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De la mano de El Espectador, la Embajada de Dinamarca llevó a cabo el evento “Transición energética en Colombia. Aciertos y oportunidades”, un encuentro para discutir acerca del enorme potencial que tienen las energías renovables en Colombia, justo antes de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. En este espacio, en el que participaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) e ISAGEN, se pusieron sobre la mesa los puntos claves a considerar en la discusión nacional sobre transición energética, desde perspectivas económicas, políticas y sociales.
“Estas alianzas internacionales nos fortalecen en el camino decidido hacia una transición energética justa”, aseguró la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la relación que ha establecido Colombia con el gobierno de Dinamarca, pionero en energías renovables. Desde la COP27, celebrada en Egipto, ambos países copresiden el Global Offshore Wind Alliance (GOWA) y, en palabras del embajador Erik Høeg, Colombia se ha convertido en un socio clave en América Latina por el potencial que tiene para generar energías limpias a un costo competitivo.
Durante su intervención, el diplomático danés afirmó que, aunque el modelo de Dinamarca ha sido exitoso y ha inspirado a otros países a sumarse a esta transición, es necesario contemplar las particularidades del contexto colombiano para poder crear un marco constitucional y legislativo que proteja los intereses de todos los sectores y las comunidades involucradas.
Por su parte, la ministra Vélez aseguró que la crisis climática debe ser vista como la oportunidad idónea para repensar el modelo energético del país. Según destacó, aunque reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 será uno de los principales retos del Gobierno, las políticas tendrán como prioridad garantizar la justicia social y ambiental en el país.
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“El diálogo social tiene tres fases antes de que arranque su implementación, concebidas a seis meses y que serán vistas como un espejo mientras se construye el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se reflejarían los programas y proyectos específicos para este cuatrienio”, dijo la ministra Vélez sobre el proceso hacia la consolidación de la hoja de ruta del gobierno nacional para la transición energética, que estaría lista para finales de mayo, y que tendrá como focos principales La Guajira, las comunidades del Pacífico y el corredor minero del Cesar.
En este aspecto, Dinamarca tiene mucho que aportar. La Agencia Internacional de Energía (AIE) lo considera el país más avanzado en cuanto a integración de energías renovables, ya que el 50 % del consumo bruto de su electricidad es suministrado por energías eólica y solar. Su papel como pionero, que inició con el aumento de precios a causa de la gran crisis del petróleo de 1972, solo se pudo consolidar a partir de cuatro claves: crear un marco regulatorio para la transición, establecer metas a largo plazo, planificar de manera integral la relación con las comunidades y hacer alianzas público-privadas.
La experiencia danesa y las lecciones para Colombia
“Queremos compartir nuestra experiencia. Lo estamos haciendo en México desde 2014 y ahora es el turno de ustedes”, dijo Frederik Thure, consejero sectorial para energía del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca para empezar su conferencia magistral. En 2021 Colombia fue uno de los tres países priorizados en la Iniciativa Danesa de Transición Energética (DETI), de la Agencia Danesa de Energía, el cual busca fomentar la planeación efectiva para las energías renovables y mejorar la eficiencia energética del país de forma fiable y sostenible.
Pese a que, durante 50 años, este país de Europa fue un importante productor de petróleo y gas, con explotación en el mar del Norte, hoy se encuentra entre los tres primeros lugares del Índice del Trilema Energético del Consejo Mundial de la Energía, el cual evalúa a 129 países en materia de equidad energética, sostenibilidad medioambiental y seguridad energética.
“La historia del sector energético de Dinamarca no ha sido una revolución, ha sido una evolución. Ha sido paso a paso, con diferentes iniciativas políticas que terminaron en la construcción de parques eólicos”, explicó Thure. Cuando los precios del petróleo se dispararon en la década de los 70 y Dinamarca tenía una dependencia del 92 % sobre este tipo de energía, el país se decidió a incrementar la diversidad de suministros, a reducir el consumo y a desarrollar investigación y proyectos en materia energética.
Este plan inicial resultó, con el paso de los años, en compromisos serios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, en la construcción de infraestructura para generar energía eólica y en la descentralización del sector energético, a través del cambio que sufrió la empresa de gas y combustibles DONG, ahora Ørsted, con el fin de buscar pasos firmes para generar y aprovechar las energías renovables.
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Dentro de las lecciones que quedan para Colombia y para los demás países, el consejero señaló las siguientes: hacer una planificación energética con objetivos a largo plazo, establecer diálogos con cada sector (haciendo énfasis en las comunidades) e impulsar reformas legislativas para lograr objetivos de transición. También recalcó la importancia de construir proyectos piloto para recoger aprendizajes técnicos y ambientales para generar confianza en los inversores, así como brindar beneficios económicos como incentivos o subsidios a aquellos que produzcan energías renovables.
“Las crisis son una posibilidad para hacer cambios necesarios al sistema actual. Se necesita tiempo, paciencia, coraje, ambición y voluntad. También se requiere colaboración internacional para hacer las inversiones necesarias en energías limpias”, acotó Thure.
