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Corredor de vida del Cesar: el corazón de la transición territorial justa en Colombia

Información institucional | “La transición territorial justa se perfila hoy como una de las principales apuestas para que el corredor minero enfrente los cambios sociales, económicos y ambientales que demanda el futuro”.

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02 de junio de 2026 - 04:01 p. m.
Serranía del Parijá, municipio de Becerril (Cesar).
Serranía del Parijá, municipio de Becerril (Cesar).
Foto: José Pantoja/Fundación Natura
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La política pública del Gobierno actual de Colombia tiene como uno de sus enfoques la transición energética justa, sustituyendo progresivamente las energías basadas en combustibles fósiles e impulsando aquellas renovables como la solar o la eólica, mientras se tiene en cuenta el beneficio y la dignidad de las comunidades y los territorios.

La ecorregión que comprende desde la Serranía del Perijá (Cesar) hasta el Complejo cenagoso de Zapatosa (Magdalena y Cesar) fue priorizada para esta transición, siendo una de las 13 ecorregiones incluidas en Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) titulado “Colombia, potencia mundial de vida”. En esta zona se ubica el conocido corredor minero, que en los últimos años se ha convertido en el corazón de los diálogos sobre la transición energética.

“Este ecorregión es un territorio que cuenta con unas condiciones ambientales, ecosistémicas y de biodiversidad excepcionales, debido a la conectividad que se da entre ecosistemas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y el Complejo cenagoso de Zapatosa; que conecta una franja muy importante de bosque seco tropical con una red de ríos que descienden de la serranía hacia el río Cesar y desemboca en Zapatosa, vital para la reproducción, crecimiento, alimentación, desove y descanso de peces que migran por la macrocuenca Magdalena”, resaltó Gustavo Segura, Coordinador del proyecto Recuperación socioecológica del Corredor de vida del Cesar, un proyecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad e implementado por el Consorcio Alma Natura.

Pero también es el principal productor de carbón del país. Según el documento “Minería de carbón en Colombia: transformando el futuro de la industria” del Ministerio de Minas y Energía, en 1980 llega la minería de carbón al Cesar inicialmente a la Jagua de Ibirico. Eso se traduce en más de cuatro décadas donde la principal fuente de empleo ha sido la minería, pues según la Asociación Colombiana de Minería hasta el 2023 “generaba más de 72 mil empleos entre directos e indirectos en el departamento del Cesar”, en los municipios de Codazzi, Becerril, El Paso, Chiriguaná, Chimichagua y La Jagua de Ibirico, los mayores productores del mineral. Así que la transición energética en este territorio, es un reto enorme.

Pero, ¿qué significa transitar hacía un Corredor de Vida? Además de la energía, es un proceso social, económico, ambiental y territorial, que tiene en cuenta su diversidad y las necesidades de las comunidades. Por eso se debe evolucionar de transición energética justa y empezar a hablar, planificar y actuar hacia una transición territorial justa.

“Este enfoque propone una transformación profunda basada en el reconocimiento de la diversidad territorial, que integra dimensiones sociales, culturales y ecológicas, en el fortalecimiento de la gobernanza para gestionar contextos complejos y diferenciados; y en la reconciliación y reconstrucción del tejido social y la confianza entre múltiples actores, como parte esencial del cambio”, señaló Nancy Vargas, subdirectora técnica de Fundación Natura.

Y añadió, “porque también existen otros procesos que generan impacto como, por ejemplo, la ganadería o la agricultura. Entonces, bajo ese escenario los recursos de la transición energética pueden jugar un papel crucial para mejorar dichas prácticas, fortalecerlas, crear nuevas líneas productivas y vincular a muchos más actores en el territorio. El enfoque de transición territorial permite ver el escenario de manera más completa y las oportunidades de integrarse a la transformación de un territorio climáticamente complejo, con muy bajo nivel de agregación a nivel económico y generación de empleo, con ecosistemas muy afectados y degradados, y con comunidades organizadas que pueden brindar grandes aportes. Algunas, por sí mismas, ya vienen transitando”.

