Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Caldas es un departamento atravesado por el agua, pero esa abundancia no lo hace invulnerable. La transformación de sus ecosistemas, la presión sobre las fuentes abastecedoras, la variabilidad climática y las limitaciones institucionales de los municipios configuran un escenario en el que proteger las cuencas ya no es solamente una tarea ambiental: es una condición para sostener el abastecimiento, la producción agrícola, la generación de energía y el bienestar de las comunidades.
Esa es una de las principales conclusiones que dejó un nuevo Encuentro por el Agua y la Energía Renovable, realizado el 15 de julio en Manizales. La jornada, liderada por BIBO de El Espectador, con la dirección técnica de WWF Colombia y el apoyo de Isagen, reunió a autoridades locales y ambientales, empresas, academia y líderes comunitarios.
Más que organizar una serie de conversaciones separadas, el encuentro permitió identificar coincidencias entre los diferentes sectores. El resultado fue una agenda común: mejorar la información disponible, fortalecer las capacidades municipales, recuperar la confianza entre actores, asegurar la participación efectiva de las comunidades y garantizar que los procesos ambientales no terminen cuando se acaba un proyecto o una fuente de financiación.
Un territorio abundante en agua, pero expuesto al desabastecimiento
La Evaluación Regional del Agua, presentada por Corpocaldas, mostró con cifras concretas la dimensión del desafío.Tras recopilar información entre 1994 y 2023, la entidad construyó junto con el Stockholm Environment Institute, el Índice de Desabastecimiento Hídrico del departamento, donde se evidencia que hay 37 microcuencas clasificadas en “vulnerabilidad alta” o “muy alta” frente al desabastecimiento de agua.
El indicador combina la capacidad natural de una cuenca para retener y regular el agua con la presión que ejercen las concesiones y la demanda sobre la oferta superficial. Por eso, además de servir como alerta ante un el fenómeno de El Niño, la información permite orientar los planes de ordenación de cuencas, las concesiones de agua, las inversiones en saneamiento, la restauración de ecosistemas y las decisiones en situaciones de sequía o inundación.
La geografía de Caldas presenta desafíos. Atravesado por cordillera Central, hacia el oriente el departamento conserva mayores coberturas naturales; hacia el occidente se concentra una parte importante de la población, la infraestructura y la transformación del territorio. Esa diferencia obliga a abandonar las respuestas uniformes y a utilizar la información histórica para intervenir en los lugares donde suelen presentarse incendios, disminución de caudales o dificultades de abastecimiento.
Las áreas protegidas no pueden gestionarse como islas
Desde Parques Nacionales Naturales se insistió en que la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y de su entorno exige coordinación con universidades, autoridades regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas y sectores económicos.
La investigación sobre los glaciares de Santa Isabel, el Ruiz y el Tolima ha aportado información para entender los efectos del cambio climático y ajustar las decisiones de manejo. A esto se han sumado los acuerdos de conservación con comunidades, el diálogo alrededor de las actividades productivas y la articulación para manejar presiones como el turismo.
“Los parques no se pueden manejar como islas”, afirmó Robinson Galindo, jefe del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. Conservar los ecosistemas de alta montaña requiere actuar también en las zonas vecinas, en los corredores ecológicos y en las cuencas que reciben los beneficios de la regulación hídrica.
Corpocaldas identifica actualmente 213.887 hectáreas prioritarias para la conservación, entre páramos, bosque andino y bosque seco tropical. De ese total, 23.972 hectáreas corresponden al Distrito Regional de Manejo Integrado Estrella Hídrica de Caldas, una nueva figura que busca proteger ecosistemas estratégicos y organizar su gestión con propietarios, juntas de acción comunal, movimientos ciudadanos y veedurías ambientales.
El reto, sin embargo, no consiste únicamente en aumentar el número de hectáreas declaradas. También implica evaluar si las áreas cuentan con gobernanza, recursos, seguimiento y capacidad real para cumplir sus objetivos de conservación.
Del diagnóstico a las capacidades locales
Uno de los avances más claros de esta edición del encuentro fue reconocer que buena parte de las dificultades no se origina en la ausencia de instrumentos, sino en la capacidad para aplicarlos.
Edward Machado, del Instituto de Desarrollo y Capital Social, señaló que las entidades locales enfrentan alta rotación de funcionarios, recursos financieros insuficientes y dificultades para actualizar e implementar sus instrumentos de ordenamiento. Cada cambio de administración puede obligar a reiniciar procesos, mientras que la planeación suele quedarse en la formulación y no avanza hacia la ejecución.
A esto se suma la fragmentación de los sistemas de información. Los datos generados por diferentes entidades no siempre se comparten o no llegan a los funcionarios, organizaciones y comunidades que deben utilizarlos para decidir dónde restaurar, cómo orientar la inversión o qué actividades productivas resultan compatibles con las condiciones ambientales.
La discusión también evidencia que ha habido una ruptura de confianza entre instituciones, empresas y comunidades. Para los participantes, esa desconfianza debilita la planificación y convierte algunos espacios de participación en ejercicios formales, sin continuidad ni resultados visibles.
Desde las organizaciones comunitarias se advirtió que la participación exige tiempo, desplazamientos y recursos. Un líder que asiste a un consejo de cuenca deja durante un día sus responsabilidades laborales o familiares. Por eso, garantizar la gobernanza implica crear condiciones materiales para que las comunidades participen y evitar que el conocimiento quede concentrado en las pocas personas que acuden a las reuniones.
El agua como patrimonio y eje del ordenamiento
Otro de los planteamientos que ha tomado fuerza es la necesidad de dejar de entender el agua únicamente como un recurso disponible para la explotación económica.
