En el último informe de cifras de monitoreo de superficie de bosque de el IDEAM y Ministerio de Ambiente se ha reportado una disminución sostenida en la deforestación del país. Dicho informe confirma que 2024 cerró con 113.608 hectáreas deforestadas, la segunda cifra más baja desde que existen registros y el tercer año consecutivo de reducción. Sin embargo, el panorama sigue siendo desafiante: 528 municipios registraron al menos una hectárea deforestada y el 74 % de la pérdida total se concentró en solo 25 de ellos, principalmente Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, La Macarena y Calamar. Además, la deforestación dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales alcanzó el 10 % del total nacional, un aumento frente al 6 % reportado en 2023.
Aunque Colombia es el sexto país a nivel global en disponibilidad de agua a nivel mundial, según la UNESCO, su distribución desigual y la pérdida de ecosistemas estratégicos generan vulnerabilidad creciente. Hoy, el 100 % de los municipios presenta algún grado de riesgo asociado a su seguridad hídrica, según el más reciente Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El riesgo hídrico que afecta a todos los municipios del país surge no solo por la desigual distribución del agua, sino también por presiones como la urbanización no planificada, la pérdida de humedales y la dependencia de fuentes hídricas cada vez más vulnerables a fenómenos como El Niño y La Niña.
Las diferencias geográficas configuran realidades contrastantes: la región Caribe y Andina enfrentan sequías y estrés hídrico, mientras que el Pacífico y la Amazonia lidian con riesgos por inundaciones. Este panorama local se suma a una tendencia mundial alarmante: 1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua potable, y más de 800 millones viven en condiciones severas.
Los impactos son transversales. La degradación de los ecosistemas que regulan el agua —bosques, páramos, humedales, cuencas— amenaza la productividad agrícola, la estabilidad de los territorios y el bienestar de millones de personas.
Frente a este escenario, el PNUD viene trabajando en la estrategia de incidencia Agua al Límite, una iniciativa nacional que busca elevar la seguridad hídrica como una prioridad de política pública. La estrategia promueve acciones concretas de conservación y gestión sostenible del agua, articulando al gobierno, instituciones, comunidades y actores locales para fortalecer decisiones de planificación y conservación de los ecosistemas que garantizan el agua. Su propósito es asegurar que el país avance hacia un uso responsable de este bien, con énfasis en los territorios con mayor criticidad.
¿Es entonces la financiación ambiental un reto para la adaptación?
Uno de los desafíos más estructurales que enfrenta Colombia no se limita a la adaptación al cambio climático, la gestión para la reducción de riesgos o la protección de las comunidades más vulnerables: la financiación de las acciones ambientales sigue siendo insuficiente. Colombia presenta importantes brechas de financiación que se explican por la fragmentación entre instrumentos de planificación ambiental y la limitada capacidad de ejecución territorial, especialmente en departamentos con alta riqueza ecosistémica, pero bajos índices de desarrollo humano como lo es la región amazónica. Un avance clave en este frente es “De lo global a la realidad de Colombia: la Brecha de Financiamiento Ambiental”, un documento global de la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN) del PNUD, que ofrece una hoja de ruta para que más de 130 países, -incluido Colombia-, movilicen recursos para la biodiversidad.
Basado en más de una década de implementación en 41 países, el enfoque BIOFIN integra al sector financiero —ministerios, bancos centrales, reguladores, banca de desarrollo— en la planificación de inversiones para la biodiversidad. Según el informe La Naturaleza de los Subsidios (BIOFIN / PNUD, The Nature of Subsidies, 2024), aunque los subsidios son instrumentos clave para el desarrollo económico, sus impactos ambientales negativos suelen permanecer ocultos o no se evalúan adecuadamente, a pesar de su profundo efecto sobre la naturaleza.
Señala que, por ejemplo, el sector agrícola a nivel global recibe alrededor de 500 mil millones de dólares en subsidios potencialmente dañinos, que pueden perpetuar la pérdida de hábitat y la degradación del suelo. En el mismo sentido, los subsidios al sector pesquero—estimados entre 7 y 35 mil millones de dólares al año— contribuyen a la sobreexplotación de recursos marinos y a la contaminación, agravando la presión sobre ecosistemas ya vulnerables. Este panorama subraya la urgencia de reformar estos apoyos financieros para alinearlos con objetivos ambientales, sociales y económicos de largo plazo.
Y, por otro lado, a nivel nacional, la brecha es evidente: entre 2012 y 2022, las entidades territoriales de Colombia destinaron apenas 0,09 % de sus recursos de inversión a la gestión de la biodiversidad, muy lejos del 1 % recomendado por la OCDE. Además, según los datos del PNUD- BIOFIN se podría requerir aumentar entre 3 y 4 veces el gasto público, privado y de cooperación para cumplir la ambición del actual Plan de Acción en Biodiversidad.
A esto se suma que los departamentos con mayores necesidades ambientales —Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo y Vichada— registran el menor esfuerzo fiscal y presentan bajos o medios niveles de desarrollo humano. Esta relación entre vulnerabilidad ambiental, capacidades institucionales limitadas y bajos presupuestos confirma una brecha estructural de financiación ambiental.
