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Entre las organizaciones que defienden el ambiente había hoy una gran expectativa. Después de cerca de once meses de espera, las Comisiones Segundas iban a votar el proyecto de ley con el que Colombia ratificaría el Acuerdo de Escazú, lo cual impediría que se hundiera. Sin embargo, se aplazó. (Lea La importancia del Acuerdo de Escazú)
El motivo de este aplazamiento tuvo que ver con que el Congreso convocó plenaria a las 10 a.m., lo que impidió que se continuara con la votación, que estaba programada entre las 9 a.m. y 10 a.m. No es permitido hacer dos sesiones al tiempo.
En el lapso, el senador Antonio Sanguino (Partido Verde) presentó una ponencia positiva, en la que expuso argumentos para derrumbar los “mitos” que se han generado en torno a este tratado que, de hecho, entró en vigor el 22 de abril y ha sido considerado el tratado más importante en materia ambiental que han firmado los países de América Latina.
Por su parte, Juan David Vélez (Centro Democrático), presentó una ponencia negativa, exponiendo argumentos en contra del tratado. Su intervención fue tan extensa, como la de Paola Holguín, que tuvieron que suspender la sesión por falta de tiempo.
Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sucederá? ¿Cuándo se hará esa votación nuevamente? Se requiere, primero, que haya un nuevo anuncio para llevar a cabo esa votación. Si se hace el viernes 18 de junio, la votación se realizaría el sábado. Si se anuncia el sábado, la votación debería hacerse el domingo (no pueden hacerse dos cosas el mismo día).
Si no se lleva a cabo, el proyecto será archivado por vencimiento de términos, pues el 20 de junio termina la legislatura. Eso quiere decir que Colombia seguiría estando entre los países que aún no ratifican el Acuerdo.
Como le había dicho a este diario José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, este tratado es “una señal de fortalecimiento del multilateralismo como un espacio de cooperación y de la preocupación que tenemos frente al costo humano que tiene el tratar de proteger la región de la destrucción de la naturaleza. También creo que marca un hito en el sentido de expresar la voluntad de América Latina de armonizar hacia arriba el Estado de derecho y la gobernabilidad de las sociedades. El Acuerdo, que resalta los pilares de información, participación y justicia ambiental, genera instrumentos que creo que son muy positivos para discutir el rumbo que quiere darse a las sociedades”.
En palabras de Mauricio Madrigal, director de de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, en este acuerdo “se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.
Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para establecer “una protección especial a los defensores ambientales”.