El profesor Gonzalo Duque Escobar, uno de los relatores de la jornada, propuso reconocerla como un patrimonio inalienable y comprender el territorio como una construcción social e histórica, no como una superficie vacía sobre la cual se localizan actividades productivas. Su llamado conecta la gestión del riesgo con la protección de la biodiversidad, la recuperación de los bosques y la transformación de sistemas agrícolas que aumentan la vulnerabilidad climática.
“La planificación no es de escritorio; es con comunidades y para las comunidades”, aseguró.
En el contexto cafetero, esa discusión se traduce en preguntas sobre el regreso al café con sombrío, la seguridad alimentaria rural, la conservación de los suelos y la diversificación de los ingresos mediante actividades como el turismo comunitario, las artesanías y el bioturismo. También plantea la conveniencia de reconocer el Paisaje Cultural Cafetero como un territorio con derechos bioculturales y de ordenar sus actividades alrededor del agua.
Una transición energética con límites ambientales
Caldas cuenta con una capacidad de generación eléctrica en operación de 870,1 megavatios: 625,9 MW hidráulicos, 194,2 MW solares y 50 MW térmicos a gas. Además, tiene más de 230 MW solares en construcción o licenciamiento y un potencial geotérmico estimado de hasta 90 MW en el valle de Nereidas, en Villamaría.
Las cifras muestran oportunidades para diversificar la matriz energética, pero el encuentro advierte que no toda infraestructura renovable es automáticamente sostenible.
Los nuevos proyectos deben respetar páramos, áreas protegidas, corredores ecológicos, bosque seco tropical y suelos de alta sensibilidad. También deben evaluar impactos acumulativos, mantener caudales ecológicos y prever el manejo de residuos como los paneles solares cuando terminan su vida útil.
La transición, por lo tanto, no puede medirse únicamente por la reducción de emisiones. Debe considerar la huella completa de los proyectos, su relación con el agua, la biodiversidad y las comunidades. En este punto, la autoridad ambiental asume un papel que va más allá de aprobar o sancionar: debe prevenir conflictos y facilitar acuerdos tempranos entre empresas, propietarios, autoridades y organizaciones sociales.
Conservar exige continuidad y financiación de largo plazo
Las intervenciones de los representantes de las distintas conversaciones confluyeron en una preocupación: numerosos procesos ambientales dependen de proyectos de corta duración. Cuando termina la financiación, también pueden desaparecer el sistema de monitoreo, el espacio de gobernanza o el equipo encargado de devolver la información a las comunidades.
Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia y moderador de la plenaria, planteó que la financiación no debe reducirse a calcular cuánto dinero falta. También es necesario explorar mecanismos que sostengan la conservación durante 20 años o más, combinar recursos públicos y privados y conectar las inversiones del sector energético con la protección de los ecosistemas de los que depende la generación.
Herrera identificó, además, tres coincidencias entre las conversaciones: gobernanza con resultados y continuidad; información que llegue a quienes toman decisiones; y planificación capaz de responder a distintos escenarios climáticos. Ya no es suficiente planear para una condición promedio. El territorio debe prepararse para años secos, húmedos y escenarios de cambio más extremos.
Una política que trascienda
El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, destacó que el departamento cuenta con consejos para ocho cuencas y con 207 Clubes Defensores del Agua, en los que participan cerca de 3.100 estudiantes.
Los niños y jóvenes desarrollan actividades relacionadas con el uso eficiente del agua, el cuidado de los acueductos, la disposición de residuos y la conservación de fuentes abastecedoras. Para el gobernador, ese trabajo ha permitido construir una política que trasciende los períodos administrativos y convierte a las nuevas generaciones en multiplicadoras de buenas prácticas.
Gutiérrez definió a Caldas como una “sinfonía de verdes”, pero reconoció que la abundancia implica una responsabilidad. “Proteger una cuenca es proteger una comunidad y conservar un bosque es garantizar el bienestar de las próximas generaciones”, señaló. También insistió en la importancia de que los encuentros ayuden a pasar de las recomendaciones a las decisiones.
El principal avance de la jornada no fue, entonces, un nuevo listado de problemas. Fue la construcción de un lenguaje compartido entre actores que reconocieron que el agua conecta la planificación territorial, la conservación, la gestión del riesgo, la producción y la energía.
El desafío que sigue es mantener esa conversación, traducirla en instrumentos de ordenamiento, presupuestos, proyectos de restauración y mecanismos de participación que permanezcan en el tiempo.
Seis retos para la gestión del agua en Caldas
- Anticipar el desabastecimiento. Incorporar las microcuencas con vulnerabilidad alta y muy alta en los planes de contingencia, las inversiones y el ordenamiento territorial.
- Fortalecer a los municipios. Reducir la rotación de equipos, mejorar la formación técnica y asegurar recursos para implementar —no solo formular— los instrumentos de planificación.
- Recuperar la confianza. Crear espacios permanentes de diálogo entre comunidades, autoridades y sectores productivos, con decisiones verificables y rendición de cuentas.
- Integrar la información. Conectar sistemas de monitoreo ambiental, climático y territorial, y transformar los datos en herramientas accesibles para la toma de decisiones.
- Financiar procesos de largo plazo. Evitar que la gobernanza, la restauración y el monitoreo terminen con cada proyecto; explorar mecanismos financieros públicos, privados y comunitarios.
- Hacer una transición energética verdaderamente sostenible. Evaluar la huella ambiental completa de cada tecnología, respetar los ecosistemas estratégicos y garantizar participación comunitaria desde el diseño de los proyectos.
Por Mario Cabrera - WWF Colombia
