Hay algo que anuncia las elecciones en Colombia incluso antes que los debates: los postes empiezan a “hablar”. De un día para otro, las esquinas se llenan de sonrisas impresas, promesas en tipografía gruesa y colores que compiten por imponerse en el paisaje. El país entra en modo campaña y el espacio público se convierte en vitrina electoral. Pero detrás de esa explosión visual hay un fenómeno mucho menos visible y mucho más persistente: el ambiental.
La publicidad electoral física —pendones, pasacalles, carteles, vallas y lonas— está compuesta en su mayoría por PVC, polietileno y otros polímeros sintéticos de alta durabilidad. Son materiales diseñados para resistir la intemperie: radiación solar, humedad, viento. No están pensados para desaparecer en cuestión de semanas. Cuando la jornada electoral termina, su utilidad política concluye; su impacto ambiental, no.
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Investigaciones publicadas en revistas científicas como Science of the Total Environment y Environmental Pollution han documentado cómo los plásticos expuestos de manera prolongada a radiación ultravioleta y desgaste mecánico se fragmentan progresivamente hasta convertirse en microplásticos.
Este proceso —conocido como fragmentación secundaria— genera partículas microscópicas que pueden permanecer durante décadas en suelos y cuerpos de agua. Aunque estos estudios no se enfocan exclusivamente en propaganda electoral, sí analizan el comportamiento ambiental de los mismos polímeros utilizados en pendones y lonas de campaña. Es decir: la campaña que hoy vemos colgada en un puente peatonal puede terminar convertida, con el tiempo, en contaminación invisible.
El problema adquiere otra dimensión cuando se mira el contexto colombiano. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el país se generan más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año. El Ministerio de Ambiente ha
reconocido que menos del 20 % se recicla. En ciudades como Bogotá, el relleno sanitario Doña Juana recibe entre 6.000 y 7.000 toneladas diarias de basura. El sistema de gestión de residuos ya opera bajo presión estructural.
En ese escenario, la producción masiva de material electoral introduce una carga adicional de residuos plásticos de difícil aprovechamiento. Las lonas de PVC, por ejemplo, no son fácilmente reciclables en los sistemas convencionales. Su composición mixta y la presencia de tintas dificultan su reincorporación a cadenas productivas. En la práctica, muchas terminan en rellenos sanitarios o en disposición informal.
No existen todavía estudios oficiales que cuantifiquen cuántas toneladas de residuos genera una campaña electoral en Colombia. Y esa ausencia de datos es significativa: medimos casi todo en política —votos, financiación, encuestas—, pero no la huella ambiental de la competencia democrática.
La experiencia internacional permite dimensionar el fenómeno. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha documentado cómo los procesos electorales pueden generar incrementos significativos en residuos sólidos asociados a materiales de campaña. En algunos países, elecciones recientes han implicado la producción de miles de toneladas adicionales de desechos en pocas semanas. La Westminster Foundation for Democracy también ha advertido que los procesos electorales contemporáneos están incrementando la contaminación plástica debido al uso masivo de publicidad física de corta duración.
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Colombia no es una excepción. Basta recorrer cualquier ciudad en temporada electoral para ver árboles, postes, separadores y puentes convertidos en soportes de materiales sintéticos que, tras la elección, muchas veces quedan abandonados o son retirados sin un esquema claro de reutilización o reciclaje.
La Ley 140 de 1994 regula la publicidad exterior visual con el propósito explícito de proteger el paisaje, el espacio público y el medio ambiente. No es una norma estética; es una herramienta de gestión ambiental urbana. Sin embargo, cada ciclo electoral parece tensionar sus límites y su cumplimiento.
La contradicción es aún más profunda cuando se revisa el contenido de las campañas. Colombia es reconocida oficialmente como uno de los países más biodiversos del planeta, albergando cerca del 10 % de la biodiversidad mundial. Enfrenta retos críticos en deforestación, transición energética, adaptación al cambio climático y gestión de residuos. Organizaciones como WWF Colombia han insistido en que el país debe acelerar el cumplimiento de sus metas ambientales hacia 2030 si quiere mantener coherencia con sus compromisos climáticos.
Sin embargo, el ambiente rara vez ocupa el centro del debate electoral. Un antecedente revelador lo documentó Mongabay Latam en 2018, cuando 14 organizaciones ambientales analizaron los programas presidenciales de entonces y concluyeron que la mayoría incluía propuestas generales, sin metas claras ni cronogramas definidos en biodiversidad, agua o cambio climático. La crítica no era ideológica, sino técnica: el tema ambiental aparecía como capítulo accesorio, no como eje estructural.
La escena se repite con frecuencia. Abundan los pendones; escasean las propuestas detalladas sobre economía circular, reducción de residuos, restauración ecológica o planificación territorial sostenible. La campaña habla en grande sobre desarrollo, pero poco sobre cómo hacerlo compatible con los límites ecológicos.
La pregunta no es si la democracia necesita visibilidad. La necesita. La pregunta es qué tipo de visibilidad queremos en un país que enfrenta crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad. ¿Una que multiplique residuos cada cuatro años o una que dialogue con los desafíos ambientales reales?
Si hoy exigimos a las empresas reportes de sostenibilidad, huella de carbono y responsabilidad extendida del productor, ¿por qué no exigir algo similar a las campañas políticas? Podrían establecerse reportes obligatorios de huella material, planes de retiro y disposición final certificados, incentivos para materiales biodegradables o reutilizables. No se trata de restringir la participación democrática, sino de alinearla con el principio de sostenibilidad que la misma política suele invocar.
El paisaje también comunica. Una ciudad saturada de propaganda plástica transmite urgencia competitiva. Una ciudad donde la campaña respeta límites ambientales transmite coherencia institucional.
En tiempos de crisis ecológica, la democracia no puede seguir produciendo residuos como si fueran inevitables. Si la política quiere hablar de sostenibilidad, debe empezar por practicarla.
Porque el espacio público no es un tablero de competencia. Es un territorio compartido. Y el ambiente, a diferencia de los eslóganes, no se retira después de las elecciones.
*Periodista DIMAR
Por Diego Bula Salamanca*
