Basura electrónica: la cara fea de la tecnología para América Latina
Según Global E-waste Monitor 2024, en 2022 (última medición disponible), el mundo había generado 62 mil millones de kg de desechos electrónicos, un promedio de 7,8 kg per cápita. Sólo el 22,3 por ciento (13.800 millones de kg) de los desechos electrónicos generados se documentaron como recolectados y reciclados adecuadamente.
Claudia Mazzeo*, Washington Castilhos**, Aleida Rueda***, Roberto González**** y Zoraida Portillo*****
Teresa García es directora ambiental de una empresa de reciclaje en Ciudad de México llamada ecoAzteca. Ella relata que, en ocasiones, cuando la contratan para la recolección de residuos electrónicos, “los tienen a la intemperie, están mojados, están mezclados, inclusive nos ha llegado basura donde están canibalizados los equipos […] Porque les sacan los componentes que ellos quieren y que necesitan”.
Los vertederos de basura electrónica representan un riesgo de contaminación no solo para las personas que trabajan allí o viven cerca de ellos, sino para todos los seres humanos y el ambiente porque, generalmente, contienen micropartículas potencialmente tóxicas o cancerígenas, o los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP).
Según Global E-waste Monitor 2024, en 2022 (última medición disponible), el mundo había generado 62 mil millones de kg de desechos electrónicos, un promedio de 7,8 kg per cápita. Sólo el 22,3 por ciento (13.800 millones de kg) de los desechos electrónicos generados se documentaron como recolectados y reciclados adecuadamente.
Las Américas ocupan el tercer lugar de generación de estos desechos a nivel mundial: 14 mil millones de kg. Y Norteamérica, la región que más residuos electrónicos exporta hacia el resto del continente, especialmente Centroamérica, detalla el informe.
En 2019 (última medición), la cifra de basura electrónica enviada desde Norteamérica hacia Centro y Sudamérica ascendió a 92.913 toneladas, refiere Kees Baldé, uno de sus autores, en entrevista con SciDev.Net.
Señala que los EE.UU. son los mayores productores de esta basura, con 7.200 millones de kilogramos, seguidos de Brasil con 2.400 y en tercer lugar México con 1.500.
Sin embargo, solo el tres por ciento de los residuos electrónicos en América Latina se tratan de forma respetuosa con el ambiente, según la ONU. El destino del 97 por ciento restante se desconoce.
Una de las irregularidades encontradas por el equipo de Baldé fueron los contenedores que cruzan las fronteras como bienes electrónicos de segunda mano.
En ellos, superficialmente se observan dispositivos que siguen funcionando, sin embargo, “mientras más profundo vas, más basura encuentras. Además, estos embarques ocurren a grandes escalas y es muy difícil para las aduanas inspeccionarlos […] se convierte en una aguja en un pajar”, afirma Baldé.
El informe también señala que estos movimientos de basura electrónica usualmente van de países desarrollados con capacidades para manejar residuos peligrosos, hacia naciones con ingresos medios o bajos y con una menor capacidad de reciclaje. Esto provoca que muchas veces sea el sector informal quien se encargue de procesar estos desechos.
Eso sucede, por ejemplo, en la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde abundan negocios informales que compran residuos electrónicos que son desmantelados a cielo abierto para extraer sus componentes valiosos.
“Ganan un poco más de lo que ganarían si no tuvieran ese trabajo, pero se están matando poco a poco haciéndolo”, señala Baldé.
Heberto Ferreira, ingeniero en sistemas computacionales del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de México, advierte que al ser expuestos a la intemperie “estos equipos generan lixiviados que finalmente van permeando al manto freático. Y quizás en poco tiempo, eso pueda contaminar nuestros cuerpos de agua. Y sería de forma irreversible”.
