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“Colombia quiere ubicarse en los mercados internacionales como un país con una producción agropecuaria importante, pero sobre todo, con una característica diferencial que es la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la lucha contra la deforestación”, dice César Corredor, coordinador de la Alianza por los Bosques Tropicales en Colombia (TFA por sus siglas en inglés). Esta plataforma del Foro Económico Mundial trabaja con aliados locales en África, China, el Sudeste Asiático y América Latina para ayudar a frenar la deforestación; uno de los principales retos que enfrentan Colombia y el mundo para detener la pérdida de biodiversidad, y mitigar y adaptarse a la crisis climática.
Solo en los últimos 15 años el país ha perdido casi dos millones de hectáreas de bosque natural, alrededor del 60 % de ellas en la Amazonía para convertirlas en tierras de uso agrícola. Entre las principales causas de deforestación están: la praderización (incremento de áreas de pastos), el acaparamiento de tierras, los cultivos ilícitos, la tala ilegal y la extracción minera, entre otros.
La alarmante problemática llamó la atención de otros países, y logró que en 2015 los gobiernos de Colombia, Reino Unido, Noruega y Alemania se unieran para prevenir la destrucción de los bosques naturales. Aquel acuerdo promovió que dos años después —cuando se registraba el pico más alto de deforestación, 229,552 hectáreas (en 2023 se logró reducir a 79.256 hectáreas)— se creara el TFA-Colombia con la intención de reunir a distintos actores del sector público y privado para juntos lograr que la producción agropecuaria dejara de talar los bosques naturales para ampliar su frontera.
Desde entonces se han firmado siete acuerdos: Acuerdo de Voluntades para la Cero Deforestación de la Palma de Aceite (2017), Iniciativa Cacao, Bosque y Paz (2018), Acuerdo Cero Deforestación de la Cadena Cárnica (2019), Acuerdo Cero Deforestación y No Transformación de los Páramos de la Cadena Láctea (2019), Pacto Intersectorial para la Madera Legal (2021), Acuerdo Café, Bosque y Clima (2021) y Acuerdo Cero Deforestación para la Cadena de Aguacate variedad Hass (2023).
Cada uno ha sido firmado por los Ministerios de Agricultura y Ambiente, organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), World Wide Fund for Nature (WWF), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), importantes gremios de los respectivos sectores, y empresas con la voluntad de trabajar para asegurarse de que sus cadenas productivas estén libres de deforestación.
Por una producción cero deforestación
Cada acuerdo tiene sus particularidades, según las características del respectivo sector productivo. La palma, por ejemplo, se concentra en aproximadamente 600.000 hectáreas y “tiene un grado de formalidad y representatividad gremial bastante alto, entre otras cosas, por los requerimientos técnicos del proceso de extracción. Además, el 50 % de su producción se exporta y un porcentaje importante de ella va a Europa, donde se anunció la implementación de una regulación que exige a las empresas tener cadenas productivas libres de deforestación”, dice Corredor. Todo ello ha facilitado el avance de los acuerdos, y “que alrededor del 50 % de los núcleos palmeros los hayan firmado”, añade. Aprovechando ese terreno ganado, un paso adicional importante para la industria sería la protección de ecosistemas naturales estratégicos como las sabanas inundables de la Orinoquía, explican los expertos de TNC.
El sector ganadero tiene características distintas. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el país tiene cerca de 28 millones de hectáreas aptas para ganadería, aunque en realidad las áreas de pastoreo ascienden a los 35 millones de hectáreas. En parte por ello, “el gran cuello de botella de los acuerdos cero deforestación de las cadenas cárnica y láctea es la trazabilidad”, explica Adriana Danzo, especialista en restauración de soluciones basadas en la naturaleza de TNC, y secretaria del Acuerdo Cero Deforestación de la Cadena Cárnica por parte de esa organización.
Al reto que representan esas extensiones de tierra, se suman otros. La producción de carne, por ejemplo, tiene muchos intermediarios. “Las vacas pasan de una finca a otra, dependiendo de la fase del negocio pecuario en que se especialice el lugar (si es de cría, de levante o de engorde)”, dice Danzo. En el caso de la producción de leche, podría hablarse de un 50 % de informalidad, según los cálculos de Carlos Borda, investigador del CIAT y actual secretario de los Acuerdos Cero Deforestación de la cadena láctea por parte de esa organización. “Ese nivel de informalidad, sumado a que los centros de acopio de la leche terminan mezclando el producto de distintas fincas, hace muy difícil saber de dónde viene”, explica.
Los dos acuerdos del sector ganadero han funcionado de la siguiente manera: la empresa se adhiere de manera voluntaria, y a partir de entonces comienza un proceso de monitoreo, reporte y verificación —acompañado por expertos de organizaciones como CIAT y TNC— para hacer una trazabilidad de la cadena productiva e identificar si algún proveedor deforestó después de enero de 2011, fecha en que comenzaron a tenerse registros nacionales (esta tarea se revisa anualmente para verificar los avances).
