Así se organiza la Amazonía para el posconflicto

Tras dos años de la firma de los Acuerdos de Paz, en el Teatro Colón de Bogotá, cabe hacerse la pregunta de cómo aterrizar esos acuerdos en esta región. El informe “Ordenamiento territorial y ambiental de la Amazonía colombiana en el posconflicto”, de Ambiente y Sociedad, hace un exhaustivo recuento sobre este asunto.

En Colombia, los Planes Nacionales de Desarrollo existen desde 1968, y desde ese entonces, estuvieron regidos por el concepto de la “Latinoamérica subdesarrollada”. En la década de los setenta, con la migración masiva de las personas del campo a las ciudades, se promulga la Ley de Desarrollo Urbano, que decía que un núcleo con más de 20.000 habitantes debe tener su propio Plan Nacional de Desarrollo para el crecimiento económico, la superación de la pobreza, el desarrollo urbanístico o la contención de la frontera agrícola.

Con la Constitución Política de 1991 se abrió la puerta para la conformación de regiones. La Ley Orgánica Territorial (LOOT 1454), reúne las figuras creadas anteriormente como las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Regiones Administrativas de Planificación Especial (RAPE).

La necesidad de la paz hace necesario un sacudón en estas políticas. Tal vez el más importante, según la autora, es que se impulse la reforma rural integral (RRI), que incluye los llamados programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) porque la demanda por mejor infraestructura, el acceso  a la tierra y el resto de justificaciones que dieron al conflicto armado deben ser resueltas para que este no vuelva a suceder.

De acuerdo con el documento, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que hay desde Bogotá se toman las decisiones que le corresponden a los municipios, pero hay figuras que pueden hacer a las regiones más autónomas. Lo segundo, que es incompatible el modelo extractivo de la Amazonía y el modelo de planeación que sostienen los PDET.

Por un lado, está la ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Esa ley dice que las entidades territoriales (municipios, por ejemplo) pueden promulgar sus propios planes de desarrollo bajo principios de autonomía, ordenación de competencias, gasto públicos y demás. También le asigna funciones a los consejos territoriales en el Consejo Nacional de Planeación.

“El ordenamiento territorial es el armazón de la política. Este panorama tiene cierta adversidad, digamos. La consulta previa sería la herramienta para que los indígenas decidan sobre su desarrollo está siendo aplicada comoun trámite para legalizar las decisiones previamente tomadas. Debería dar un giro, así como muchas otras”, señala Karla Díaz, autora principal del artículo “Recentralización en tiempos de paz”, incluído en el informe.

“La función de consulta del CNP y los CTP así como el poco tiempo para socializar y generar una discusión en torno a los planes, la inexistencia de mecanismos de seguimiento y control, los múltiples desvíos y cooptaciones que se han producido en virtud de la elección de los representantes por parte de la autoridad política local, entre otras fallas, han relegado el papel de estos entes a un escenario instrumental, sin capacidad de control o seguimiento a los planes y programas dispuestos en el plan”, señala Diaz.

Los Planes de Ordenamiento Territorial son otro dolor de cabeza. Una muestra es que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 del 2011 (LOOT), que se supone que establecería los procedimientos para elaborar y controlar los POT. Se promulgó en el año 2011, luego de 19 intentos y 16 años de la Constitución.  

Y si hacemos un balance general de la planeación del ordenamiento territorial, Colombia queda en números rojos. Para 2016, un 80% del país tenía el POT vencido. En la Amazonía es aún más preocupante. Según Corpoamazonía y el DNP, para 20167 solo el 25% de los POT están vigentes. “Dicha situación implicaría un gran daño ambiental, especialmente por los proyectos de infraestructura y de carácter extractivo que se vienen desarrollando en la región, en la medida en no se cuentan con diagnósticos que permitan calcular daños y costos ambientales de esas actividades en el territorio”, reza el informe.

Para los territorios indígenas no parece pintar mejor. Luego de 26 años, no se han creado jurídicamente las Entidades Territoriales Indígenas, ni se les han entregado competencias para ordenar su territorio. “Se ha incumplido a cabalidad la Carta Política”, dice Díaz.

La ley que existe para este fin (la 1454 de 2011) no le da forma jurídica a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). En 2014 se creó un Régimen Especial Para “poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de sistemas propios”, hasta que el Congreso saque del limbo a las ETI. Sobre todo se intentó desenredar el acceso  los recursos propios, particularmente los del Sistema General de Participaciones, que eran manejados por el gobernador departamental de turno.

¿Quién decide sobre la plata de los indígenas?