Los retardantes de llama bromados, más peligrosos aún
Marcos Vieira Fagundes, gestor de residuos electrónicos en Vitória, capital de Espíritu Santo, estado al sureste de Brasil, afirma que, incluso en el proceso de gestión formal de residuos electrónicos existe peligro de contaminación, a pesar de tomar precauciones, como el uso de equipos de protección personal.
“Todas las etapas necesitan atención, desde la separación de residuos hasta la segregación de metales y plástico rígido”, dice a SciDev.Net.
Vieira Fagundes se muestra muy preocupado por un compuesto tóxico en particular: los retardantes de llama bromados, de los que nuestro continente emite anualmente 9 millones de kilos a la atmósfera, según el informe de Gobal E-Waste.
Se trata de mezclas de productos químicos artificiales que se añaden a una amplia gama de productos, para hacerlos menos inflamables, y por ese motivo son ampliamente usados en equipos eléctricos o electrónicos. Son muy resistentes a la degradación y se acumulan en la cadena alimentaria. Adicionalmente, representan un grave riesgo para la salud de los trabajadores que los recolectan y reciclan.
Además de la Unión Europea, Estados Unidos y China han promulgado regulaciones para restringir la producción y el uso de estas sustancias.
Un reciente estudio realizado en una cooperativa de Sorocaba, São Paulo, Brasil, descubrió que las concentraciones de ese compuesto en las piezas electrónicas superaban los 1.000 miligramos por kilogramo de residuos, el límite máximo establecido por la Unión Europea al momento del análisis [actualmente es 500 mg/kilo]. La medida europea sirvió de referencia porque Brasil no establece límites para estas sustancias en los residuos plásticos.
En las 36 piezas de ordenador analizadas el valor medio de concentración fue de 2.240 mg/kilo. En televisores de tubo [modelos antiguos], 8.700 mg/kilo.
Fagundes recuerda que muchos trabajadores presentaban problemas de salud. “Siempre creímos que algunos síntomas podían estar relacionados con lo que manejan los recolectores. Pero lo asociamos con algún tipo de bacteria con la que entraron en contacto en los residuos”, afirma.
Hugo Olivares Rubio, de la Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cree sumamente viable realizar pruebas toxicológicas usando líneas celulares humanas, a nivel bioquímico o molecular, para determinar la presencia de estos retardantes en la población y no solo entre quienes están expuestos directamente.
Él es autor de una revisión bibliográfica sobre los retardantes de llama bromados en México que encontró presencia de estos compuestos en costas, suelos, vertederos, lagunas costeras y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como en la sangre de habitantes de algunos estados del país, e incluso en los huevos del halcón aplomado y en la piel del tiburón ballena.
Aunque admite que para conocer la severidad de la contaminación por estos retardantes en su país “se necesita realizar un monitoreo en diversos lugares y ambientes”, señala que “hay estudios que podrían sugerir que la situación es grave en algunos sitios”.
“Estos compuestos se han detectado en dos plantas de tratamiento de aguas residuales en Chihuahua, en los sedimentos marinos en las costas del noreste de Baja California, y en diferentes suelos del área metropolitana de Monterrey y San Luis Potosí, y en el lixiviado y en los lodos del vertedero Bordo Poniente que se encuentra en la Zona Metropolitana del Valle de México”, detalla.
Y añade: “la concentración de estos contaminantes en la sangre de niños habitantes de Ciudad Juárez y Guadalajara fue tan elevada como en los más altos registros a nivel mundial”.
Pese a ello, subraya que el panorama “es limitado, e invita a la investigación científica a seguir monitoreando estos contaminantes en los habitantes de México, y en diversos ambientes”.