Transición gradual, planificada y fiable
En el primer panel del evento se discutió acerca del estado actual de la transición energética en Colombia y sobre los pasos que debe seguir el país de ahora en adelante.
Uno de los puntos de partida del espacio fue el potencial que tiene Colombia para producir energías eólica y solar, así como del apoyo que requiere por parte de la comunidad internacional y de la banca multilateral para conseguir resultados favorables en materia medioambiental y económica. Al estar presenciando un cambio histórico en la generación de energías del mundo, el país podría convertirse en un modelo a seguir en América Latina.
“Dividirnos alrededor de la transición energética es un error. Polarizar este tema es un camino al fracaso”, señaló María Fernanda Suárez, presidente de Accenture y destacó las fortalezas que tiene el país en materia de planeación, así como el hecho de estar en el cuarto lugar global del índice Bloomberg en preparación para la transición energética. “Lo que nos está deteniendo hoy es la ejecución, porque no se ha podido generar la línea entre La Guajira y el Centro Interconectado Nacional y porque muchos de los proyectos eólicos tienen dificultades en la relación con comunidades”.
De acuerdo con los panelistas, aunque existen retos en materia de transporte y en generación, hoy la matriz eléctrica de Colombia es limpia y su balance energético es positivo, a comparación de otros países de la región. Pese a que hay incertidumbre por el crecimiento de la demanda de energía en 4 % más que antes de la pandemia, Colombia tiene $13 billones invertidos en proyectos de energías eólica y solar, por lo que deberá concentrarse en objetivos a largo plazo que permitan involucrar a los privados y a las comunidades de forma integral.
“Solamente en energías renovables para 2030 pueden ser más de US$10 mil millones, sin contar con inversiones complementarias en almacenamiento y en redes de transmisión”, destacó Ricardo Lara, oficial líder de Inversiones de Infraestructura y Energía del BID, quien recalcó la relevancia de desarrollar capacidades, conocimiento y gestión.
El BID ha llevado a cabo millonarias inversiones en el país para el desarrollo de energía solar, pero el gran reto será ampliar las fuentes de financiamiento, así como la dolarización del ingreso, con el fin de generar competitividad. Además, teniendo en cuenta que la Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2025 empezará a decrecer la demanda de combustibles fósiles, Colombia deberá seguir construyendo sobre lo construido.
“En el proceso hacia la transición de Dinamarca invertimos mucho dinero durante más de 30 años, lo que hubiera sido inútil si los proyectos no fueran de interés de la sociedad”, acotó Ole Kjems Sørensen, representante de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), sobre lo que debería ser uno de los ejes de Colombia hacia la transición.
Transición energética justa
El segundo panel, que dio cierre al evento, giró en torno a cómo Colombia podría beneficiarse de una transición energética justa, considerando su ambiciosa meta de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Allí se planteó al diálogo social, incluyente y transparente como uno de los componentes claves para retribuir los daños causados a las comunidades.
“Estamos preparados para incluir a las comunidades marginadas en una estrategia de trabajo, que implique participación en la toma de decisiones territoriales”, mencionó Álvaro Echeverry Londoño, director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, del Ministerio del Interior. Por otro lado, dijo que el análisis debe centrarse en que el crecimiento de la economía vaya de la mano con la reducción de la pobreza.
En la misma línea, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Fundación Ideas para la Paz (Fip), Jakeline Romero Epiayú -lideresa de la comunidad wayuu-, entre otros, coincidieron en la relevancia que debe tener el componente de justicia y empoderamiento en la transición energética. Esto implica reducir las inequidades en el uso de la energía, considerar los retos de la justicia climática y fortalecer los procesos de gobernanza.
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Además, será necesario definir la velocidad del cambio que se espera, lo cual está relacionado con ajustes en las regulaciones, en los incentivos por la generación de energías renovables y en la ruta que se ha venido trazando con las comunidades. Esto debido a que existen dificultades en los procesos de participación, lo cual ha generado desconfianza y ha creado tensiones. “Debe ser una agenda preventiva centrada en los derechos humanos, que evite generar impactos negativos sobre el medio ambiente, las personas y las comunidades y que genere claridad con respecto a los beneficios de la participación significativa en materia de transición”, dijo Andrés Hernández, director de Conducta Empresarial Responsable de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
De acuerdo con los panelistas, estos retos se deben enfrentar partiendo de una visión realista y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del pasado. Por ello, no se puede dejar fuera ni la discusión de los impactos fiscales que podría traer la transición energética, ni la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado para conseguir una mejor articulación con las comunidades. Estos serán puntos fundamentales para que se refuercen los mecanismos de resolución de conflictos y para que las personas estén en el centro de la toma de decisiones.
“La participación también tiene que tener una transición. Tiene que dejar de ser un mero formalismo y constituirse en la esencia del convenio y de lo que los pueblos hicieron para llegar al reconocimiento de derechos (...) Tenemos que transitar a hablarles a las comunidades sobre economías, decirle a la gente cómo puede participar de beneficios y apoyarlos en desarrollo sostenible para su fortalecimiento económico y social”, concluyó Jakeline Romero Epiayú, lideresa de Fuerza Mujeres Wayuu en La Guajira.