Las asociaciones público-privadas (APP) sirven como una vía de financiamiento para los macroproyectos asociativos. Esta figura busca hacer competitivo al país en un escenario internacional, a partir de la consolidación de la infraestructura nacional y la provisión de servicios básicos a través de la inversión privada, con un periodo de recuperación no mayor de treinta años y por montos superiores a los 6000 s.m.l.m.v.

El DNP (2013) realizó un balance de los procesos asociativos en 2013. En la Amazonía señaló dos: la Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y de la Orinoquía (Asomaroquía), conformada en el 2008 por los municipios de Cumaribo y Primavera (Vichada), Doncello y Milán (Caquetá), La Salina, Nunchía, Recetor y Tamara (Casanare), Calamar (Guaviare), Leticia (Amazonas) y La Uribe y San Carlos de Guaroa (Meta), y  la Asociación de Municipios del Macizo Colombiano (Asomac) compuesto por municipios del Departamento de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo desde el año 1993.

Una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a las secretarías departamentales de planeación mostró que, tanto en Caquetá como en Putumayo las instancias de planificación no tenían conocimiento sobre este tipo de iniciativas, lo que indica que estas asociaciones no tienen vigencia actualmente.

Por otro lado, desde el Plan Nacional de Desarrollo pasado se inició un proceso de reestructuración de las regiones del país. La Amazonía perdió su nombre y se comenzó a llamar “Centro Sur” desde 2014. Ya no eran el tradicional grupo de Caquetá, Amazonas, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía. Entran los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, y se divide a su vez en dos grandes subregiones: la Franja Andina (Tolima, Huila y el piedemonte de Caquetá y Putumayo) y la Franja Amazonía (Amazonas, Putumayo y el sur del Caquetá). “Es una zona predominantemente montañosa con importantes desarrollos agropecuarios y recursos minero-energéticos. En el futuro, esta franja será un punto estratégico para el país en materia de conectividad”, dice Presidencia.

El  87.3 % de la región está ocupada por 16 Parques Nacionales Naturales y 37 Áreas Regionales Protegidas, existen 192 resguardos indígenas que equivalen al 51 % del territorio.

En ese sentido, y gracias a esa nueva división, a la fecha hay 5.484.245.431 hectáreas en 48 contratos petroleros en Caquetá y Putumayo. Asimismo, se blindan proyectos de conectividad como la llamada vía Marginal de la Selva, en el marco de la Iniciativa para la Integración General Suramericana (IIRSA).

La Región Llanos, por otro lado, está conformada por los departamentos de Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Casanare y Arauca. De ellos, tres habrían formado parte de la región de la Amazonía (Vaupés, Guaviare y Guainía). “La región Llanos se perfila como una reserva mundial de hidrocarburos y gas, con un alto potencial de desarrollo agroindustrial, pero además con una importante presencia de población indígenas. Allí hay 156 ecosistemas, 11 áreas protegidas y se produce el 28 % del agua del país.

“Los Llanos contarían con instrumentos de política pública que movilicen las inversiones hacia proyectos estratégicos regionales y empresariales que permitan la vinculación de capitales a través de alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores”, reza el anterior Plan Nacional de Desarrollo.

Otra de las estrategias es promover el desarrollo de una minería responsable, especialmente, en las AEM ubicadas en los departamentos de Vaupés, Guainía y Guaviare. De igual forma, se propone adecuar los usos del suelo y el aprovechamiento de baldíos en los POT para el desarrollo agroindustrial, y consolidar la infraestructura de transporte que permita la integración entre la Orinoquía y la Amazonía, particularmente por vía fluvial a través del río Meta y la construcción de la transversal del Sisga, Cusiana y La Macarena.

Quedan por definir 924.335 hectáreas estratégicas para proyectos productivos con las zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres). Por ahora hay una pelea sobre el titular de ese poder. La Unidad de Planifcación Rural Agropecuaria (UPRA) o los municipios.

El año pasado, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Organización Indígena de Colombia (ONIC) puso una tutela en contra de las Zidres, pero estas siguen vigentes. Todavía la UPRA no ha definido cuáles son las zonas a intervenir.

“En el pago por servicios ambientales, por ejemplo, es otra de las antas políticas internacionales en las que se ve el choque entre estos modelos no solo nacionales, sino de política y agendas internacionales, como el cambio climático. Parece contradictorio: apuesta por la conservación de la Amazonía, pero no enfrenta al modelo extractivo”, concluye Díaz.

*La Coalición para la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos está conformada por OPIAC, Ambiente y Sociedad y Tierra Digna, además, cuenta con el apoyo de Rainforest Foundation Norway. 