Nuevas inversiones: agua, gobernanza y soluciones basadas en la naturaleza
A pesar de las limitaciones, Colombia ha comenzado a movilizar recursos clave. Recientemente, el PNUD y la Corporación Autónoma Regional - CAR Cundinamarca implementan la estrategia Entornos Sostenibles Alrededor del Agua, con una inversión de 25 millones de dólares para la restauración de 330 microcuencas y al fortalecimiento de la gobernanza comunitaria del agua en Cundinamarca y Boyacá. Por ello, se invitó a las organizaciones comunitarias a participar, con sus iniciativas de conservación y adaptación, en la convocatoria abierta para implementar procesos de conservación de ecosistemas que optimicen la gestión integral del recurso hídrico en mínimo 2 hectáreas.
Invertir en agua no es solo una medida ambiental; es una inversión directa en resiliencia económica y social. La protección de cuencas asegura la disponibilidad hídrica para la agricultura, la industria y el consumo humano; reduce costos asociados a desastres por inundaciones y sequías; y fortalece la seguridad alimentaria. Al priorizar los ecosistemas que regulan el agua, el país protege ingresos, reduce pérdidas económicas y mejora la estabilidad de las comunidades más vulnerables
A esa respuesta se suma el proyecto Mojana: Clima y Vida, implementado por el PNUD con el apoyo del Gobierno de Colombia, el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima, que combina restauración de humedales, sistemas de alerta temprana y soluciones basadas en la naturaleza para reducir la vulnerabilidad de miles de familias afectadas históricamente por inundaciones.
Estos esfuerzos reflejan un cambio necesario: invertir en ecosistemas hídricos no es solo una acción ambiental, sino un componente esencial del desarrollo sostenible y la resiliencia climática. Además, estas iniciativas se alinean directamente con los compromisos establecidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia, que prioriza la gestión integral del recurso hídrico, la reducción de la vulnerabilidad en cuencas críticas y la expansión de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de mitigación y adaptación. Asimismo, refuerzan los objetivos del Plan Nacional Hídrico frente a la seguridad del agua, el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la recuperación de ecosistemas reguladores.
Colombia: megadiversidad, vulnerabilidad y relevancia global
El 22 de noviembre concluyeron las negociaciones de la COP30, la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático, en la que Colombia participó con una agenda ambiciosa basada en tres prioridades estratégicas:
- Integrar las agendas de clima y biodiversidad.
- Avanzar en la eliminación progresiva de combustibles fósiles, a través de una transición energética justa.
- Promover una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional, para evitar que los países vulnerables sigan cargando con deudas generadas por los impactos climáticos.
Como país megadiverso —con ecosistemas estratégicos como la Amazonia, los páramos y los bosques secos y alto andinos— Colombia asumió un rol
relevante no solo por su vulnerabilidad, sino por su capacidad de ofrecer soluciones basadas en la naturaleza con impacto global.
La COP30 dejó acuerdos importantes para los países en desarrollo:
- Movilizar 1,3 billones de dólares anuales para 2035, liderados por países desarrollados, para acelerar medidas de mitigación y adaptación.
- Duplicar el financiamiento para adaptación en 2025 y triplicarlo para 2035, en un contexto donde la brecha anual ya supera los 300 mil millones de dólares.
- Consolidar los ciclos de capitalización del Fondo para Pérdidas y Daños, que apoyará a países altamente vulnerables frente a inundaciones, incendios forestales, sequías extremas y otros eventos.
Sin embargo, la conferencia dejó un vacío crítico: no se alcanzó un compromiso explícito para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, una decisión clave para mantener vivo el límite de 1,5 °C.
La COP también lanzó varias iniciativas globales, entre ellas el Acelerador de Implementación Global, la Misión de Belém 1,5°C y un esfuerzo internacional para combatir la desinformación climática, que amenaza la toma de decisiones basadas en evidencia.
Es por esto que, el PNUD continúa en su compromiso de acompañar al país en el fortalecimiento de la acción climática y la seguridad hídrica con un enfoque territorial y comunitario. Las prioridades avanzadas en este espacio incluyen aumentar la inversión en biodiversidad y adaptación al cambio climático, fortalecer la gobernanza del agua y las capacidades en territorio para gestionar riesgos climáticos. Esto implica apoyar la actualización de instrumentos de planificación, ampliar modelos de gobernanza del agua con las comunidades como eje fundamental y promover soluciones basadas en la naturaleza que conserven los ecosistemas estratégicos.
Además, cerrar las brechas de financiación será determinante para que estas transformaciones se materialicen. El país necesita reorientar subsidios ambientales dañinos, movilizar nuevos mecanismos de financiamiento climático y asegurar que los territorios accedan a recursos suficientes para la gestión ecosistémica, la transición energética justa y la protección de la biodiversidad. A través de herramientas como BIOFIN y la articulación interinstitucional, el PNUD seguirá apoyando decisiones de política pública que permitan alinear inversiones con las metas de clima, agua y desarrollo sostenible. Con alianzas sólidas multiactor, será posible transformar compromisos en resultados para el bienestar, la equidad y la resiliencia.
