos de defensa que se consideren pertinentes. "En caso de que se ratifique la sanción por parte de la ANLA, se estudiará la procedencia de instaurar las acciones judiciales a que tiene derecho la empresa". 
 

Por - Redacción Vivir

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