Lea el informe completo aquí

Tras dos años de la firma de los Acuerdos de Paz, en el Teatro Colón de Bogotá, cabe hacerse la pregunta de cómo aterrizar esos acuerdos en esta región. El informe “Ordenamiento territorial y ambiental de la Amazonía colombiana en el posconflicto”, de Ambiente y Sociedad, hace un exhaustivo recuento sobre este asunto.

En Colombia, los Planes Nacionales de Desarrollo existen desde 1968, y desde ese entonces, estuvieron regidos por el concepto de la “Latinoamérica subdesarrollada”. En la década de los setenta, con la migración masiva de las personas del campo a las ciudades, se promulga la Ley de Desarrollo Urbano, que decía que un núcleo con más de 20.000 habitantes debe tener su propio Plan Nacional de Desarrollo para el crecimiento económico, la superación de la pobreza, el desarrollo urbanístico o la contención de la frontera agrícola.

Con la Constitución Política de 1991 se abrió la puerta para la conformación de regiones. La Ley Orgánica Territorial (LOOT 1454), reúne las figuras creadas anteriormente como las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y las Regiones Administrativas de Planificación Especial (RAPE).

La necesidad de la paz hace necesario un sacudón en estas políticas. Tal vez el más importante, según la autora, es que se impulse la reforma rural integral (RRI), que incluye los llamados programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) porque la demanda por mejor infraestructura, el acceso  a la tierra y el resto de justificaciones que dieron al conflicto armado deben ser resueltas para que este no vuelva a suceder.

De acuerdo con el documento, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que hay desde Bogotá se toman las decisiones que le corresponden a los municipios, pero hay figuras que pueden hacer a las regiones más autónomas. Lo segundo, que es incompatible el modelo extractivo de la Amazonía y el modelo de planeación que sostienen los PDET.

Por un lado, está la ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Esa ley dice que las entidades territoriales (municipios, por ejemplo) pueden promulgar sus propios planes de desarrollo bajo principios de autonomía, ordenación de competencias, gasto públicos y demás. También le asigna funciones a los consejos territoriales en el Consejo Nacional de Planeación.

“El ordenamiento territorial es el armazón de la política. Este panorama tiene cierta adversidad, digamos. La consulta previa sería la herramienta para que los indígenas decidan sobre su desarrollo está siendo aplicada comoun trámite para legalizar las decisiones previamente tomadas. Debería dar un giro, así como muchas otras”, señala Karla Díaz, autora principal del artículo “Recentralización en tiempos de paz”, incluído en el informe.

“La función de consulta del CNP y los CTP así como el poco tiempo para socializar y generar una discusión en torno a los planes, la inexistencia de mecanismos de seguimiento y control, los múltiples desvíos y cooptaciones que se han producido en virtud de la elección de los representantes por parte de la autoridad política local, entre otras fallas, han relegado el papel de estos entes a un escenario instrumental, sin capacidad de control o seguimiento a los planes y programas dispuestos en el plan”, señala Diaz.

Los Planes de Ordenamiento Territorial son otro dolor de cabeza. Una muestra es que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 del 2011 (LOOT), que se supone que establecería los procedimientos para elaborar y controlar los POT. Se promulgó en el año 2011, luego de 19 intentos y 16 años de la Constitución.  

Y si hacemos un balance general de la planeación del ordenamiento territorial, Colombia queda en números rojos. Para 2016, un 80% del país tenía el POT vencido. En la Amazonía es aún más preocupante. Según Corpoamazonía y el DNP, para 20167 solo el 25% de los POT están vigentes. “Dicha situación implicaría un gran daño ambiental, especialmente por los proyectos de infraestructura y de carácter extractivo que se vienen desarrollando en la región, en la medida en no se cuentan con diagnósticos que permitan calcular daños y costos ambientales de esas actividades en el territorio”, reza el informe.

Para los territorios indígenas no parece pintar mejor. Luego de 26 años, no se han creado jurídicamente las Entidades Territoriales Indígenas, ni se les han entregado competencias para ordenar su territorio. “Se ha incumplido a cabalidad la Carta Política”, dice Díaz.

La ley que existe para este fin (la 1454 de 2011) no le da forma jurídica a las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). En 2014 se creó un Régimen Especial Para “poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de sistemas propios”, hasta que el Congreso saque del limbo a las ETI. Sobre todo se intentó desenredar el acceso  los recursos propios, particularmente los del Sistema General de Participaciones, que eran manejados por el gobernador departamental de turno.

¿Quién decide sobre la plata de los indígenas?