Una legislación acorde a los tiempos
André Henrique Rosa, profesor del departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Estadual Paulista en Sorocaba, y uno de los autores del estudio realizado en esa localidad, mencionado anteriormente, dice a SciDev.Net que “en Brasil falta una ley adecuada para regular y controlar estos contaminantes presentes en los residuos electrónicos, de modo que sepamos si los materiales pueden reciclarse o si deben tener otro destino, como la incineración”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Clima de Brasil elaboró una propuesta de reglamento para establecer límites para estas sustancias en la electrónica, de acuerdo con los estándares internacionales. Fuentes ministeriales informaron a SciDev.Net que el respectivo documento fue remitido en marzo pasado al Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Química (Conasq), y se espera su respuesta.
En Perú, uno de los países de la región que cuenta con legislación y reglamentos específicos en materia de residuos electrónicos, hasta fines de 2022 se habían puesto en valor más de 14.700 toneladas de estos componentes y existían 19 planes de manejo a nivel nacional, que incluían estrategias de recolección, difusión y sensibilización a los clientes e información de operadores con los que gestionarán los residuos.
No obstante, todos los pedidos al Ministerio del Ambiente para obtener cifras actualizadas no fueron atendidos aunque extraoficialmente se informó que eran los últimos datos disponibles.
“En Argentina, estamos comenzando a trabajar en la identificación de los plásticos con retardantes de llama bromados, lo que va a permitir darle trazabilidad a futuro a esos plásticos, evitando que terminen en el reciclado y que sean utilizados para finalidades que puedan afectar a la salud de las personas o incluso el ambiente cuando son incorrectamente reciclados”, comenta a SciDev.Net María Candela Nassi, asesora de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Añade que los retardantes de llama bromados “deben ser gestionados como residuos peligrosos”.
Señala que a pesar de que en los últimos años se presentaron diferentes proyectos en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ninguno prosperó. No obstante, existen leyes para regularlos, en el marco de los denominados residuos domiciliarios (plásticos y carcasas, entre otros) y los residuos peligrosos (contaminantes orgánicos persistentes o COP).
Nassi, quien también es Coordinadora Nacional del Proyecto regional Residuos Electrónicos América Latina (PREAL), en el que participan 13 países de América Latina y el Caribe [Ver infografía N° 3], destaca que los próximos pasos que se planean dar son crear un programa nacional que considere las particularidades de las distintas jurisdicciones y permita dar un tratamiento adecuado y diferenciado.
Asimismo, avanzar en la gestión de los RAEE de Estado Nacional, considerado uno de los mayores generadores de esta clase de residuos.
El rol de la ciencia
Pero más allá de una legislación adecuada por país y a nivel regional, la comunidad científica tiene un rol que cumplir.
Para el investigador y médico Hermano Albuquerque de Castro, vicepresidente de Medio Ambiente, Cuidado y Promoción de la Salud de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, la defensa de los intereses de la industria en detrimento de la salud humana siempre debe ser cuestionada, tal como ocurrió en el debate que involucró a la ciencia y la sociedad y que derivó en la prohibición del uso de asbesto en su país, en el que el investigador fue uno de los principales exponentes.
“No podemos seguir con este modelo fugaz, que obedece a los intereses de la industria. Para que la tecnología funcione hay que incorporar un conjunto de materiales tóxicos, que tardarán siglos en desaparecer del ambiente. Por eso es necesario que haya límites y control”, dice a SciDev.Net.
André Henrique Rosa, concuerda. “El avance tecnológico es importante, pero estos compuestos deben utilizarse con moderación”, indica.
“Me parece preocupante que este tipo de contaminantes no estén recibiendo la atención que merece a pesar de los bien documentados efectos tóxicos de los mismos”, señala por su lado el mexicano Olivares.
“Es tarea de la actividad científica medir la concentración de estos contaminantes, publicar sus resultados y divulgarlo al público en general. Solo de esta manera se podrá construir una percepción del riesgo en toda la población”, añade.
*Claudia Mazzeo es periodista especializada en ciencia, tecnología y ambiente, y magister en gestión del agua por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (FCV UBA).