La labor de monitoreo y verificación es titánica; en buena medida porque la información no está integrada en un único sistema de monitoreo. Para ser más efectivos, en los acuerdos de la cadena láctea decidieron enfocarse principalmente en zonas de alta deforestación o afectación a los páramos, por ejemplo, Caquetá, Meta, Boyacá y Cundinamarca. “Hemos impactado los predios de los proveedores directos, los indirectos aún no porque la información es difícil de conseguir. Vamos más de 5.000 predios, y eso no es ni el 50 % de los proveedores de las 18 empresas que tenemos vinculadas”, explica Borda.
Un paso adicional: la restauración
A través de los Acuerdos Cero Deforestación no solo se quiere frenar la pérdida de bosques y ecosistemas clave para Colombia y el mundo. “También son una oportunidad para restaurar tierras afectadas por malas prácticas agropecuarias e impulsar modelos sostenibles o regenerativos”, explica América Melo, líder del programa Paisajes Futuros de TNC. Por ello, no se está promoviendo que las empresas firmantes simplemente saquen de su cadena productiva a los proveedores que hayan impactado negativamente la naturaleza. La idea es dar un paso más, proponiendo el desarrollo de acciones efectivas de restauración y rehabilitación ecológica de las áreas afectadas; por ejemplo, a través de la implementación de sistemas silvopastoriles.
Ese componente de restauración es clave, pues el actual Marco Global de Biodiversidad —firmado por 188 países, entre ellos Colombia— exige que para el 2030 al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce que se hayan visto afectados, estén siendo restaurados.
Ejemplos de buenas prácticas
Los esfuerzos han tenido resultado. Alpina, Alquería, Grupo Éxito, Angus Azul y Coobinaga (Cooperativa Integral Agroganadera de Boyacá), entre otras, avanzan decididamente en los procesos de monitoreo de sus redes de proveeduría. Esta última, por ejemplo, antes de firmar los acuerdos no tenía la capacidad técnica para realizar esa tarea. “Hoy, ellos solos están monitoreando su red de proveedores”, cuenta Borda de CIAT. Esa transferencia de conocimiento es otro de los grandes objetivos de los acuerdos. “El gobierno no tiene la capacidad de frenar la deforestación solo”, añade.
Por ello, los acuerdos buscan generar alianzas y empoderar a los actores de las distintas industrias para que al gestionar adecuadamente sus respectivas cadenas productivas, y convertir la cero deforestación en un criterio tan importante como la calidad del producto, se conviertan en agentes protectores y restauradores de la biodiversidad del país.
Los consumidores pueden jugar un papel fundamental para incentivar ese cambio, si adquieren consciencia sobre las problemáticas que afectan a los distintos sectores productivos y eligen comprar productos de empresas que buscan proteger la naturaleza.
Escenarios decisivos
En la segunda mitad de 2024 tendrán lugar dos sucesos clave para darle un impulso a los acuerdos, particularmente a los de la cadena cárnica. Primero, al comenzar el segundo periodo legislativo del año, los congresistas Julia Miranda y Juan Carlos Losada volvieron a presentar un proyecto de ley de trazabilidad ganadera, que propone integrar los sistemas de monitoreo del país para hacer un seguimiento al ganado y ayudar a frenar la deforestación generada por la ampliación de la frontera ganadera. “El país tiene un sistema de monitoreo del sector agropecuario, otro del ambiental y otro catastral, pero actualmente no están bien articulados”, explica Celso Castro, experto regional en políticas públicas de TNC.
Adicionalmente, el proyecto ayudaría a los ganaderos colombianos a tener esa característica diferencial de productos cero deforestación, y a cumplir los requisitos que a partir de 2025 comenzarán a exigir mercados internacionales como el europeo a quienes quieran exportar a su territorio.
Segundo, a finales de octubre tendrá lugar la COP 16 de biodiversidad en Cali. Los firmantes de los acuerdos quieren aprovechar esta importante plataforma internacional para difundir el trabajo realizado, conversar sobre casos de éxito con otros países de la región y del mundo, y resaltar la importancia de proteger la naturaleza para mitigar y adaptarse al cambio climático.
Como muestran los acuerdos, Colombia puede encontrar maneras sostenibles de producir productos agrícolas y pecuarios. Seguir apostándole a ello es clave, pues la riqueza natural del país hace que sea fundamental para conservar la biodiversidad del planeta, y ayudar en la regulación del agua y el clima. Solo el Amazonas alberga por lo menos el 10 % de la biodiversidad conocida, almacena el 10 % del carbono global y recicla entre el 50 % y el 75% de las precipitaciones anuales de la atmósfera convirtiéndolas en “ríos voladores” que recorren miles de kilómetros hacia otras regiones del continente.