Las asociaciones público-privadas (APP) sirven como una vía de financiamiento para los macroproyectos asociativos. Esta figura busca hacer competitivo al país en un escenario internacional, a partir de la consolidación de la infraestructura nacional y la provisión de servicios básicos a través de la inversión privada, con un periodo de recuperación no mayor de treinta años y por montos superiores a los 6000 s.m.l.m.v.

El DNP (2013) realizó un balance de los procesos asociativos en 2013. En la Amazonía señaló dos: la Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y de la Orinoquía (Asomaroquía), conformada en el 2008 por los municipios de Cumaribo y Primavera (Vichada), Doncello y Milán (Caquetá), La Salina, Nunchía, Recetor y Tamara (Casanare), Calamar (Guaviare), Leticia (Amazonas) y La Uribe y San Carlos de Guaroa (Meta), y  la Asociación de Municipios del Macizo Colombiano (Asomac) compuesto por municipios del Departamento de Nariño, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo desde el año 1993.

Una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a las secretarías departamentales de planeación mostró que, tanto en Caquetá como en Putumayo las instancias de planificación no tenían conocimiento sobre este tipo de iniciativas, lo que indica que estas asociaciones no tienen vigencia actualmente.

Por otro lado, desde el Plan Nacional de Desarrollo pasado se inició un proceso de reestructuración de las regiones del país. La Amazonía perdió su nombre y se comenzó a llamar “Centro Sur” desde 2014. Ya no eran el tradicional grupo de Caquetá, Amazonas, Putumayo, Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía. Entran los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, y se divide a su vez en dos grandes subregiones: la Franja Andina (Tolima, Huila y el piedemonte de Caquetá y Putumayo) y la Franja Amazonía (Amazonas, Putumayo y el sur del Caquetá). “Es una zona predominantemente montañosa con importantes desarrollos agropecuarios y recursos minero-energéticos. En el futuro, esta franja será un punto estratégico para el país en materia de conectividad”, dice Presidencia.

El  87.3 % de la región está ocupada por 16 Parques Nacionales Naturales y 37 Áreas Regionales Protegidas, existen 192 resguardos indígenas que equivalen al 51 % del territorio.

En ese sentido, y gracias a esa nueva división, a la fecha hay 5.484.245.431 hectáreas en 48 contratos petroleros en Caquetá y Putumayo. Asimismo, se blindan proyectos de conectividad como la llamada vía Marginal de la Selva, en el marco de la Iniciativa para la Integración General Suramericana (IIRSA).

La Región Llanos, por otro lado, está conformada por los departamentos de Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Casanare y Arauca. De ellos, tres habrían formado parte de la región de la Amazonía (Vaupés, Guaviare y Guainía). “La región Llanos se perfila como una reserva mundial de hidrocarburos y gas, con un alto potencial de desarrollo agroindustrial, pero además con una importante presencia de población indígenas. Allí hay 156 ecosistemas, 11 áreas protegidas y se produce el 28 % del agua del país.

“Los Llanos contarían con instrumentos de política pública que movilicen las inversiones hacia proyectos estratégicos regionales y empresariales que permitan la vinculación de capitales a través de alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores”, reza el anterior Plan Nacional de Desarrollo.

Otra de las estrategias es promover el desarrollo de una minería responsable, especialmente, en las AEM ubicadas en los departamentos de Vaupés, Guainía y Guaviare. De igual forma, se propone adecuar los usos del suelo y el aprovechamiento de baldíos en los POT para el desarrollo agroindustrial, y consolidar la infraestructura de transporte que permita la integración entre la Orinoquía y la Amazonía, particularmente por vía fluvial a través del río Meta y la construcción de la transversal del Sisga, Cusiana y La Macarena.

Quedan por definir 924.335 hectáreas estratégicas para proyectos productivos con las zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres). Por ahora hay una pelea sobre el titular de ese poder. La Unidad de Planifcación Rural Agropecuaria (UPRA) o los municipios.

El año pasado, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Organización Indígena de Colombia (ONIC) puso una tutela en contra de las Zidres, pero estas siguen vigentes. Todavía la UPRA no ha definido cuáles son las zonas a intervenir.

“En el pago por servicios ambientales, por ejemplo, es otra de las antas políticas internacionales en las que se ve el choque entre estos modelos no solo nacionales, sino de política y agendas internacionales, como el cambio climático. Parece contradictorio: apuesta por la conservación de la Amazonía, pero no enfrenta al modelo extractivo”, concluye Díaz.

*La Coalición para la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos está conformada por OPIAC, Ambiente y Sociedad y Tierra Digna, además, cuenta con el apoyo de Rainforest Foundation Norway. 

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