Y es que frente a procesos económicos, productivos y laborales de industrias que dependen de recursos naturales no renovables, es decir que tarde o temprano se agotarán, como el carbón, el petróleo y otros minerales, hay que empezar a encontrar opciones que permitan el desarrollo del territorio y una vida digna para sus habitantes.

¿Cómo se reemplaza un sector que representa la tercera parte de la economía de la región?

Como lo indicó Nancy Vargas, “desde el territorio, la gente ha empezado a buscar sus propias fuentes de ingreso, la bioeconomía es un ejemplo claro de eso. Organizaciones locales como el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, vienen promoviendo un proceso de fortalecimiento comunitario y de gobernanza territorial, a través de las escuelas de transición. Se ha iniciado el diálogo en torno a la transición en la región, en el que se destacan puntos importantes como la diversificación económica y el empleo, las alianzas estratégicas, la normatividad y el pacto por el corredor de la vida, eje central de conversación entre el Gobierno Nacional y las comunidades locales”.

Es por eso que, como el primer escalón para que la transición territorial justa suceda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, con la implementación técnica del Consorcio Alma Natura (compuesto por la Fundación Alma y la Fundación Natura), implementaron la primera fase del proyecto Recuperación sociológica del Corredor de Vida del Cesar: Perijá-Zapatosa, una iniciativa que “impulsó acciones orientadas a la transición, sostenibilidad y reconversión productiva territorial desde: la restauración ecológica y productiva en áreas estratégicas para la conectividad, sistemas agroforestales, silvopastoriles y patios productivos que contribuyen a la seguridad alimentaria local; impulso organizativo y productivo a iniciativas comunitarias de bioeconomía; el establecimiento de veedurías ciudadanas y el impulso a procesos de monitoreo comunitario para fortalecer el acceso a la información, la toma de decisiones y la gobernanza territorial”, explicó Gustavo Segura.

Y es precisamente ese enfoque productivo y de bioeconomía, el que ha permitido fortalecer emprendimientos sostenibles que pueden ser una opción económica y laboral a mediano y largo plazo. Que crecen paralelamente, diversifican la economía de la región, promueven el empleo y formalizan el pago de impuestos, mientras se disminuye la extracción minera, pues este proceso toma tiempo. Y que pueden impulsar a otros habitantes a involucrarse e implementar sus propias ideas de negocio.

La bioeconomía es “un modelo socioeconómico que se basa en la innovación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad y la biomasa, para generar bienes y servicios de alto valor agregado, protegiendo los ecosistemas”, según lo detalla el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Y en el marco del proyecto, se “buscó fortalecer el desarrollo local sostenible apoyando las alternativas económicas comunitarias del territorio con la actualización de la información de las diversas redes y cadenas de valor agroalimentarias basadas en la biodiversidad, y negocios para la restauración y usos sostenibles de los productos del bosque; creando en cada una de ellas capacidades técnicas y financieras para mantener la sostenibilidad de sus actividades productivas a mediano y largo plazo con diferentes instrumentos económicos y de financiación, gestionados con autonomía e independencia. Incluyendo la creación de encadenamientos productivos y comerciales que promuevan la sostenibilidad económica de las alternativas comunitarias”, explicó Segura.

En este proceso participaron 35 emprendimientos de los siete municipios intervenidos: Codazzi, Becerril, El Paso, Chiriguaná, Chimichagua y La Jagua de Ibirico (Cesar) y El Banco (Magdalena); enfocados en cinco cadenas de valor: pesca artesanal, artesanías con palma estera, corozo (o uvita de lata como lo conocen en la región), productos agroalimentarios y viveros; impactando 1591 personas (770 mujeres y 821 hombres).

“Esto nos ha cambiado la vida, ya que antes hacíamos un trabajo manual de exprimir 100 frascos de jugo de naranja en 3 días y ahora con las maquinas hacemos un proceso más rápido que permite que nuestra empresa crezca”, resaltó Arelys Moreno de la Fundación mujeres innovando desarrollo, quienes han creado un producto innovador llamado Naranjable, una jalea a base de naranja, hierbas y especias, que combina atributos de sabor, calidad y beneficios para la salud, 100% natural, que sirve como complemento de vitamina c y ayuda a mejorar la garganta y quitar resfriados.

