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Desde el departamento del Caquetá, en el sur del país, Heidy Oliveros, una joven campesina y lideresa local, vive en una vereda que simboliza productividad y la coexistencia de los cultivos de cacao con los ecosistemas de la zona.
“Cuando uno está allá, siente una tranquilidad impresionante, pues hay árboles, micos y otras formas de vida”, relata Heidy, entre risas, mientras muestra una serie de productos a base de cacao creados y distribuidos por la Asociación Orgánica Agrícola de Cacaoteros de San José del Fragua. “Como grupo de productores hemos trabajado para crear un espacio de aprendizaje para la generación de sistemas agroforestales”. Este tipo de modelo busca una producción sostenible en la que se conservan árboles nativos o frutales en el cultivo, cuidando la biodiversidad del ecosistema.
En contexto: ¿Cómo la cooperación está transformando la sostenibilidad del campo colombiano?
Esta apuesta, que ya realiza la comercialización de productos orgánicos que se venden en una tienda virtual con alcance en todo el país, ha sido una de las iniciativas apoyadas en los últimos cinco años por un proyecto de cooperación internacional que busca mejorar la sostenibilidad y la competitividad en el campo colombiano.
Con el nombre de Innovación en Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS Global+), se trata de una apuesta de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), con financiación del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en colaboración con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se enfocó en cinco cadenas clave del agro del país: café, cacao, palma de aceite, caucho natural y banano.
“El objetivo era aumentar la sostenibilidad de las cadenas agrícolas, así como promover la inclusión socioeconómica de poblaciones rurales y otros aspectos que ya están transformando el campo, para que Colombia, con su gran oferta, pueda acceder cada vez más a los mercados globales, en particular al europeo”, precisa Sabine Triemer, coordinadora del proyecto INCAS Global+.
Los resultados de este proyecto, que fueron presentados este 1 de julio en un evento en Bogotá, se pueden dimensionar a través de varias cifras. Por ejemplo, se registró que las diferentes acciones del proyecto permitieron un incremento promedio de más del 200% en los ingresos de los productores participantes y una mejora del 35 % en la productividad.
En total, la estrategia se desplegó en cerca de 10.000 unidades productivas participantes, con mejoras en las condiciones laborales de 13.000 personas, de las cuales casi el 50 % son mujeres y el 34 % jóvenes.
Por su parte, en términos de protección ambiental, se logró establecer más de 36.000 hectáreas en producción sostenible y aproximadamente 31.000 hectáreas de bosques protegidos. Además, en los sectores bananero, cafetero y cacaotero se establecieron corredores biológicos para proteger especies amenazadas, como el jaguar y aves nativas como el currucutú amazónico.
“La sostenibilidad no es un concepto abstracto, se expresa en productores que mejoran sus ingresos, en ecosistemas conservados y en cadenas de valor que cumplen con estándares internacionales”, expresó Julián Ramírez, asesor de APC Colombia, durante el evento de cierre del proyecto.
¿Cómo cambiar la forma en que producimos?
La génesis de este proyecto, que se desplegó desde 2021 en Colombia, surge como respuesta a cambios regulatorios en la Unión Europea y en Alemania para la importación de productos y los estándares de producción en las cadenas de suministro de compañías alemanas. Se trata de varias normativas, como el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación - EUDR, así como la normativa de Debida Diligencia, - CSDDD que exige a las empresas que operan en el país teutón identificar, prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales a lo largo de toda su cadena.
Lo cierto es que las relaciones comerciales entre Alemania y Colombia no se pueden ignorar. Por ejemplo, este país europeo tiene una de las mayores industrias tostadoras de café del mundo, que es uno de los principales productos que exporta el país latinoamericano.
Como lo señalaron varios productores colombianos durante el evento, a pesar de que la normativa es clara en sus requerimientos, su implementación requería un despliegue en territorio para establecer sistemas de información y de trazabilidad, así como asistencia para demostrar sus requerimientos. De esta manera, el objetivo del proyecto era apoyar la implementación de estas normativas en el país, para asegurar su cumplimiento.
Como sostiene Ángela Guevara, funcionaria de la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Agricultura, es necesario “transformar la forma en que se produce, pues sigue siendo un reto atender los estándares de calidad y los requisitos de la Unión Europea. Uno de los avances que deja el proyecto es la implementación de aspectos que no venían siendo muy tenidos en cuenta, como la agricultura regenerativa y la generación de bioinsumos, entre otros, que eran necesidades imperantes en el sector”.
“Algo que vale destacar sobre esta estrategia, que llega en un momento en el que el flujo de recursos de este tipo en el mundo ha ido disminuyendo, es que la cooperación alemana ha sido muy coherente en integrar esa visión internacional con los diferentes actores locales y sentar las bases para que en Colombia diversos actores se articulen para mirar temas como
la internacionalización de productos”, aseguró Marcela Gaviria, directora de Alianzas y Proyectos de la Federación Nacional de Cafeteros.
