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Anulan decreto sobre la Línea Negra, territorio ancestral en Sierra Nevada de Santa Marta

El Consejo de Estado decidió declarar nulo un decreto por medio del cual se redefinió el territorio ancestral de cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro de lo que las comunidades denominan la “Línea Negra”. El Alto Tribunal encontró demostrados los cargos de falsa motivación y expedición irregular.

Redacción Ambiente

20 de febrero de 2026 - 09:13 a. m.
Los espacios sagrados ordenan y garantizan la vida del territorio ancestral, según las prácticas ambientales, naturales, culturales y espirituales de las comunidades.
Foto: Wikimedia Commons
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El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, por medio del cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Cabe recordar que, finalizando el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, se expidió la normativa, con la que se delimitaron 348 espacios sagrados para estos pueblos. Dichos espacios se encuentran dentro de la denominada “Línea Negra”, una zona reconocida como de especial protección, y que para las comunidades indígenas representa “la conexión del mundo material con los principios espirituales del origen de la vida”, de acuerdo con el decreto.

La demanda

En 2019, el abogado Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, quien actualmente es viceministro de Justicia, presentó una demanda con la que pedía que el acto administrativo fuera anulado. Entre sus argumentos, Dueñas aseguró que el decreto incurría en falsa motivación, falta de competencia, expedición irregular y transgresión del ordenamiento jurídico superior.

El abogado señaló que, en el momento en que se expidió la normativa, no existía el mapa cartográfico oficial del territorio ancestral de la Línea Negra realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Tampoco se conocía la versión definitiva de un “Documento Madre” elaborado los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual habría podido afectar el proceso de participación efectiva.

Además, Dueñas consideró que el decreto transgredió el derecho a la consulta previa de otras comunidades, cuyos territorios se superponen con la Línea Negra. Entre los grupos mencionados en la demanda estaban los indígenas wayúu y chimilas, así como los Consejos Comunitarios de las Comunidades negras Los Palenques de Juan y Medio, Los Moreneros, El Negro Robles, entre otros.

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Incluso, el abogado aseveró que el decreto vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues, dijo, el Gobierno no les habría permitido participar en la construcción de la decisión. “Solo existieron algunos espacios de socialización y de participación para estos pueblos indígenas, que de ningún modo satisfacen los requisitos y estándares establecidos en la jurisprudencia constitucional para el desarrollo de la consulta previa”, apuntó el abogado.

Tras analizar la demanda de Dueñas, el Consejo de Estado decidió declarar nulo el Decreto 1500 de 2018. Encontró probados los cargos de falsa motivación, por no haberse anexado la cartografía oficial, y expedición irregular, debido a que no se agotó el trámite de la consulta previa con otras las comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas al interior del polígono de la Línea Negra.

“En esa medida, al prosperar la pretensión principal, la Sala no se pronunciará frente a los demás cargos formulados por el demandante para justificar la pretensión subsidiaria” se lee en el fallo del Alto Tribunal. Resolvió, además, no imponer el pago de gastos judiciales a ninguna de las partes.

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Ante la decisión, el Ministerio de Ambiente se pronunció este viernes, durante un encuentro con medios de comunicación en el que estuvo El Espectador. La cartera recordó que, actualmente, en la Sierra Nevada de Santa Marta hay una reserva temporal que se traslapa parcialmente con la Línea Negra.

“Estamos desarrollando una estrategia definitiva de reserva completa con los cuatro pueblos de la Sierra”, dijo la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres. Agregó que su aspiración es culminar dicho proceso antes de que finalice el Gobierno de Gustavo Petro.

La jefe de cartera también dijo que “habrá que ver cómo se organizan los pueblos de la Sierra, pues, según el fallo, deben corregirse los procesos de participación de otras comunidades”.

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