12 Aug 2021 - 2:03 a. m.

Aguas internacionales para afrontar la crisis económica del COVID-19

Según un estudio publicado por STRONG High Seas, Colombia es el cuarto país que genera mejores ingresos de la pesca que se lleva a cabo en aguas internacionales del Pacífico sudeste; pero, para poder mantener este ritmo, es urgente que a escala global se regule el uso de biodiversidad allí, donde ningún país tiene jurisdicción y puede haber riesgo de pérdida de naturaleza.

Valentina Molina Jiménez

Durante los últimos meses ha sido más frecuente escuchar el término “reactivación económica” como respuesta a las consecuencias que está dejando la emergencia del COVID-19. De hecho, el Gobierno colombiano ha dicho que, durante el 2021, le apostará a una economía que involucre el medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. Claro, siempre y cuando el desarrollo de las actividades o servicios a partir de la biodiversidad se realice de manera sostenible y con la preservación de dichos recursos. (Lea también: Fragmento del libro “Magdalena. Historia de Colombia” de Wade Davis)

En otras palabras, el Gobierno se ha comprometido con la bioeconomía, un concepto que no solamente acoge la economía verde sino la azul, que se refiere al potencial de los océanos y la biodiversidad marina. Como lo explica Marcelo Olivares, investigador y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (UCN), de Chile, “el océano genera importantes contribuciones al bienestar de la humanidad en la forma de servicios ecosistémicos, como lo son la pesca, la regulación climática, las actividades de recreación y las formas culturales propias de las comunidades que se desarrollan a partir de su relación con el mar”.

Olivares, junto a un grupo de académicos de la UCN y representantes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), en colaboración con la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), han trabajado para esta región desde el 2017 en el proyecto STRONG High Seas. Dicho proyecto tiene como objetivo fortalecer la gobernanza regional de los océanos para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ por sus siglas en inglés).

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Específicamente, las ABNJ son aquellas zonas marítimas que no le pertenecen a ningún país y son áreas comunes a disposición de todos (abarcan el 64 % de toda la superficie del océano).Para trazar su frontera con las aguas que sí están bajo jurisdicción nacional se ha establecido que las ABNJ son aquellas ubicadas más allá de 200 millas náuticas de las costas. “Estas áreas representan aproximadamente dos tercios del océano y albergan una gran biodiversidad, incluyendo especies que han evolucionado en condiciones extremas y que aún resultan desconocidas”, afirma Olivares.

En los últimos dos informes publicados por STRONG High Seas, proyecto coordinado a escala global por el Instituto para Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS), de Alemania, los investigadores se encargaron de estudiar la importancia socioeconómica de las ABNJ en dos lugares: las zonas del Atlántico sudeste —colindante a las costas de África occidental, central y sur— y el Pacífico sudeste —ubicado frente a las costas de Sudamérica—. En este último realizaron un informe titulado “Estudio sobre la importancia socioeconómica de las áreas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ) en el Pacífico sudeste, que menciona a países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Uno de los hallazgos más importantes que expusieron los investigadores de STRONG High Seas es que la pesca es una de las actividades que más genera ingresos en las áreas más allá de la jurisdicción nacional del Pacífico sudeste. Esta actividad provee para la producción y, sobre todo, para el consumo, generando cadenas productivas que benefician económicamente de manera directa o indirecta a la población de la región y otros países en forma de alimentos, empleos y el desarrollo de industrias complementarias.

Según cifras del informe, del total de ingresos generados por actividades pesqueras en ABNJ de estas zonas del Pacífico sudeste, China se queda con el 41 %, Ecuador con el 22 %, España con el 11 % y Colombia con el 7 %. Detrás de estos países participan otros con porcentajes menores de ingresos, como Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Corea del Sur. Luis Alonso Zapata, coordinador marino costero de WWF Colombia, advierte que esos beneficios pesqueros están sustentados especialmente en la captura de dos especies: el calamar pota y el atún. (Le sugerimos: Paola Andrea Arias, la colombiana que participó en el informe del IPCC)

Por otro lado, las ABNJ también son cruciales para las actividades pesqueras que tienen lugar en las aguas bajo jurisdicción de los países. Muchas de las especies que son capturadas en dichas aguas habitan, migran o dependen de las ABNJ. En este sentido, cualquier afectación a los ecosistemas y la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales tiene efectos inmediatos en las aguas administradas por los países y, por ende, en sus actividades pesqueras y las respectivas implicaciones sociales y económicas.

