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En Colombia y en muchos países, hemos vivido de espaldas al mar durante años. Esto significa ignorar casi la mitad de nuestro territorio nacional, una vasta jurisdicción marítima y cientos de kilómetros de costa que albergan una riqueza natural y cultural inmensa. Es momento de dejar de ver la montaña y el mar como polos opuestos y empezar a integrarlos como parte de una misma visión de país.
Así como hemos avanzado en la restauración de cuencas y ecosistemas de montaña, ahora debemos ampliar esa lógica hacia nuestros océanos. La economía azul propone justamente eso: aprovechar de manera sostenible los recursos marinos para generar oportunidades sociales y económicas, sin perder de vista la conservación de los ecosistemas. El desarrollo sostenible exige que lo que ocurre en las montañas y lo que sucede en los mares formen parte de un mismo sistema, donde las ventajas de cada uno se combinan y generan sinergias.
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Este cambio de perspectiva ya está en marcha. En los últimos cinco años, desde la Fundación Grupo Argos y junto a aliados públicos y privados, hemos sembrado más de un millón de mangles, impactando de manera positiva 250 hectáreas de ecosistemas costeros en Atlántico, Bolívar y Sucre. Estos esfuerzos no sólo mejoran la salud de los ecosistemas y ayudan a la adaptación al cambio climático, sino que también tienen un propósito productivo: proteger la costa, mejorar la pesca y promover un turismo de naturaleza más responsable, todo en beneficio de las comunidades locales, generando así una economía basada en la conservación.
En la isla de Barú, Cartagena, hemos trabajado bajo el concepto de economía azul, que según la OCDE implica el uso sostenible de los recursos oceánicos para generar crecimiento económico, mejorar los medios de vida y crear empleo, preservando la salud de los ecosistemas. La Fundación, en el marco del proyecto de Barú, entiende este concepto como la generación de oportunidades económicas para la gente que habita el territorio a partir de procesos de conservación de ecosistemas marino-costeros. Es así como, junto a la Fundación Santo Domingo y las comunidades locales, hemos desarrollado una agenda común para implementar soluciones basadas en la naturaleza y lograr que el territorio crezca de manera sostenible mirando hacia el mar.
La urgencia es real. En Barú, hemos levantado una línea de base de la biodiversidad terrestre y marina, en esta última incluimos entre otras variables la bioacústica, siendo una experiencia única en el país para monitorear los ecosistemas marinos, ya que entendemos que la complejidad sonora es indicador clave de la salud de los ecosistemas. Los resultados de este estudio son preocupantes: se ha perdido el 80 % de la cobertura coralina, la población de peces es 50 % inferior a islas similares en el Caribe y los manglares enfrentan amenazas importantes.
Estos ecosistemas son fundamentales, no solo porque protegen las costas y sirven de criaderos para peces, sino porque capturan carbono y actúan como barreras naturales contra tormentas, además de ser clave para la pesca y el turismo.
Con el propósito de consolidar soluciones de impacto, en Barú hemos sembrado más de 77.000 plántulas de manglar, hemos abierto canales para el flujo de agua y habilitado la conservación de 192 hectáreas costeras. Además, en otras zonas como en la ciénaga de Mallorquín, Barranquilla, sembramos 70.000 plántulas de mangle rojo, que serán monitoreadas durante un año para garantizar su subsistencia. Estas acciones las realizamos con viveros comunitarios que generan alrededor de 234 empleos que han permitido convertir el cuidado del medio ambiente en una oportunidad de crecimiento económico.
La innovación y el turismo responsable también juegan un papel clave; junto con la comunidad, hemos apoyado el establecimiento de guarderías de coral que cultivan fragmentos para su trasplante al arrecife e impulsando negocios verdes liderados por organizaciones locales. Desde 2016, estas estrategias han generado empleos verdes, formación técnica y educación ambiental, transformando la conservación en una carrera técnica con futuro para la comunidad.
Acelerar la economía azul es estratégico. Los manglares almacenan entre tres y cinco veces más carbono por hectárea que los bosques terrestres, protegen la línea de costa y sostienen cadenas pesqueras saludables. Según la OCDE, más de 100 millones de empleos en el mundo dependen ya de la economía oceánica, donde destacan el turismo costero, los servicios portuarios, la logística y las soluciones basadas en la naturaleza. El capital internacional busca proyectos que armonicen la conservación con la generación de valor económico y social.
A nivel global, la economía azul representa entre el 3,5 % y el 7 % del PIB mundial y genera al menos 31 millones de empleos directos a tiempo completo, según la FAO. El océano cubre el 71% de la superficie de la tierra, produce el 50 % del oxígeno que respiramos y absorbe una cuarta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono. En América Latina y el Caribe, más del 27 % de la población vive en las costas y más de dos millones de personas trabajan directa o indirectamente en la actividad pesquera. Sin embargo, solo se aprovecha cerca del 10 % del potencial marino, lo que evidencia el reto y la oportunidad de avanzar hacia una economía azul que combine desarrollo, equidad y conservación.
La economía azul es, en definitiva, una apuesta por el futuro, por el valor compartido y por la resiliencia de nuestras comunidades y ecosistemas. Colombia tiene todo para ser líder regional en este camino, siempre que logremos articular esfuerzos públicos, privados y comunitarios, y pongamos al mar en el centro de nuestra visión de país.
*Directora de la Fundación Grupo Argos
Por María Camila Villegas*