Los cambios en las diferentes cadenas
Uno de los principales cambios que se han visto en el campo ha sido la conjugación de las actividades productivas en el agro con la protección de ecosistemas. Por ejemplo, entre los hitos que deja el proyecto está la obtención de sellos otorgados por la Forest Stewardship Council (FSC). En particular, se destaca la obtención de esta certificación por un resguardo indígena, que representa el primero de su tipo a nivel mundial para cultivos de caucho natural.
“Nosotros tenemos una historia milenaria con este tipo de producción, pero antes no se conservaba el ambiente; simplemente eliminábamos las cortezas de los árboles para su extracción. Pero a través de las capacitaciones que recibimos, aumentamos la producción y conservamos nuestra cultura, así como los ecosistemas”, cuenta José García, autoridad del resguardo indígena Nasa Kiwe.
Este cuidado de los ecosistemas también se vio en otras cadenas, en particular en el caso del sector bananero y el cuidado de los recursos hídricos. Daniela Lobos Ríos, subdirectora regional de Urabá de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), asegura que esto se logró a través de capacitaciones y procesos de tecnificación para avanzar hacia un uso eficiente del agua, reducción de emisiones y otras herramientas para mejorar la toma de decisiones.
“Un tema central también fue entender que la adaptación al cambio climático no depende de cada productor como un hecho aislado, sino de la articulación de todos los actores de la misma cuenca, y ese es uno de los principales legados del proyecto en el sector”, precisa Lobos.
En el caso de la cadena del cacao, se avanzó en la creación de la Mesa Nacional de Trazabilidad, que es una plataforma de articulación multiactor que tiene como objetivo abordar temas de trazabilidad, sostenibilidad y cumplimiento de normativas internacionales, como el Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación (EUDR).
“Además de los componentes técnicos, la mesa fortaleció la gobernanza de la cadena. Hemos desarrollado lineamientos técnicos, generado información y herramientas para el sector, así como instrumentos para promover la legalidad. También consolidamos un centro de información sobre el EUDR, donde es posible consultar información sobre trazabilidad y análisis de cambios en la cobertura del suelo. Todo esto se articula a través de una mesa que hoy genera y comparte información muy valiosa para el sector”, indicó Annie Zamora, líder en Buenas Prácticas Agrícolas de Fedecacao.
Por otra parte, en el caso de la cadena de palma de aceite en Colombia, se impulsó un sistema de monitoreo satelital, implementado como un plan piloto en el marco del proyecto INCAS Global+ en Bolívar y Casanare, pero que ahora cubre el 90 % de la producción nacional para garantizar cero deforestación.
“Esto respondía a la necesidad de contar con información verificable de que los cultivos de aceite de palma se desarrollan bajo principios de sostenibilidad. Ahora tenemos un sistema que cubre más de 18 millones de hectáreas con información de valor relacionada con la gestión del riesgo, la trazabilidad, la transparencia y la sostenibilidad. Todo esto nos permite cumplir con los requerimientos internacionales”, detalló Viviana Centenaro, coordinadora de asuntos internacionales de Fedepalma.
A estos resultados se suman otros impactos en la productividad y competitividad de las cadenas agrícolas. El uso de biofábricas e insumos orgánicos permitió reducir la dependencia de fertilizantes químicos y disminuir costos de producción. Al mismo tiempo, el proyecto impulsó la comercialización de productos con mayor valor agregado, como cafés diferenciados, chocolates finos y caucho certificado, mientras fortaleció las capacidades técnicas de los productores para enfrentar la volatilidad de los mercados y los efectos del cambio climático.
Finalmente, el proyecto también realizó acciones para cerrar las brechas de género en los diferentes sectores. Se implementaron, por ejemplo, las primeras estrategias sectoriales de este tipo en gremios como Fedepalma y Fedecacao, en los que las mujeres asumieron roles de liderazgo comercial y técnico.
“El proyecto buscó fortalecer capacidades y articular iniciativas para asegurar el respeto por los derechos humanos y la biodiversidad, y que permita que estas sean reconocidas comercialmente y lleguen con mayor certeza al mercado europeo”, sintetiza David Mozzo, co-coordinador del proyecto INCAS Global+ en la GIZ.
Aunque los avances muestran que es posible producir con estándares cada vez más exigentes, el reto ahora será llevar esas experiencias más allá de los proyectos piloto y convertirlas en prácticas habituales en todo el sector agropecuario. A ello se suman desafíos como evitar que las nuevas exigencias internacionales se traduzcan en una carga burocrática para los pequeños productores, armonizar las metodologías de análisis de datos entre empresas, compradores y gobiernos, y seguir reduciendo la informalidad laboral que persiste en buena parte del campo colombiano.