Además de la pesca, otras actividades tienen lugar en las ABNJ o dependen de ellas. Es el caso del transporte marino, los cables submarinos para las telecomunicaciones y la investigación científica en recursos genéticos para la elaboración de productos farmacéuticos, entre otros.Todos estos sectores dependen de los cinco tipos de servicios ecosistémicos que proveen las ABNJ y, cuando son aprovechados de manera sostenible, pueden beneficiar al sector económico sin afectar al medio ambiente. Entre estos están los servicios bióticos, de los que dependen la pesca; los servicios abióticos, relacionados con la disponibilidad de recursos mineros y otros materiales en el océano; los servicios de regulación, como por ejemplo, la regulación del clima y el almacenamiento de carbono; servicios de soporte, relacionados con su rol en la conservación de la biodiversidad, y los culturales, como el ocio, el turismo y la investigación.

Según Olivares, existe suficiente evidencia que demuestra que actividades como la pesca de especies migratorias o el transporte naviero en las ABNJ son rentables y favorecen a la economía; pero destaca que, para impulsar estas actividades, se deben tener cinco ítems específicos: avance tecnológico, dotación de capital y estructura económica de las industrias relacionadas, relaciones entre grupos de poder, desarrollo institucional y acceso a información al público.

Precisamente, para lograr este uso sostenible de la biodiversidad marina en las ABNJ, Olivares afirma que se debe “avanzar en un marco institucional, hoy en negociación ante Naciones Unidas, que permita avanzar en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las ABNJ”. Para el investigador, el objetivo principal es, entonces, que se puedan regular las actividades económicas en las zonas sin jurisdicción nacional, ya que, a diferencia de las áreas de los océanos que sí tienen una jurisdicción definida por los países, estas están desprotegidas. “No existe una gobernanza que resguarde su biodiversidad, la cual es fuente de vida en mar y tierra”, afirma.

En Colombia, por ejemplo, la importancia de la conservación y protección del medio ambiente por encima de la explotación de recursos para favorecer al sector económico ha sido un tema que forma parte de las agendas gubernamentales desde 1994. En ese año, gracias a la Ley 165, se introdujo el tratado internacional Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), cuyo objetivo principal es la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la participación equitativa y justa de los beneficios económicos que surjan de su aprovechamiento.

Asimismo, Luis Zapata, coordinador marino costero de WWF Colombia, aseguró que Colombia se sumó a la celebración del Decenio de las Ciencias Oceánicas, la cual se realizará a partir de este año hasta el 2030. Este Decenio fue propuesto por Naciones Unidas desde 2017 y busca promover el desarrollo sostenible del territorio marino costero del país.

La última apuesta del país hacia una economía sostenible que permita la reactivación económica fue lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el pasado 21 de abril. La resolución 0792 tiene como propósito apoyar con recursos financieros a todos los programas y proyectos que contribuyan a la reactivación económica a través del uso sostenible de los recursos naturales del país. Estos proyectos deben estar relacionados con alguna de las siguientes cinco líneas propuestas por Minciencias: biodiversidad y servicios ecosistémicos, Colombia biointeligente, Agro productivo y sostenible, biomasa y química verde, y salud y bienestar.

El reto: no solo preocuparse por lo ambiental, sino por lo social.

Olivares asegura que el aspecto social juega un papel fundamental para impulsar la economía azul. El experto señala que el rol que tienen las comunidades es igual de importante al de las entidades gubernamentales, pues son estas las que se verán beneficiadas o afectadas por las actividades económicas que se realicen en las áreas más allá de la jurisdicción nacional. “Se deben considerar las diversas voces, en particular las de las comunidades, en los procesos de diseño e implementación de medidas de conservación, considerar sus intereses y bienestar, el cual depende de los servicios ecosistémicos que provee un océano sano”.

Por lo tanto, no se puede pensar en una economía azul que beneficie al sector económico ni que sea rentable a largo plazo sin la participación de las comunidades o la implementación de una gobernanza regional a favor de la conservación y regulación de la biodiversidad marina en las ABNJ. De hecho, para Olivares, “en el futuro próximo lo más rentable será poder detener la pérdida de biodiversidad y con ello la amenaza sobre los medios de vida de las personas y el clima”. El reto para los gobiernos es, entonces, no dejar de lado el aspecto social, ambiental o económico a la hora de aprovechar los recursos marinos en el marco de una recuperación económica pospandemia en armonía con la naturaleza y las personas.

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