**Washington Castilhos es colaborador independiente de SciDev.Net.
***Aleida Rueda es colaboradora independiente de SciDev.Net.
****Roberto González estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se especializó en periodismo.
*****Zoraida Portillo es una periodista peruana especializada en comunicación de la ciencia ubicada en Lima.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net. Fue publicado originalmente en SciDev.Net.
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Teresa García es directora ambiental de una empresa de reciclaje en Ciudad de México llamada ecoAzteca. Ella relata que, en ocasiones, cuando la contratan para la recolección de residuos electrónicos, “los tienen a la intemperie, están mojados, están mezclados, inclusive nos ha llegado basura donde están canibalizados los equipos […] Porque les sacan los componentes que ellos quieren y que necesitan”.
Los vertederos de basura electrónica representan un riesgo de contaminación no solo para las personas que trabajan allí o viven cerca de ellos, sino para todos los seres humanos y el ambiente porque, generalmente, contienen micropartículas potencialmente tóxicas o cancerígenas, o los llamados contaminantes orgánicos persistentes (COP).
Según Global E-waste Monitor 2024, en 2022 (última medición disponible), el mundo había generado 62 mil millones de kg de desechos electrónicos, un promedio de 7,8 kg per cápita. Sólo el 22,3 por ciento (13.800 millones de kg) de los desechos electrónicos generados se documentaron como recolectados y reciclados adecuadamente.
Las Américas ocupan el tercer lugar de generación de estos desechos a nivel mundial: 14 mil millones de kg. Y Norteamérica, la región que más residuos electrónicos exporta hacia el resto del continente, especialmente Centroamérica, detalla el informe.
En 2019 (última medición), la cifra de basura electrónica enviada desde Norteamérica hacia Centro y Sudamérica ascendió a 92.913 toneladas, refiere Kees Baldé, uno de sus autores, en entrevista con SciDev.Net.
Señala que los EE.UU. son los mayores productores de esta basura, con 7.200 millones de kilogramos, seguidos de Brasil con 2.400 y en tercer lugar México con 1.500.
Sin embargo, solo el tres por ciento de los residuos electrónicos en América Latina se tratan de forma respetuosa con el ambiente, según la ONU. El destino del 97 por ciento restante se desconoce.
Una de las irregularidades encontradas por el equipo de Baldé fueron los contenedores que cruzan las fronteras como bienes electrónicos de segunda mano.
En ellos, superficialmente se observan dispositivos que siguen funcionando, sin embargo, “mientras más profundo vas, más basura encuentras. Además, estos embarques ocurren a grandes escalas y es muy difícil para las aduanas inspeccionarlos […] se convierte en una aguja en un pajar”, afirma Baldé.
El informe también señala que estos movimientos de basura electrónica usualmente van de países desarrollados con capacidades para manejar residuos peligrosos, hacia naciones con ingresos medios o bajos y con una menor capacidad de reciclaje. Esto provoca que muchas veces sea el sector informal quien se encargue de procesar estos desechos.
Eso sucede, por ejemplo, en la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, donde abundan negocios informales que compran residuos electrónicos que son desmantelados a cielo abierto para extraer sus componentes valiosos.
“Ganan un poco más de lo que ganarían si no tuvieran ese trabajo, pero se están matando poco a poco haciéndolo”, señala Baldé.
Heberto Ferreira, ingeniero en sistemas computacionales del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de México, advierte que al ser expuestos a la intemperie “estos equipos generan lixiviados que finalmente van permeando al manto freático. Y quizás en poco tiempo, eso pueda contaminar nuestros cuerpos de agua. Y sería de forma irreversible”.
Los retardantes de llama bromados, más peligrosos aún
Marcos Vieira Fagundes, gestor de residuos electrónicos en Vitória, capital de Espíritu Santo, estado al sureste de Brasil, afirma que, incluso en el proceso de gestión formal de residuos electrónicos existe peligro de contaminación, a pesar de tomar precauciones, como el uso de equipos de protección personal.