En el departamento hay ideas innovadoras y sostenibles, que no han contado con el apoyo suficiente para superar los procesos normales de un emprendimiento y eso es lo que más valoran las mujeres que crearon Naranjable. “Nos capacitaron de tal forma que el proceso nos ha cambiado la mentalidad y la forma de ver las cosas. Ahora ya iniciamos la siguiente parte que es la comercialización”, señaló Moreno.

La participación de mujeres rurales y jóvenes en este proceso es una fortaleza que impulsa modelos de economía solidaria, equidad de género y valorización de los conocimientos tradicionales asociados al uso sostenible de la biodiversidad. Pero también permite abrir la puerta laboral a los más jóvenes y hacer recambio generacional para que las iniciativas perduren.

“Si esto se sigue replicando por todo el Corredor de Vida, se multiplicarán los beneficios, ya no serán las 27 familias que hacen parte de la asociación, si no más. Ayudará a tener nuevas fuentes de empleo, a la transición y a volver a nuestros temas ancestrales como la agricultura, la pesca artesanal y otros que se vinieron olvidando en el tiempo”, destacó Charles Adolfo Maestre, representante de Asoprag, una asociación creada por familias del municipio de El Paso, quienes se dedicaban a actividades asociadas a la minería, pero que ahora están diversificando su economía a través del viverismo y la producción de especies menores como: gallinas, cría de cerdos, piscicultura, entre otras.

Sin embargo, “la bioeconomía no solo se basa en la biodiversidad nativa, también en la capacidad de transformación que da valor agregado a un producto. En la región identificamos varios potenciales y ¿qué pasa con el café, el cacao, la producción agropecuaria local tradicional? Allí hay alternativas de bioeconomía que dependen de la innovación en la transformación y en el avance hacia modelos de economía circular”, resaltó Nancy Vargas.

Y añadió “la transición implica la redefinición de la economía, rescatando la identidad local. La bioeconomía puede ser una solución a largo plazo, pero no la única”. Por eso, Gustavo Segura imagina una región donde “exista una economía basada en la identidad local, que reactive el campo manteniendo la vocación productiva del suelo, diversificada, con enfoque de innovación y transformación de productos y subproductos, articulada entre distintos actores y con otras actividades económicas. Que se aseguren los canales de comercialización, se fortalezca la institucionalidad agropecuaria local y que sea un proceso colectivo, no impuesto”.

La transición territorial justa se perfila hoy como una de las principales apuestas para que el corredor minero enfrente los cambios sociales, económicos y ambientales que demanda el futuro. Más allá de reemplazar actividades productivas, implica generar oportunidades reales para las comunidades, reducir desigualdades y fortalecer modelos de desarrollo sostenibles e inclusivos. Para lograrlo, será clave que los gobiernos locales, regionales y nacionales promuevan las condiciones necesarias para que los territorios lideren sus propios procesos de transformación.

Hoy, el corredor minero comienza a consolidarse como un Corredor de Vida: un territorio de oportunidades que inspira a otras regiones del país y demuestra que la transición territorial justa sí es posible. Este proceso evidencia que la articulación entre comunidades, organizaciones ambientales, entidades públicas, academia y cooperación, puede construir caminos reales hacia un futuro más resiliente, donde la restauración ecológica, la bioeconomía y el fortalecimiento del tejido social se convierten en alternativas sostenibles para las comunidades.

La participación de pescadores, viveristas, jóvenes, mujeres rurales y líderes comunitarios refleja que las transformaciones territoriales solo son duraderas cuando integran el conocimiento técnico con los saberes locales, el cuidado de los ecosistemas y la dignificación de la vida. Así, la ecorregión Perijá-Zapatosa se proyecta como un referente nacional de la transición territorial justa, capaz de reconciliar la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y las oportunidades económicas para las generaciones presentes y futuras.

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