“Todas las etapas necesitan atención, desde la separación de residuos hasta la segregación de metales y plástico rígido”, dice a SciDev.Net.
Vieira Fagundes se muestra muy preocupado por un compuesto tóxico en particular: los retardantes de llama bromados, de los que nuestro continente emite anualmente 9 millones de kilos a la atmósfera, según el informe de Gobal E-Waste.
Se trata de mezclas de productos químicos artificiales que se añaden a una amplia gama de productos, para hacerlos menos inflamables, y por ese motivo son ampliamente usados en equipos eléctricos o electrónicos. Son muy resistentes a la degradación y se acumulan en la cadena alimentaria. Adicionalmente, representan un grave riesgo para la salud de los trabajadores que los recolectan y reciclan.
Además de la Unión Europea, Estados Unidos y China han promulgado regulaciones para restringir la producción y el uso de estas sustancias.
Un reciente estudio realizado en una cooperativa de Sorocaba, São Paulo, Brasil, descubrió que las concentraciones de ese compuesto en las piezas electrónicas superaban los 1.000 miligramos por kilogramo de residuos, el límite máximo establecido por la Unión Europea al momento del análisis [actualmente es 500 mg/kilo]. La medida europea sirvió de referencia porque Brasil no establece límites para estas sustancias en los residuos plásticos.
En las 36 piezas de ordenador analizadas el valor medio de concentración fue de 2.240 mg/kilo. En televisores de tubo [modelos antiguos], 8.700 mg/kilo.
Fagundes recuerda que muchos trabajadores presentaban problemas de salud. “Siempre creímos que algunos síntomas podían estar relacionados con lo que manejan los recolectores. Pero lo asociamos con algún tipo de bacteria con la que entraron en contacto en los residuos”, afirma.
Hugo Olivares Rubio, de la Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cree sumamente viable realizar pruebas toxicológicas usando líneas celulares humanas, a nivel bioquímico o molecular, para determinar la presencia de estos retardantes en la población y no solo entre quienes están expuestos directamente.
Él es autor de una revisión bibliográfica sobre los retardantes de llama bromados en México que encontró presencia de estos compuestos en costas, suelos, vertederos, lagunas costeras y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como en la sangre de habitantes de algunos estados del país, e incluso en los huevos del halcón aplomado y en la piel del tiburón ballena.
Aunque admite que para conocer la severidad de la contaminación por estos retardantes en su país “se necesita realizar un monitoreo en diversos lugares y ambientes”, señala que “hay estudios que podrían sugerir que la situación es grave en algunos sitios”.
“Estos compuestos se han detectado en dos plantas de tratamiento de aguas residuales en Chihuahua, en los sedimentos marinos en las costas del noreste de Baja California, y en diferentes suelos del área metropolitana de Monterrey y San Luis Potosí, y en el lixiviado y en los lodos del vertedero Bordo Poniente que se encuentra en la Zona Metropolitana del Valle de México”, detalla.
Y añade: “la concentración de estos contaminantes en la sangre de niños habitantes de Ciudad Juárez y Guadalajara fue tan elevada como en los más altos registros a nivel mundial”.
Pese a ello, subraya que el panorama “es limitado, e invita a la investigación científica a seguir monitoreando estos contaminantes en los habitantes de México, y en diversos ambientes”.
Una legislación acorde a los tiempos
André Henrique Rosa, profesor del departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Estadual Paulista en Sorocaba, y uno de los autores del estudio realizado en esa localidad, mencionado anteriormente, dice a SciDev.Net que “en Brasil falta una ley adecuada para regular y controlar estos contaminantes presentes en los residuos electrónicos, de modo que sepamos si los materiales pueden reciclarse o si deben tener otro destino, como la incineración”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Clima de Brasil elaboró una propuesta de reglamento para establecer límites para estas sustancias en la electrónica, de acuerdo con los estándares internacionales. Fuentes ministeriales informaron a SciDev.Net que el respectivo documento fue remitido en marzo pasado al Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad Química (Conasq), y se espera su respuesta.
En Perú, uno de los países de la región que cuenta con legislación y reglamentos específicos en materia de residuos electrónicos, hasta fines de 2022 se habían puesto en valor más de 14.700 toneladas de estos componentes y existían 19 planes de manejo a nivel nacional, que incluían estrategias de recolección, difusión y sensibilización a los clientes e información de operadores con los que gestionarán los residuos.
No obstante, todos los pedidos al Ministerio del Ambiente para obtener cifras actualizadas no fueron atendidos aunque extraoficialmente se informó que eran los últimos datos disponibles.
“En Argentina, estamos comenzando a trabajar en la identificación de los plásticos con retardantes de llama bromados, lo que va a permitir darle trazabilidad a futuro a esos plásticos, evitando que terminen en el reciclado y que sean utilizados para finalidades que puedan afectar a la salud de las personas o incluso el ambiente cuando son incorrectamente reciclados”, comenta a SciDev.Net María Candela Nassi, asesora de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Añade que los retardantes de llama bromados “deben ser gestionados como residuos peligrosos”.
Señala que a pesar de que en los últimos años se presentaron diferentes proyectos en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ninguno prosperó. No obstante, existen leyes para regularlos, en el marco de los denominados residuos domiciliarios (plásticos y carcasas, entre otros) y los residuos peligrosos (contaminantes orgánicos persistentes o COP).
Nassi, quien también es Coordinadora Nacional del Proyecto regional Residuos Electrónicos América Latina (PREAL), en el que participan 13 países de América Latina y el Caribe [Ver infografía N° 3], destaca que los próximos pasos que se planean dar son crear un programa nacional que considere las particularidades de las distintas jurisdicciones y permita dar un tratamiento adecuado y diferenciado.
Asimismo, avanzar en la gestión de los RAEE de Estado Nacional, considerado uno de los mayores generadores de esta clase de residuos.
El rol de la ciencia
Pero más allá de una legislación adecuada por país y a nivel regional, la comunidad científica tiene un rol que cumplir.
Para el investigador y médico Hermano Albuquerque de Castro, vicepresidente de Medio Ambiente, Cuidado y Promoción de la Salud de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, la defensa de los intereses de la industria en detrimento de la salud humana siempre debe ser cuestionada, tal como ocurrió en el debate que involucró a la ciencia y la sociedad y que derivó en la prohibición del uso de asbesto en su país, en el que el investigador fue uno de los principales exponentes.
“No podemos seguir con este modelo fugaz, que obedece a los intereses de la industria. Para que la tecnología funcione hay que incorporar un conjunto de materiales tóxicos, que tardarán siglos en desaparecer del ambiente. Por eso es necesario que haya límites y control”, dice a SciDev.Net.
André Henrique Rosa, concuerda. “El avance tecnológico es importante, pero estos compuestos deben utilizarse con moderación”, indica.
“Me parece preocupante que este tipo de contaminantes no estén recibiendo la atención que merece a pesar de los bien documentados efectos tóxicos de los mismos”, señala por su lado el mexicano Olivares.
“Es tarea de la actividad científica medir la concentración de estos contaminantes, publicar sus resultados y divulgarlo al público en general. Solo de esta manera se podrá construir una percepción del riesgo en toda la población”, añade.
*Claudia Mazzeo es periodista especializada en ciencia, tecnología y ambiente, y magister en gestión del agua por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (FCV UBA).
**Washington Castilhos es colaborador independiente de SciDev.Net.
***Aleida Rueda es colaboradora independiente de SciDev.Net.
****Roberto González estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se especializó en periodismo.
*****Zoraida Portillo es una periodista peruana especializada en comunicación de la ciencia ubicada en Lima.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina y el Caribe de SciDev.Net. Fue publicado originalmente en SciDev.Net.
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